Problema del Perú

“No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la Justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”, escribió el presidente incaico Martín Vizcarra a pocas horas del pedido asilo de García.

Con los hechos consumados Uruguay debe tomar una decisión que sea cual sea dividirá las aguas. Es cierto y un activo positivo del Uruguay la larga tradición de política de asilo para políticos perseguidos en otras latitudes. La solicitud de asilo en embajadas ha permitido salvar vidas y proteger de la cárcel arbitraria a cientos de personas. No parece ser el caso que le explota en la cara al gobierno uruguayo con el ingreso del expresidente García a la embajada oriental en Lima.
El excanciller Didier Opertti indicó que la decisión del gobierno, que aceptó dar trámite a la solicitud de García mientras espera información del Perú, responde a una política de Estado. “Veo que hay una continuidad porque en esto no se puede andar cambiando de posiciones”, declaró fijando posición con la que concuerdan muchos uruguayos.

García no es un perseguido político en Perú. Eso es un dato de la realidad. Basta conversar con cualquier analista peruano como leer su prensa seria para corroborarlo. Una cosa es utilizar la noble herramienta del asilo político para proteger la libertad y otra muy distinta es usarla para que alguien escape de la Justicia. 

En Perú la democracia se ha ido consolidando. Pese a dificultades, marchas y contramarchas hoy en el país del Pacífico la democracia funciona, existe la separación de poderes y presidentes y expresidentes deben hacerse cargo de sus acciones dolosas. Es el caso de Alberto Fujimori, de Pedro Pablo Kuczynski, de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo, que debieron enfrentar procesos judiciales con todas las garantías. 

Es oportuno recordar el sabio artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que: 1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Difícil de encontrar argumentos para creer que García es un perseguido político. Se citarán bibliotecas para intentar justificar su pedido de asilo, el tema se politizará y Uruguay deberá estar a la altura de las circunstancias de respeto a esta herramienta. Utilizarla para darle protección sería otra cuenca más del rosario de errores cometidos por la cancillería. 
Cuando en 2012 Uruguay votó suspender a Paraguay del Mercosur, se patentó la tristemente célebre frase “lo `político por encima de lo jurídico”. Es de esperar que en este caso no vuelva a aplicarse y que nadie se salga con la suya utilizando al Uruguay.