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Qué implica el proyecto de ley sobre diabetes y enfermedades no transmisibles aprobado en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley sobre diabetes y enfermedades no transmisibles, que busca actualizar la norma de 1971 que actualmente rige. La iniciativa fue presentada en abril de este año por legisladores de los tres partidos con mayor representación parlamentaria: los frenteamplistas Luis Gallo y Walter de León, los nacionalistas Martín Lema y Quintín Olano, y la colorada Nibia Reisch. Con esta votación, el proyecto tiene media sanción y resta que sea aprobado en la Cámara de Senadores para convertirse en ley.
Sin embargo, aunque los representantes de la Asociación de Diabéticos del Uruguay y de la Fundación Diabetes Uruguay festejaron en las barras, consideran que es demasiado pronto para cantar victoria. "Observamos que este proyecto cumple con todas las características que un proyecto de ley tiene que tener: ser amplio, genérico y no específico, porque para eso está el decreto reglamentario. Pero interpretamos que es tan genérico desde el punto de vista de la calidad de tratamiento, que nuestra esperanza está en la escritura del decreto reglamentario para realmente tener una ley visionaria", expresó el gerente general de ADU, Javier González, en diálogo con El Observador.
El proyecto aprobado en Diputados tiene 10 artículos. El primero refiere a la necesidad de mejorar el control, tratamiento y atención integral de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes. Los prestadores tendrán la responsabilidad de captar, educar, tratar y controlar estas enfermedades, por ejemplo, ofreciendo diagnósticos gratuitos y promoviendo su prevención.
Asimismo, a partir de la historia clínica electrónica deberán controlar que los pacientes sigan el tratamiento. El Instituto Nacional de Alimentación dará canastas sin costo a personas de contextos económicos o sociales vulnerables.
El Ministerio de Salud Pública deberá actualizar las políticas sanitarias a partir del intercambio con las asociaciones de usuarios, sociedades científicas e instituciones académicas.
Por otra parte, el proyecto encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación la tarea de asegurar que los presos con enfermedades no transmisibles puedan acceder a los alimentos y prestaciones que necesitan.
El licenciado en nutrición Bruno Carrattini, encargado de los programas educativos de ADU, dijo a El Observador que esta norma garantiza más derechos a los diabéticos.
¿Cuáles son los cuestionamientos de la ADU?
El gerente general de la asociación expresó que la ley de 1971 fue visionaria entonces, pero quedó desactualizada, principalmente en lo que refiere a tecnología y fármacos. Por ejemplo, las insulinas que se usan en otros países fueron inventadas hace 12 años, máximo, mientras que en Uruguay se siguen usando insulinas que tienen 25 años de antigüedad.
Uno de los ejemplos más claros de la desactualización son las bombas de insulina, que no integran la canasta básica de prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los pacientes tienen que comprarla a US$ 13 mil y pagar un tratamiento mensual que oscila entre los US$ 1.000 y US$ 1.200, aseguró González. "No es confort o bienestar. Los diabéticos que dependen de ella y no la tienen están en alto riesgo", agregó.
Lo que las asociaciones plantean es que el proyecto de ley, tal como fue redactado, no garantiza que esta y otras prestaciones vayan a estar cubiertas. "Cuando se habla de educación, por ejemplo, ¿qué es educación, quién se va a encargar de darla, de asegurar su continuidad?”, cuestionó el gerente general de ADU.
A su vez, González dijo que miran con recelo la media sanción que obtuvo el proyecto de ley, porque "no se puede evitar observar" que este es un año electoral. El dirigente de ADU explicó que desde 2008 buscan actualizar la ley de 1971. En esa oportunidad, legisladores de todos los partidos apoyaron un proyecto de ley que establecía la creación del Programa Nacional de Diabetes. No obstante, horas antes de que fuera aprobada la norma —según González—, los llamó el diputado frenteamplista Horacio Yanes para avisarles que había habido "un inconveniente", y el proyecto quedó encajonado.
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Para que la ley tenga andamiento, las asociaciones creen que es clave que exista un registro de personas diabéticas, especificando quiénes son, dónde viven, las características de su enfermedad y cómo han sido tratadas. Este registro —que se puede crear a partir de la historia clínica electrónica— permitirá trazar políticas definidas y gestionar mejor los recursos económicos y humanos. "Va a terminar de generar las condiciones para que Uruguay no se empantane más", dijo González, y explicó que la falta de datos supone desconocer las características de la enfermedad en el país.
Por este motivo las agrupaciones promovieron el Acuerdo 2020-2025, al que suscribieron la mayoría de los precandidatos a la Presidencia. La firma del documento indica que —en caso de ser electos presidentes— se comprometen a crear este registro en del primer año de su mandato.
Los precandidatos que dieron el sí a la iniciativa fueron los siguientes: los nacionalistas Enrique Antía, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Juan Sartori; los frenteamplistas Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez; José Amorín Batlle (Partido Colorado); Pablo Mieres (Partido Independiente); Edgardo Novick y Fernando Carotta (Partido de la Gente); Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto); Gonzalo Abella (Unidad Popular); y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente).
