En agosto de 2021 los tres senadores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto de ley para consagrar que los procesados o condenados mayores de 65 años fueran a cumplir en forma preceptiva prisión en sus domicilios. Se trató de una iniciativa que en esos meses generó una intensa polvareda política, debido a que, de prosperar, terminaría beneficiando directamente a los exmilitares y policías a los que la Justicia tipificó como responsables de delitos vinculados al terrorismo de Estado.
El proyecto estuvo en la primera plana de la discusión parlamentaria hasta finales del año pasado. Desde entonces perdió fuelle. La última mención al tema en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado (en donde está el texto) fue el 26 de abril pasado. Ese día llegó un nota del canciller Francisco Bustillo exhibiendo la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el proyecto.
Con la Rendición de Cuentas copando la agenda y con otros temas de importancia (como el próximo ingreso del proyecto sobre la reforma jubilatoria) la iniciativa de los cabildantes aparece sepultada y ni siquiera integra ya la lista de prioridades legislativas del oficialismo.
Los liderados por Guido Manini Ríos aspiran a obtener, antes de fin de año, una definición. Ya sea a favor o en contra. De todas formas, admiten que hasta eso será muy difícil. "Queremos resolver este problema ya, pero en política la ansiedad es mala consejera", le dijo a El Observador el senador Guillermo Domenech. Más allá de que para ellos constituye una prioridad, el legislador explicó que su formación "no puede precipitar" una definición del resto de la coalición en ese sentido. "Es muy difícil", expresó.
Una propuesta del Partido Nacional (que pretendía limar las aristas más polémicas del proyecto) no ha pasado aún de un borrador. Así se lo dijo a El Observador la senadora Carmen Asiaín que remarcó que, con todo, ni siquiera ese bosquejo de proyecto es prioritario. "Por lo menos, no a nivel parlamentario", sostuvo.
El texto de los blancos otorgaría la prisión domiciliaria como un modo alternativo de cumplimiento de la pena a los adultos mayores 70 años; los adultos mayores de 65 años que padezcan graves problemas de salud o discapacidad; las mujeres embarazadas con problemas de salud; las madres que tengan hijos menores de cinco años a cargo; y las madres que tengan a cargo hijos de entre cinco y diez años con problemas de salud o discapacidad grave. Asiaín explicó que el motivo de esta alternativa es para evitar que los niños vayan al INAU –una vez separados de sus madres– a pagar por delitos que no cometieron.
En todos los casos, se exigiría el informe de peritos médicos que justifiquen que la persona no puede cumplir la pena en las condiciones carcelarias, y será decisión del juez brindar este beneficio o no. El recurso no sería aplicable para los casos de condenas por delitos sexuales, violencia doméstica, narcotráfico o delitos de lesa humanidad.
A todo esto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó nuevamente su inquietud ante la eventual aprobación de un proyecto de ley que otorgaría la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. El organismo advirtió que, de promulgarse, “buena parte, si no todos” los acusados por diversas acciones de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad “quedarían en una situación de casi total impunidad”.
La advertencia formó parte de las recomendaciones y observaciones finales que el organismo internacional realizó este martes a Uruguay en Ginebra, en el que presentó los resultados sobre la revisión que su Comité de Desapariciones Forzadas realizó sobre el país.
Se trata de una nueva advertencia del organismo. En noviembre del año pasado había señalado mediante una carta a Cancillería las consecuencias de la aprobación de una ley de este tipo que, afirmó, sería “contraria al derecho internacional”, violaría diversas convenciones firmadas por Uruguay y terminaría beneficiando a un grupo de responsables de delitos de lesa humanidad.
El "borrador" nacionalista, se anticipa, también será fuente de discusión. Consultado por El Observador, Domenech adelantó que su formación discrepa en algunos aspectos, pero eludió expresarlos. Un pronunciamiento anticipado, señaló, complicará seguramente la negociación. "A veces lo mejor es enemigo de lo bueno", se limitó a expresar.
Domenech aprovechó para cuestionar el nuevo pronunciamiento de ONU. "La prisión domiciliaria no constituye ni una amnistía ni ningún perdón", afirmó, para pasar a criticar la "ligereza" con la que opinan algunos organismos internacionales. El senador cabildante volvió a su vez sobre una premisa sostenida hace tiempo por su partido: es "discutible" si los que fueron procesados o condenados por delitos de lesa humanidad lo fueron correctamente.
La postura de Cabildo Abierto es que es un delito que no existía al momento de cometerse los hechos de referencia, lo cual contraría cualquier principio del derecho penal.
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