11 de noviembre de 2017 5:00 hs
Por Fabiana Culshaw, especial para El Observador

En su más reciente informe, conocido como "La represión en cifras", el Foro Penal contabilizó desde abril más de 5.300 detenciones arbitrarias, un centenar de las cuales con orden de libertad bajo fianza y 401 presos políticos.

Esta organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, envía con regularidad la lista de los nombres de los "presos de conciencia" a la Organización de Estados Americanos (OEA) para su certificación.

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Su propósito es que los organismos internacionales determinen que los funcionarios del gobierno venezolano cometieron crímenes de lesa humanidad para elevar los antecedentes a la Corte Penal Internacional de la Haya.

Recientemente, el gobierno liberó a 24 personas, pero el descenso de las cifras no es demasiado significativo, ya que, paralelamente a la adopción de esa medida, se realizaron nuevos arrestos.
El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, comentó que las autoridades deciden
excarcelaciones "según la situación política y social del momento", pero que no dejan de realizar más detenciones.

Una larga lista

En la lista de presos políticos, aparecen fundamentalmente dirigentes políticos, líderes estudiantiles, militares disidentes y algunos empresarios.

El Foro Penal también informó cómo familiares de dirigentes opositores fueron perseguidos e incluso mantenidos contra su voluntad en la cárcel de El Helicoide en Caracas.

Ante ese panorama, algunos ciudadanos se vieron obligados a salir del país. Por ejemplo, de doce alcaldes destituidos, seis se hallan en el exilio y cuatro permanecen en prisión.

Ante los organismos internacionales también se está presentando todo tipo de casos de violación de derechos humanos, entre los que se incluyen asesinatos atribuidos a la Guardia Nacional durante las protestas populares ocurridas en el país caribeño.

Por su parte, el gobierno afirma que no hay presos políticos en el país y que en todos los casos señalados hubo algún tipo de delito común, en proceso de investigación.

Otro argumento es que las autoridades actuaron para "salvaguardar" el orden público.

A su turno, el director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, dijo a El Observador que varios sectores de la sociedad, sobre todo los periodistas, están investigando.

"A veces en el país y otras desde el exterior, porque investigar sobre cómo una sociedad pudo llegar a esta crisis es un tema sensible para un gobierno que quiere minimizar lo que ocurre o mostrar solo su versión de los hechos", opinó.

Entre los presos políticos cuyos nombres fueron divulgados por el Foro Penal –y detenidos en 2014– aparecen el mayor de la Fuerza Aérea, César Orta; el militar Gregory Neri Córdoba; el capitán Andrés Thompson; el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos; el empresario Chamei Akl; y el periodista Víctor Ugas.

Algunos de los detenidos en 2015 fueron el teniente y el piloto de la Fuerza Aérea, Peter Moreno y Luis Lugo; el teniente Carlos Esqueda, y el general de división, Edgar Bolívar Ramírez.

Entre las detenciones ocurridas en 2016 aparecen los nombres del líder indígena Humberto Yusuino, los líderes estudiantiles Danny Abreu y Jeremy Bastardo y Yon Goicoechea, dirigente político del partido opositor Voluntad Popular (este último fue liberado el pasado 4 de noviembre).

En las protestas

El pico más alto de detenciones ocurrió durante la oleada de protestas que reclamaban la salida del poder del presidente Nicolás Maduro entre abril y julio.

En ese período, el número de presos políticos superó los 600, según el Foro Penal.

De manera coincidente, todos los detenidos afirman no haber cometido delito alguno, sino que ejercieron el libre derecho de expresar sus disidencias o manifestar en forma pacífica en las calles.

Algunos dijeron que se negaron a declarar en contra de otras personas señaladas por el gobierno, y que por esa razón fueron detenidos.

Estos son solo algunos ejemplos, entre los cuales debe mencionarse a Leopoldo López, líder de la oposición, que fue detenido en 2014 y permanece bajo arresto domiciliario.

La pelea de las familias

También continúa preso Raúl Emilio Baduel, un militar cercano al difunto expresidente Hugo Chávez, al que detuvieron por primera vez en 2009, acusado de cometer delitos contra la "integridad de la nación".

Por su parte, un familiar de uno de los estudiantes presos comentó a El Observador que los jóvenes "tenían esperanzas" de quedar en libertad cuando López fue trasladado a su casa hace algunas semanas y también cuando comenzaron las conversaciones entre el gobierno y la oposición con la mediación de República Dominicana, las que luego no prosperaron.

En este momento, la pelea de las familias de los detenidos por cuestiones políticas apunta a mostrar a la región y el mundo el sufrimiento y las arbitrariedades que padecen quienes están tras las rejas solo por pensar en forma diferente al régimen chavista.

5.300

Detenciones arbitrarias fueron contabilizadas por el Foro Penal, 100 de las cuales con orden de libertad bajo fianza; además, hay 401 presos políticos.

Testimonios contundentes

En las audiencias realizadas en el pasado mes de octubre en la Organización de Estados Americanos (OEA), tomó la palabra Rosa Orozco, madre de la joven Geraldin Moreno, que fue asesinada por la Guardia Nacional durante las protestas del año 2014.

Según declaró lamujer, 24 militares entraron en motos disparando a quemarropa en la urbanización donde vivían; dos de ellos están presos y el resto continúa en sus cargos, o fue ascendido.

En tanto, Doris de Coello, madre del exiliado político Marcos Coello, detalló en dichas sesiones que el gobierno del presidente Nicolás Maduro involucró a su hijo en actos violentos durante las manifestaciones de 2014.

"No tienen pruebas, está preso desde ese año y lo han sometido a torturas", señaló.

También participó, desde Canadá, la exjueza de la zona metropolitana de Caracas, Ralenis Tovar, quien dijo haber firmado la orden de aprehensión en contra del dirigente opositor Leopoldo López en febrero de 2014, bajo amenaza de ser llevada a prisión si no lo hacía. Finalmente, huyó del país.

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