Privados reeditan lucha portuaria y esperan que el próximo gobierno cambie el rol de la ANP

Las principales operadoras portuarias son Montecon y Terminal Cuenca del Plata (TCP). La primera trabaja en áreas públicas concedidas por la ANP. La segunda (propiedad mayoritaria de la multinacional belga Katoen Natie con participación del Estado) es la única terminal especializada en contenedores. La batalla entre ambas por tener el mayor volumen de actividad se arrastra desde más de una década. Montecon ha solicitado durante muchos años que la ANP le autorice la compra de grúas pórtico (equipos necesarios para un mejor manejo de contenedores) y con ellas trabajar en los espacios que utiliza.

La pretensión siempre chocó con la negativa de TCP que posee esa maquinaria en su terminal especializada. Una razón es que si se autorizan pórticos a Montecon se establecería una competencia —no prevista en el contrato de concesión— porque podría prestar los mismos servicios. Otra que desembolsó una importante cantidad de dinero para ganar la licitación de la terminal y poder contar con esas grúas especiales.

La intensidad en los reclamos de las compañías ha fluctuado en los últimos años. Pero la proximidad de la asunción de un nuevo gobierno las alienta a volver a cargar las baterías.

El gerente general de Monteceon, Juan Olascoaga, señaló a El Observador que la ANP tiene la necesidad de revisar nuevamente el equipamiento portuario que permite. “La forma que tiene el puerto para ser más atractivo es bajando los costos y la manera para hacerlo es con una mejora de la productividad”, dijo. Explicó que el muelle C actualmente está subutilizado y para optimizar la actividad allí serían necesarias al menos dos grúas pórtico. Y la empresa mantiene su disposición de invertir en la maquinaria. “Montecon está abierta a lo que el gobierno plantee; hay que permitirle al que puede invertir lo que haga”, sostuvo.

Fernando Pena

Para Olascoaga será fundamental que el próximo gobierno, sea del partido que sea, establezca una mesa de diálogo con todos los interlocutores de la actividad portuaria. Otro aspecto que debe definirse es el rol de la nueva ANP. “Hay que plantear cuál será su gobernanza. No puede seguir siendo juez y parte, regulador y socia de TCP”, afirmó.

En el otro bando, los ánimos no están calmos. La semana pasada Katoen Natie envió un documento al presidente Tabaré Vázquez solicitándole que el gobierno revea acciones llevadas a cabo en los últimos años por fuera de normativas vigentes. Básicamente, el reclamo pasa por permitir que Montecon, a través de concesiones de la ANP, opere como una terminal de contenedores en los muelles públicos del puerto, algo que perjudica la operativa de TCP. En el documento insta al gobierno a modificar esa situación en un plazo de seis meses; en caso contrario iniciará una demanda internacional al Estado por violar el tratado de protección de inversiones entre Bélgica, Luxemburgo y Uruguay.   

El gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, dijo a El Observador que “el gobierno necesita tener credibilidad en política portuaria y reglas de juego claras y la ANP debe actuar en función de la normativa vigente”.

La multinacional afirma que la ANP no puede otorgarle espacios públicos a Montecon como lo hace. Para fundamentarlo toma como referencia a la Ley de Puertos. Menciona tres artículos en los que se establece que el organismo solo podrá otorgar a los privados infraestructura portuaria exclusivamente bajo tres modalidades: concesión, permiso o autorización.

“Hace 10 años que no logramos entender cuál es el instrumento formal por el cual la ANP le otorga un espacio a Montecon”, expuso Correa. “Dice que es por almacenaje. ¿Pero qué es? ¿Una resolución, un trámite administrativo? Nadie sabe qué es. Porque no existe, porque se lo dan de hecho” complementó. Por eso, indicó que “la actuación de la ANP debe ser bajo la normativa u no apartada de ella como sucede ahora en materia de contenedores”.

La concesión de TCP vence en 2013. Hasta junio de este año, Katoen Natie mantuvo negociaciones con el gobierno para pactar una extensión. Sin embargo, el intercambio no tuvo el resultado deseado. Y ahora la postura de la multinacional es otra. Primero quiere solucionar la controversia planteada a Vázquez. “El diferendo no se arregla con más años de concesión. Eso se discutirá después, pero no como moneda de cambio”, dijo Correa.

En el contrato de concesión hay una cláusula que establece que TCP debe movilizar un volumen mínimo de contenedores al año. Si por tres años consecutivos no lo alcanza la concesión puede ser rescindida por el gobierno. Katoen Natie sostiene que la actividad de Montecon como una segunda terminal de contenedores con las autorizaciones de la ANP le hace perder volumen de carga y por eso enfrenta un posible riesgo de pérdida de la concesión.

Sin embargo, desde el bando opuesto Montecon asegura que trabaja en inferioridad de condiciones frente a TCP. Y entonces, si cae la concesión la compañía está dispuesta a participar en una licitación para manejar la terminal.

“Cada proyecto que presenta Montecon tiene una respuesta negativa. Entonces al menos queremos participar de un proceso licitatorio de TCP si caduca la concesión”, indicó Olascoaga. “Si se nos permitiera competir normalmente, no tengo inconveniente en que el gobierno le renueve. Pero no competimos en igualdad de condiciones porque no somos una terminal especializada, por eso se quiere invertir en equipamiento”, sostuvo.