27 de mayo de 2015 14:46 hs

Pero asoman advertencias acerca de la necesidad de tomar medidas de precaución contra el cerco de países vecinos, y otros del continente, en los que la corrupción campea en altos niveles de gobierno y crea el peligro de contagio. El enriquecimiento ilícito e irregularidades en el tráfico de capitales son relativamente escasos a nivel estrictamente interno, a lo que ayuda el pequeño volumen de la economía. Pero ya se han conocido varios casos en que personas o instituciones de nuestro país se han visto involucradas en denuncias por operaciones de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico o de entornos gubernamentales cercanos.

Los virus más inmediatos provienen de Argentina y Brasil. Capitales mal habidos por figuras del gobernante kirchnerismo, con instancias de repentinos enriquecimientos millonarios, se han asentado en Uruguay o han pasado por nuestro territorio en ruta a otros destinos clandestinos, de la mano de operadores de los Kirchner y con alguna ayuda local. El escándalo que involucra a la gigantesca petrolera estatal Petrobras y al Partido de los Trabajadores, que gobierna a Brasil por cuarto período consecutivo, profundiza la crisis que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff. No hay indicios de que los miles de millones de dólares desviados de Petrobras pasen por Uruguay. Pero es una de las causas del programa actual de austeridad fiscal, para generar confianza y retomar el crecimiento, curso que amenaza las exportaciones a nuestro segundo cliente comercial, después de China.

Y Chile, que hasta hace poco compartía con Uruguay el primer puesto entre las naciones menos corruptas, está sacudido por irregularidades en negocios inmobiliarios del hijo de la presidenta Michelle Bachelet y en contribuciones ilegales de poderosos grupos económicos a campañas políticas. Al igual que les ha ocurrido a Rousseff y a Cristina Fernández de Kirchner, la popularidad de Bachelet se ha derrumbado, forzándola a una drástica renovación de su gabinete y a presentar leyes para combatir la corrupción. Transparencia Internacional, por otra parte, extiende a Venezuela y Paraguay, nuestros restantes socios en el Mercosur, así como a México, la lista de países latinoamericanos con mayor corrupción.

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El tema fue punto central del debate en un reciente Foro Económico Mundial sobre América Latina, celebrado en México en medio de críticas al presidente anfitrión, Enrique Peña Nieto, por una controvertida concesión ferroviaria a un consorcio chino, que tuvo que anular, y por negocios de su propia familia. No han llegado a Uruguay, o son de magnitud comparativamente modesta, el trasiego masivo de capitales delictivos o de otros orígenes ilícitos, las coimas portentosas por concesiones a privados o los manotazos a recursos del Estado para el enriquecimiento personal voluminoso. Pero los casos detectados y la presión contagiosa de la vecindad obligan a extremar cuidados. Nuestra legislación y la confiabilidad de la estructura jurídica, superior a las de otros países, ofrecen garantías razonables de prevención contra la corrupción. Pero hay siempre hábiles ovejas negras que encuentran formas de eludir las leyes y los controles. Por ahora, parecen ser pocas. Hay que asegurar, sin embargo, la eficacia de los mecanismos de control para evitar que nos contagien los crecientes malos ejemplos en la vecindad mercosuriana.

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