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Congreso del FA dejó por el camino giros a la izquierda y sus candidatos quedan con manos libres

La doble jornada de discusión allanó el camino para llegar a la tarde del domingo con las mociones lo más consensuadas posibles, y una redacción final que permitió, en mayor o menor medida, contentar a todos los espacios del Frente Amplio
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11 de diciembre de 2023 a las 05:02

El Congreso del Frente Amplio, fiel a su tradición de la última década, dejó de lado los impulsos más radicales y aprobó un programa de gobierno sin tajantes definiciones, que garantizará a los candidatos margen de maniobra para la campaña.

La doble jornada de discusión y negociaciones allanó el camino para llegar a la tarde del domingo en el Palacio Peñarol con las mociones lo más consensuadas posibles, y una redacción final que permitió, en mayor o menor medida, contentar a todos los espacios.

“Unanimidad y viva la unidad”, proclamaba desde el escenario el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, cuando los cerca de 2 mil congresales terminaban alzando juntos sus manos en aquellos puntos sensibles que se dirimían entre mociones enfrentadas. El clima de fraternidad no impidió un debate duro por determinados temas que hasta tuvieron que someterse a votación más de una vez para lograr la mayoría de dos tercios necesaria o, directamente, quedar descartados.

Fue así que las negociaciones permitieron por amplio consenso licuar cualquier mandato en materia tributaria, para la que existían en la previa reclamos –en especial de los comités y de la alianza Izquierda y Libertad (socialistas, Casa Grande, PVP y 5005, alineados con la candidatura de Carolina Cosse)- de endurecer la imposición al capital. La actual redacción establece genéricamente la voluntad de “avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y el patrimonio” en procura de mayor “progresividad”.

Uno de los capítulos más discutidos fue el de Educación, bajo la conducción del exconsejero Pablo Caggiani. El comité Jacinto Vera logró pasar un proyecto de moción para que “los beneficios fiscales desde el Estado hacia el sector privado” estén “exclusivamente” destinados al sistema de educación pública. “La renuncia fiscal que hace el Estado tiene que ser a favor de las grandes mayorías”, exclamó un militante de las bases que pasó al frente a fundamentarla, y alegó que los beneficios para el liceo Jubilar habían sido mucho mayores que para la Universidad de la República.

El socialista Gonzalo Civila, el dirigente de Fenapes, José Olivera, el senador del MPP, Sebastián Sabini y el exdirector de UTU, Martín Pasturino, defendían una redacción que se limitara a “revisar” las exoneraciones fiscales en educación para “garantizar la progresividad del gasto tributario hacia las poblaciones carenciadas”.

Sabini aseguró que el texto de las bases, “así como está”, llevaba a que “liceos de gestión privada en barrios populares van a dejar de recibir financiamiento”. “No nos podemos comprar un problema político de primer orden con gurises pobres”, sostuvo el senador del MPP, y señaló que liceos como el Jubilar o el Impulso “están dando algo que la educación pública no ha podido darles”.

Dos veces tuvieron que votarse ambas propuestas por lo parejo del resultado. Al final, ninguna alcanzó los dos tercios necesarios.

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En ese capítulo también quedó por el camino un planteo del Partido Socialista, el PVP y Casa Grande para que una línea del programa establezca a texto expreso que se van a “derogar en el menor plazo posible” todos los artículos de la LUC referidos a educación.

La amplia mayoría impulsaba, en cambio, una redacción contrapuesta que asegurara el “estricto cumplimiento” de los principios de la educación pública y reinstalara los consejos de la ANEP, con participación docente, lo que por la vía de los hechos suponía una marcha atrás implícita. Desde esas filas argumentaron que si bien estaban de acuerdo en dejar atrás esa “ley nefasta”, buscaban “evitar el problema político de nombrar la derogación de la LUC”, que aparte había quedado ratificada por referéndum a comienzos del 2022.

A través del comité Avanzar, el sindicalista José Olivera, de Fenapes, logró que se aprobara una moción para que las definiciones del Congreso Nacional de Educación sean “políticamente vinculantes”. “Demos señales claras que hay otra forma de hacer las cosas, de generar grandes consensos en torno a la educación, que no es por el camino de la persecución y la sanción a estudiantes y docentes”, exclamó y fue ovacionado.

Al tratarse el capítulo de política internacional, uno de los tópicos históricamente tensos para las distintas corrientes de la izquierda, no se permitió la presencia de periodistas dentro del Palacio Peñarol. El comité 28 de Noviembre propuso allí que en el programa se estableciera que “no se apoyará con ningún tipo de reparación o reabastecimiento de cualquier aeronave de Gran Bretaña con destino o desde las Islas Malvinas”. Al coro de “patria sí, colonia no” de varios militantes, la moción sacó 735 votos pero no logró los 991 necesarios para aprobarse.

La coalición de izquierdas desechó también la propuesta de un comité de Rocha, bajo la premisa de “empezar a cuestionar las bases de nuestra propia esencia” y “la propiedad privada”, de que “los fondos públicos de vivienda se destinen para la vivienda colectiva y no para la propiedad individual”.

Los reclamos más sonados de la previa referidos a la defensa nacional, como eliminar los liceos militares, quedaron postergados para un Plenario más adelante y en la dirigencia ya dan por hecho que allí terminarán de naufragar.

Con el MPP y el Partido Comunista como adversarios, y los primeros en una posición más de pragmatismo para apuntalar el triunfo de Yamandú Orsi que de pactar los giros a la izquierda por los que pugnó en anteriores congresos, los impulsos más radicales quedaron reservados a una minoría que en determinados puntos logró negociar redacciones más acordes a sus intereses.

Sobre el mismo escenario en que 20 años antes el exguerrillero Eleuterio Fernández Huidobro proclamaba su recordado “a todo se puede renunciar menos a la victoria” –con el que llamaba a no cometer “la torpeza política” de desconocer un plebiscito para dejar sin efecto la Ley de Caducidad– la izquierda cerró filas por un programa que aspira a correr con chances reales de volver al poder.

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