Qué son los derechos de la naturaleza y por qué debaten su aplicación en Uruguay

¿Qué son?

Se basan en el reconocimiento de que la naturaleza tiene derechos al igual que los seres humanos. Quienes defienden su aplicación en todas sus formas de vida aseguran que los ecosistemas naturales tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Mientras tanto, las personas tienen "la autoridad legal y la responsabilidad" de hacer valer estos derechos.

Esta explicación fue brindada a Cromo por la Alianza Global para los Derechos de la Naturaleza (GARN, por su sigla en inglés), una red global de organizaciones e individuos que buscan proteger el medio ambiente. Entre ellos hay científicos, abogados, economistas, líderes indígenas y espirituales, líderes empresariales, políticos, actores, entre otros que buscan transformar la relación humana con el planeta.

Esta organización llegó a Uruguay para que se hable sobre este tema. Una de sus representantes, la ecuatoriana Natalia Greene, lideró un conversatorio en el que participaron el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, el director de la División de Medio Ambiente de esa intendencia, Rodrigo García, el abogado Rodrigo Speranza, la asesora del Ministerio de Ambiente, Carol Aviaga y el juez ecuatoriano Ramón Ávila, entre otros.

Qué se habló

Natalia Greene, de GARN, inauguró la conversación al referirse a la advertencia que está realizando la crisis climática que se vive. "Es necesario dar un paso más ambicioso con el paradigma", manifestó.

Su impulso ha logrado que sean 36 países con legislación sobre derechos de la naturaleza. Entre ellos se destacan Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros.

"Queremos dar apoyo a Uruguay para que sea el país número 37", indicó Greene e instó a dar "ese paso jurídico". "Lo ideal obviamente es que esté en la Constitución, pero estos países que mencionábamos antes encontraron la vuelta para poder incluirlo en sus ordenanzas", manifestó.

Qué pasa si se aplica

Greene explicó que Ecuador ya tiene casos en la Justicia con casos exitosos "a favor de la naturaleza". Uno es en el Bosque Protector Los Cedros, ubicado en la provincia de Imbabura, al norte del país. Una empresa minera había iniciado actividades de exploración en esta área, que tiene más de 200 especies de pájaros, entre otra fauna y flora de importante preservación.

Tras una demanda iniciada por organizaciones ambientalistas, la Justicia ecuatoriana prohibió tocar este lugar. "No deben realizarse actividades que amenacen a los derechos de la naturaleza [...] lo cual, incluye la actividad minera y todo tipo de actividad extractiva", dice la sentencia.

"En Ecuador tenemos 36 casos, 120 acciones judiciales", dijo Greene y agregó: "Es tan importante educar y amplificar a los jueces en DDN (sigla con la que simplifican este concepto), además de a los parlamentarios y políticos para seguir aumentando y entendiendo que este es el paso que debemos dar. Son una herramienta muy poderosa para luchar con temas que van más allá de afectaciones ambientales, son casos que podemos empezar a litigar cuando existen los DDN.

Qué pasa en Uruguay

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se mostró partidario de analizar este tema desde el punto de vista jurídico. Se refirió a la Constitución uruguaya, que en su artículo 47 prevé una protección "muy clara" en la defensa del ambiente, que incluye a sus ciudadanos.

"La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves". Artículo 47 de la Constitución de la República.

Para Umpiérrez, "debería aggiornarse" la legislación nacional para que a nivel departamental se pueda implementar una ordenanza por los derechos de la naturaleza".

Carol Aviaga, del Ministerio de Ambiente, aseguró que en Uruguay "hay buena normativa ambiental" y "si se aplica el artículo 47 de la Constitución plenamente son buenos los precedentes".

¿Es tan buena la normativa en Uruguay? Un estudio de la abogada Martina Brun Pereira, divulgado en junio de este año, indica que pese a que hay estándares regionales que incentivan a Uruguay a adoptar nuevas medidas jurídicas, esto "no se ha aplicado de forma significativa en el país".

El estudio, publicado en la Revista de Derecho de la Universidad Católica, revela que Uruguay "se enfrenta a problemas en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente". La abogada señala que relatores de la ONU han señalado falta de suficientes investigaciones sobre los vínculos de los problemas ambientales y los de salud.

El muro económico, la cultura de la propiedad y las obligaciones humanas

El juez ecuatoriano Ramón Ávila dijo manifestarse "convencido" en la aplicabilidad de estos derechos en la Constitución. Pero encuentra algunos problemas. Uno es el económico donde observa los "intereses" que tienen peso a la hora de tomar decisiones. En Los Cedros, donde la minería amenazó con entrar a ese predio lleno de recursos naturales a preservar, se preveían "inversiones millonarias". 

"Esta es una barrera muy grande, porque hay millones de dólares en juego, que han tenido voz en el sector político. La capacidad de lobby de estas empresas transnacionales tienen injerencia en esto", comentó Ávila en el conversatorio.

Además, se refirió a la cultura de la propiedad que está impregnada en la sociedad. "Los abogados tenemos en el tuétalo 300 años de tradición jurídica que tiene que ver con que la tierra y todos los recursos naturales (frutos, bosques, árboles), está dominada por el concepto de propiedad", indicó.

El abogado uruguayo Rodrigo Speranza, interesado en temas vinculados a medio ambiente, enfatizó más en las obligaciones de las personas que en los derechos de la naturaleza.