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Pueblo chico, delito grande: cuatro alcaldes terminaron imputados
Pueblo chico, infierno grande, dice el dicho. Y algunos casos de corrupción en cargos de poder de localidades del interior en los últimos meses han ido en esa dirección. Así quedo demostrado esta semana en Florencio Sánchez, la ciudad de Colonia que limita con Soriano, donde el alcalde Alfredo Sánchez fue condenado junto a otras ocho personas, entre las que estaban sus dos hijos y su esposa.
Bajo el nombre de Corruptio, la operación comenzó a investigarse en 2018 a partir de la denuncia de un particular y terminó por desenmascarar una red de corrupción por la cual el alcalde, sus familiares y funcionarios intercambiaban canastas de alimentación o boletos por votos, se quedaban con motos incautadas, utilizaban materiales de construcción del municipio en beneficio propio, entre otras irregularidades que terminaron en la condena por los delitos de asociación para delinquir, falsificación ideológica por funcionario público y fraude.
Pero Florencio Sánchez no es la única localidad que se quedó sin alcalde por haber estado implicado en delitos o prácticas corruptas. Otros tres alcaldes, uno del Partido Nacional y dos colorados, fueron imputados en el último tiempo por la Justicia.
¿Quién asume en Florencio Sánchez?
Como consecuencia de la condena el cargo del alcalde queda vacante. "El alcalde que es condenado por la Justicia queda suspendido en el ejercicio de la ciudadanía y cesa automáticamente su cargo público", explicó el constitucionalista Martín Risso. "En el momento en que la sentencia quede firme queda suspendido como ciudadano y no puede seguir ocupando ningún cargo público", dijo.
Risso aclaró que mientras es investigado puede seguir en funciones salvo que esté preso. "Si está preso tiene una imposibilidad de hecho y no puede ejercer, va a tener que asumir el suplente", manifestó.
En este caso debía suplirlo la hija de Sánchez, que también fue condenada, por lo que le tocaría asumir al segundo suplente, Telmo Techera. Este incursionó hace poco en la política, pero dijo que no va a aceptar el cargo. "Estoy esperando que me llamen de la Corte para decirle que no", declaró al programa Así nos va de radio Carve.
Dolores (Soriano)
En marzo de este año fue condenado a seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada con arresto nocturno el alcalde nacionalista de Dolores, Juan Andrés Oronoz, por un delito sexual contra un menor de edad.
También se lo condenó a reparar patrimonialmente a la víctima, un adolescente al que contactó a través de WhatsApp y le pedía "fotografías de contenido sexual”. La fiscal Virginia Sigona dispuso entonces la incautación de todos sus dispositivos electrónicos e informó al portal Agesor que los contenidos habían sido borrados del celular.
La denuncia del caso fue realizada por el padre de un adolescente.
Valentín (Salto)
El alcalde colorado Tabaré Leivas, de Valentín, fue imputado por tráfico de armas en un caso de abigeato en abril de 2020.
Junto a él fueron imputados por la Justicia su hijo y tres personas más por integrar una banda dedicada al abigeato.
Leivas fue imputado sin prisión, a pedido de la fiscal de Salto, Beatriz Protesoni, por el delito de tráfico interno de armas y debió fijar domicilio y presentarse una vez por semana en la seccional de Valentín.
Por su parte, el hijo del alcalde fue formalizado por el delito de abigeato con las mismas medidas pero se le impuso la prohibición de acercarse al predio de la persona que denunció el robo del ganado. A las otras tres personas se las acusó por abigeato y por tráfico interno de armas y se les impuso la misma pena de presentarse semanalmente en la seccional policial.
San Antonio (Salto)
Martín Barla, alcalde colorado de San Antonio, fue imputado en octubre de 2019 por el delito de abuso de funciones y condenado un año después a 18 meses de libertad vigilada, informó entonces Subrayado. El alcalde, en ese momento en funciones, se ofuscó con unos trabajadores municipales que realizaban trabajos de caminería por entender que no debían estar ahí, se subió a una motoniveladora y comenzó a chocar la excavadora de la intendencia.
El episodio de violencia motivó que la intendencia retirara las máquinas de la localidad y los funcionarios realizaran la denuncia penal contra el alcalde. Los concejales integrantes de la alcaldía impulsaron un juicio político y le solicitaron la renuncia al cargo.
La resolución judicial lo inhabilitó a ocupar cargos durante dos años y le impuso una multa de $ 120 mil.
"En pueblo chico pasan cosas que nadie sabe"
Según Gil, en Montevideo hay más control porque el poder de las alcaidías en la capital está más mediatizado y, además, porque hay mayor presencia de las intendencias centrales. "En el interior está todo más dividido", expresó. También manifestó que en el interior los alcaldes tienen mucho poder, mientras que en Montevideo "no tanto". Dijo que en Montevideo este fenómeno se da menos.
Respecto a las apariencias, Gil aseguró que para los montevideanos el interior "es supertranquilo", mientras que "hay situaciones que son complicadas y deberían preocuparnos más", manifestó.
En su opinión "se trata de hechos que envuelven a gente corrupta y falta de control. Hay falta de controles que posibilitan que la persona que tiene malas intenciones pueda hacer cosas malas" y remató: "En el pueblo chico pasan cosas que nadie sabe que pasan; es más complicado".
