El presidente Mujica y el FA han tenido una relación tempestuosa con la Corte
Lo político está por encima de lo jurídico”, dijo el presidente José Mujica en julio de 2012 para explicar las razones que llevaron al Mercosur a suspender a Paraguay de la alianza continental y a abrirle las puertas a Venezuela.
Ese concepto que aplicó a las relaciones internacionales, Mujica –y en ocasiones buena parte del Frente Amplio- lo expuso varias veces dentro de fronteras acaso no con las mismas palabras pero con hechos y dichos lo han enfrentado al Poder Judicial.
El último episodio está representado por la protesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras las gestiones realizadas por el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, con el objetivo de lograr la prisión domiciliaria para los militares presos en la cárcel de Domingo Arena. Los contactos, impulsados por el presidente Mujica, fueron criticados por comprometer “el necesario respeto institucional en el sistema democrático” a través de una carta firmada por los ministros del SCJ, según informó Búsqueda el jueves 18.
Por estas horas, Mujica también se enfrenta a los funcionarios judiciales por el ajuste salarial que estos vienen reclamando (ver página 3), “Los judiciales no están pasando hambre. Ganan bien y viven bien, no tienen urgencias para comer”, afirmó el presidente en su audición de M24.
Pero ya desde el inicio de su gestión el actual gobierno tuvo choques variados con los encargados de impartir justicia en el país. Incluso, desde el sector del presidente se ha hablado de instalar un “tribunal constitucional”, paralelo a la Suprema Corte, para que se expida acerca de la constitucionalidad de las leyes.
Choques
A mediados de 2011 el oficialismo planteó al Parlamento, a través de la Rendición de Cuentas, discutir el alcance de la independencia técnica de los fiscales. “¿Cuál debería ser el contenido y el alcance del concepto de ‘independencia técnica’ de los principales actores relevantes?”, se preguntaba en el escrito. Desde la oposición el rechazo no se hizo esperar. “Es subordinar el sistema judicial al Poder Ejecutivo, directa o indirectamente”, dijo el diputado blanco Pablo Abdala.
Por otra parte, el Frente Amplio envió en marzo de 2013 un pedido de informes a la SCJ integrado por una decena de preguntas sobre el funcionamiento interno de la corporación y, más en concreto, acerca del traslado -de la órbita penal a la civil- de la jueza Mariana Mota, quien tenía a su cargo unas cincuenta cusas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
“Esto no es solamente un pedido de informes. Esto inicia un proceso. Vamos a recorrer todos los caminos legales para que el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia sea absolutamente crsistalino. Esta es la punta de la madeja. Ahora está en la Suprema Corte desenrrollarla”, declaró en aquel momento el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Anibal Pereyra.
El presidente Mujica habló varias veces acerca de la posibilidad de una reforma constitucional que cambie el funcionamiento de la Justicia.
“Daría la impresión de que tenemos una Corte muy, muy conservadora. Pero todavía no veo claro para dónde va. Hay un movimiento en América, que se va a plantear en la Celac, de rever el funcionamiento de las supremas cortes”, declaró el presidente a la diaria y recordó que en algunos países las cortes de justicia están representadas con una integración proporcional a los resultados electorales.
A esto hay que sumarle que a Mujica no le cayeron nada bien las siete leyes que fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ (ley de Colonización, impuesto a inmuebles rurales, ley interpretativa de la Caducidad, Rendición de Cuentas 2010, ley de Presupuesto 2010, ley de Pluna y Rendición de Cuentas 2012.