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El diputado nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera presentó un proyecto de ley para prohibir la discriminación por edad en los llamados laborales. La iniciativa tiene como objetivo "paliar los efectos derivados del impacto de la edad en el empleo", sobre todo en casos de trabajadores extremos etarios, como los mayores de 40 y los más jóvenes. Buscará "propender a la eliminación de cualquier ámbito de discriminación que fomente la selección de las personas por su edad, y no en función de su capacidad, idoneidad para la tarea, experiencia, estudios y capacitación previa".
En la exposición de motivos, el proyecto -que ingresó a comisión- señala que a partir de una verificación aleatoria de los llamados y ofertas laborales para puestos de trabajo entre el 2018 y 2019, tanto en el ámbito público como privado, se constató la existencia de límites fundados en la edad como requisito excluyente, con un tope hasta los 35 o 36 años. Lo mismo sucede con el "límite inferior de edad". También recuerda que en Estados Unidos, desde 1967 la discriminación por edad en el empleo es ilegal.
"En Uruguay se ha legislado para muchas minorías, donde se ha generado discriminación positiva, y nos hemos olvidado de una gran mayoría, que es la gente que por su edad no accede a un empleo. La edad no es un factor para generar diferencias, y menos en lo laboral", dijo Olivera a El Observador. Añadió que en Uruguay, "el Estado es el que más discrimina", ya que la mayoría de los llamados públicos apuntan a personas de hasta 35 años.
El artículo tres del proyecto indica que una persona que se sienta "lesionada" por incumplimiento de la ley, estará habilitada a realizar la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Ministerio de Trabajo, que tendrán por cometido controlar el cumplimiento y sancionar.
Las únicas excepciones a la prohibición serán las situaciones justificadas "estrictamente al amparo del principio de razonabilidad" o que refieran a políticas "afirmativas tendientes a mejorar las condiciones de acceso a otros grupos vulnerables", señala el proyecto, que se presentó el 15 de julio.
Por Juan Pablo De Marco
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