El Congreso del Frente Amplio resolvió días atrás agregar a su programa de gobierno para 2025 el siguiente apartado: "En el marco del diálogo por el agua, reglamentar el artículo 9 de la Ley de Política Nacional de Aguas, integrando los aspectos que inhiban las asimetrías entre los actores sociales y productivos".
Esa redacción abre la puerta a cobrar un canon a las industrias por el uso intensivo de agua, pero matiza una propuesta aún más tajante de Casa Grande, el Partido Socialista, el PVP y la 5005 para establecer a texto expreso que un nuevo gobierno de izquierda pondría en práctica esa herramienta que ya está prevista por ley desde hace 13 años pero que nunca se ha aplicado.
"Cobrar el canon por uso del agua para financiar la fiscalización, exonerando a productores y productoras familiares", planteaban estos sectores nucleados en la alianza Izquierda y Libertad, que respalda la precandidatura de Carolina Cosse. Otros comités de base también pidieron explicitar la aplicación de este tributo a los privados.
El exsenador del MPP, Ernesto Agazzi, fue el responsable de disuadir esa propuesta y fundamentar la moción ganadora, que deja más margen de maniobra a una futura administración frenteamplista. "El cobro del canon está establecido en la ley, no podía un Congreso del Frente resolver a favor de una medida ya legislada", confirmó a El Observador el ingeniero agrónomo y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el último tramo del primer gobierno de Tabaré Vázquez.
El veterano dirigente argumentó a favor de "tratarlo específicamente caso por caso" y no cortar grueso: "No es lo mismo un tambo lechero que Coca Cola", ejemplificó. "Algunos compañeros querían presionar más ahora, pero eso no corresponde", afirmó Agazzi.
Camilo dos Santos
Ernesto Agazzi, exsenador del MPP
El cobro de un canon cobró especial fuerza durante la crisis del agua que a principios de año puso contra las cuerdas las reservas de agua potable para el área metropolitana. "Hay gente que no paga nada por el agua. Agua que toman de los cursos que desde el 2004 son de dominio público. El canon existe, hay que estudiarlo", declaró entonces el exministro de Ambiente, Adrián Peña (Partido Colorado), en entrevista con Quien es quien.
El tema llegó incluso a tratarse en la bancada de diputados del Frente Amplio a mediados de este año. El diputado de Fuerza Renovadora, Gustavo Olmos –hoy apartado de la banca mientras se investiga una denuncia en su contra por acoso sexual y laboral– dijo entonces a Brecha que había propuesto elevar una minuta al Poder Ejecutivo para solicitarle el cobro del canon.
Sus compañeros consideraron "inconveniente entrar en una discusión como esta, que es de fines recaudatorios, en medio de una crisis hídrica", declaró Olmos al semanario en junio. Según reconstruyó El Observador, también los socialistas se manifestaron de acuerdo, pero la oposición decisiva del MPP como bancada mayoritaria –bajo la premisa de que afectaba a determinados sectores de la industria nacional– terminó dejando trunca la propuesta.
También el entonces director de OSE por el Frente, Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista), decía en junio a Brecha que "las prioridades" eran "otras" y que quizás podía evaluarse en el mediano plazo.
Según datos de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) de 2019, hay 2.083 permisos vigentes más allá de 2023 entre industrias químicas, arroceras, de alimentos y bebidas, de envasado de agua o de generación de energía para usar agua pública con fines privados y que no están pagando por ello. Se cuentan en esa lista 166 arroceras con permisos por varios años para utilizar el recurso desde las represas para el riego, más 63 empresas que usan el agua pública de pozos o manantiales para embotellarla con fines industriales.
Las resoluciones del Ministerio de Ambiente y la Dinagua para autorizar la extracción de agua establecen que se deberá pagar el canon nacional correspondiente una vez que se reglamente por parte del Poder Ejecutivo.
El cobro del canon está incluso previsto como una de las posibles fuentes de recursos para financiar el Plan Nacional de Aguas elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (ex MVOTMA) del último gobierno del Frente Amplio, pero nunca llegó a implementarse.
Agazzi llamó en el Congreso del Frente a "respaldar la actual normativa y pedir que se aplique".