La decisión del gobierno argentino de desplegar el miércoles más de 1.500 policías sin armas de fuego en Buenos Aires logró su objetivo y una serie de protestas multitudinarias finalizó sin incidentes.
También se aislaron con vallas los edificios públicos, como la Casa de Gobierno, el Congreso, la legislatura y el Ministerio de Justicia, ante los que se congregarán para protestar organizaciones de desocupados, grupos de estudiantes, vendedores ambulantes, prostitutas y travestis.
Los hechos de violencia ocurridos a mediados de julio culminaron con la renuncia del ministro de Justicia Gustavo Beliz y del jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por diferencias en la forma de instrumentar los operativos de seguridad.
Varios analistas y hasta el ministro de Economía, Roberto Lavagna, han dicho que la continuación de las protestas ahuyentarían aún más a los inversores extranjeros de un país que ya tiene una mala imagen internacional por estar en cesación de pagos.
El propio gobierno tiene relaciones estrechas con algunas de las organizaciones menos virulentas, pero las recientes ocupaciones de sedes de empresas, casinos y hasta una comisaría ha debilitado ese vínculo por el alto rechazo que generan entre la población.
(Reuters)
