La propuesta abre la puerta a mantener el poder de compra, pero atado al cumplimiento de las metas fiscales
En la recta final de cara al ingreso de la ley de presupuesto quinquenal al Parlamento, representantes del gobierno y de los sindicatos públicos volvieron a verse las caras el viernes por la mañana en el Ministerio de Trabajo.
Durante la reunión del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, el Poder Ejecutivo dio a conocer detalles sobre los nuevos criterios de ajustes salariales que se propone implementar para los funcionarios estatales, en un contexto marcado por la crisis económica y fuertes restricciones fiscales.
En diálogo con El Observador, el dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López explicó que la pauta oficial “no contempla ni cerca las aspiraciones que tenían los trabajadores”.
Según el sindicato, se plantea una rebaja salarial para el conjunto de los funcionarios públicos en enero de 2021 y durante los próximos años.
El último ajuste de remuneraciones realizado en enero pasado (8,79%) tuvo como base el centro del rango meta de inflación fijada para el año 2020 (5%) más un correctivo que tomó en cuenta la diferencia registrada entre la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) durante el año previo y el porcentaje de ajuste otorgado en 2019.
Ahora está sobre la mesa una nueva fórmula que también aplicaría cada enero, pero con algunas diferencias. “Se establece como punto de partida para la negociación el salario de diciembre de 2019. Si la inflación fuera de 9,5% nos estarían dando un 4,5% porque se adelantó un 5% en enero. A eso le sumarían dos puntos extras y le descontarían la proyección de caída de PIB (alrededor de 3%)”, afirmó López.
La nueva pauta abre la puerta a que en años siguientes se pueda recuperar de manera gradual la pérdida de salario real generada, pero atado al cumplimiento de las metas fiscales que fije el Poder Ejecutivo para el quinquenio. “Es una fórmula muy compleja y bastante poco precisa. Mucho menos asegura el compromiso que había asumido el gobierno que era de que no iba a haber pérdida de salario real”, dijo López.
La propuesta del gobierno que fue analizada este viernes en una asamblea de COFE es vista como “muy desfavorable” pensando en avanzar hacia un convenio. El sindicato ya aprobó la realización de una movilización para el día que se convoque a la negociación por rama. También se planteará al Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT la posibilidad de una movilización en conjunto. Además se aprobó un paro general de 24 horas en toda la administración central para el próximo 27 de agosto, que está sujeto a cómo evolucionen las negociaciones en los días venideros.
“Si bien sabíamos que se podía configurar una pérdida salarial en el primer año, pensamos que esa pérdida la íbamos a absorber rápidamente o por lo menos en un tiempo prudencial. La pauta del Poder Ejecutivo no solo no contempla eso, sino que en realidad perpetúa una pérdida que no la vamos a recuperar nunca”, dijo López.
“Estamos abiertos a discutir un convenio a mediano y largo plazo, a buscar alternativas, pero asegurando la no pérdida de salario real. Hace tres días atrás el presidente (por Luis Lacalle Pou) nos dijo que se iba a cumplir con ese compromiso”, añadió el dirigente.
Una delegación de COFE, se había reunido el martes con el presidente en Torre Ejecutiva, para entre otros temas trasladarle al primer mandatario la preocupación del sindicato por las consecuencias que puede tener sobre distintas áreas del Estado la aplicación “a rajatabla” del nuevo criterio para el llenado de vacantes.
En marzo el gobierno dispuso que solo se repondría una de cada tres vacantes generadas en el Estado, salvo en el caso de los docentes, los policías y los trabajadores de la salud.
Se argumenta que hay sectores de la administración central y de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución que quedarían desprovistos de personal para cubrir algunas funciones que se considera son esenciales para el Estado.
COFE explicó que ya hoy existen dificultades de personal, y que en los próximos años eso se puede agravar porque gran parte de esos trabajadores tendrán causal jubilatoria.
El sindicato pidió flexibilidad en el recorte de vacantes en el Estado. El Poder Ejecutivo planteó que una posible “flexibilidad” dependerá de las reestructuras que se van a hacer en distintos organismos, de la nueva definición de las ocupaciones y del costo que tendrá cada una de ellas. El gobierno y los sindicatos públicos volverán a reunirse en los próximos días.
En un editorial titulado “Propuesta de sacrificio con recompensa incierta”, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) cuestionó lo que definen como un “programa recesivo puesto en práctica por el gobierno”.
El sindicato señaló que las definiciones del Poder Ejecutivo en materia de salario, empleo, inversión y políticas sociales “son un freno que instala condiciones definitivamente negativas para el país”
La nota publicada en su sitio web explica que la pauta salarial significa pérdida de salario real con correlato en el ajuste de jubilaciones. “Ello provocará una caída del poder de compra y un mayor deterioro del mercado interno”, dice el texto.
Por otro lado, señala que la reducción del gasto público restringirá la inversión del Estado, impactará negativamente sobre el mercado interno y también sobre la inversión, particularmente en infraestructura y servicios. Además, da cuenta que las medidas contractivas del gasto “lisa y llanamente desmantelarán programas de atención social a sectores vulnerables y rebajarán la calidad de la atención en salud y educación”.
“Estos ejes fundamentales de la política económica nos encaminan hacia un proceso de recesión y contracción económica, seguramente limitante de la generación de empleo”, dice el editorial.
El sindicato bancario realizó esta semana distintas movilizaciones en rechazo a la reducción presupuestal y la supresión de vacantes en los bancos del Estado. La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, Lorena Lavecchia señaló que en el caso del Banco República hay 370 vacantes que se eliminan y que se sumarán a unas 1700 jubilaciones que se producirán en los próximos cinco años.
“En la medida en que no ingrese personal vamos a ver profundizadas las privatizaciones en el sector financiero oficial, algo que precariza el trabajo. Tenemos compañeros que trabajan codo a codo con nosotros y que ganan salarios absolutamente inferiores a los nuestros”, afirmó durante un acto en Costa Urbana. También alertó sobre una baja de los niveles de la atención al público, e incluso la posibilidad de cierre de algunas dependencias en el interior del país por falta de personal.