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30 de agosto 2023 - 5:02hs

Más de cuatro años después de la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito, la investigación que lleva adelante la fiscalía solo imputó a un capitán de la Guardia Republicana. Sin embargo, la investigación interna del Ministerio del Interior determinó que cuatro efectivos policiales cometieron “faltas muy graves” y este lunes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, firmó la resolución que determina su destitución.

Los pocos avances registrados en la investigación judicial generaron molestias en el Ministerio del Interior que fueron trasladados por Heber al fiscal de Corte, Juan Gómez. En noviembre de 2022, el fiscal Ricardo Lackner, que liderada la investigación, fue trasladado a otra fiscalía y en su lugar quedó Silvia Porteiro.

"Hicimos una investigación administrativa, no esperamos más por la señora fiscal. Estamos hace tiempo esperando acciones en ese sentido y bueno, nosotros seguimos avanzando en la investigación del Ministerio y determinamos responsabilidades en cuatro personas que acabo de firmar ayer la destitución, de los cuatro", dijo el ministro en una rueda de prensa este martes.  

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La destitución de los cuatro funcionarios había sido informada en mayo pero este lunes se firmó la resolución.

¿Cuáles fueron las responsabilidades identificadas por el Ministerio del Interior? Los efectivos destituidos son cuatro: un oficial, un cabo y dos efectivos de la Guardia Republicana. Los cuatro trabajaron durante el 23 de junio, día de la fuga, en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD), más conocida como Cárcel Central.

Pese a que los cuatro fueron destituidos por “ineptitud en el ejercicio del cargo”, lo que es considerado una falta muy grave, las responsabilidades fueron distintas.

A grandes rasgos, la falta que se les atribuye es que no hicieron los controles debidos en la zona que estaba recluido Rocco Morabito.

“Entre las 19:00 y las 22:00 ningún funcionario del CIDD fue al piso 6° A, eso sin que ningún superior lo advirtiera ni personalmente ni en los libros de control correspondientes. No se contaba con las cámaras de vigilancia del establecimiento, lo cual debió haberse sustituido por mayores controles, máxime en las tres horas que no había vigilancia”, dice la resolución de este lunes a la que accedió El Observador.

¿Quiénes fueron destituidos?

El oficial principal Klisnman Fabricio Ramos Rodríguez era el encargado del sector y, según se desprende de la resolución firmada este lunes por Heber, se contradijo en distintas declaraciones durante la investigación administrativa. 

Tal como informó Santo y Seña, Ramos Rodríguez se desempeñaba como jefe de servicio y estaba a cargo de controlar y recibir los conteos diarios de las personas recluidas. Inicialmente, el oficial dijo haber ingresado a su turno a las 19:00 del 23 de junio pero luego reconoció que llegó tarde, sobre las 21:00. Su horario habitual era de 19:00 a 7 de la mañana.

La resolución agrega que “a sabiendas" de que el cabo Hidalgo Sosa, otro de los destituidos, no cumplía como comandante de Guardia nunca le consultó si había efectuado los controles numéricos y de identidad en la zona donde estaba recluido el mafioso, que se fugó con tres personas más.

“Tampoco ordenó que se efectuaran (los controles) cuando ingresaron los funcionarios de la Guardia Republicana, teniendo pleno conocimiento que durante las tres horas previas al ingreso de estos funcionarios no había custodia en ese piso y teniendo conocimiento que dicho cabo (Hidalgo Sosa) se retiraba una hora antes del turno, no dispuso que otro funcionario realizara dichos controles antes de retirarse del servicio”, señala la resolución.

Sosa era el encargado del turno entre las 19 y las 6 de la madrugada y en la investigación administrativa dice que no efectuó el control numérico ni de identidad en el piso 6 porque Ramos Rodríguez le dijo que no era necesario. También fue destituido. 

Guardia Republicana

Casi un mes antes el Ministerio del Interior descubrió lo que podía ser un indicio de un ensayo de la fuga: una cuerda en una celda contigua a la suya y un celular. A partir de eso, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) solicitó a la Guardia Republicana un refuerzo de seguridad a través de policías, que se dispuso el 27 de mayo, un día después de haberse encontrado la cuerda.

El INR aseguraba en ese entonces que no tenía personal suficiente para rotar a los guardias y por eso pidió el apoyo de la Republicana, y esos efectivos iban rotando para evitar ser “comprados”. Por eso, dos de ellos cumplían funciones en Cárcel Central la tarde de la fuga. 

Los efectivos no ingresaban a la zona de las celdas pero controlaban el piso. “Sin directivas específicas, se le entregaron las llaves del piso 6° A, era obvio que debían hacerse responsables del referido piso, por lo que sus conductas reflejan “incumplimiento manifiesto de los deberes de su cargo”, dice la resolución sobre Geferson Gerardo Echar Noble y Leonardo Rodrigo Pérez Fernández.

Los guardias, según la resolución, no realizaron “ningún control de las PPL (personas privadas de libertad) del piso 6° A, ni de la edificación, no manifestando en ningún momento interés por consultar cuáles eran sus funciones, ni cuantas PPL estaban allí, ni siquiera si debían vigilarlas”.

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