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Queremos menos Estado
Enhorabuena! Primó el sentido común y se puso freno a un proyecto de ley sobre trabajo voluntario que lamentablemente marca una visión equivocada sobre la incidencia del Estado y sus controles cada vez mayores en la vida de las personas libres.
Según indican las crónicas parlamentarias, luego de idas y vueltas y un duro debate parlamentario este año no se aprobará un proyecto de ley que busca ponerle impuestos al trabajo voluntario de miles de uruguayos que otorgan parte de su tiempo y conocimientos a colaborar en diferentes causas.
El proyecto de Ley que había ingresado a la Cámara de Representantes en 2016, discutido ampliamente en el Senado durante 2017, finalmente será rechazado en 2018, aunque el Frente Amplio piensa seguir insistiendo con él en 2019.
Parece ser que para muchos integrantes del gobierno nadie puede disponer libremente del ejercicio de ayudar sin pasar por un registro para ser controlado y gravado.
El actual proyecto de ley especifica que toda la actividad de voluntariado permanente debe ser dada de alta ante el Ministerio de Trabajo, donde se declare formalmente quienes son los individuos involucrados. En caso de que se omita ese paso, el Estado presumirá que la relación laboral existe de forma encubierta y se sancionará con una reforma laboral sobre la entidad responsable. La inspección General del Trabajo y la Seguridad Social tendrá la potestad de efectuar el contralor del cumplimiento de las disposiciones que contempla la ley y, en caso de detectar infracciones, tendrá la competencia para sancionar.
La incidencia permanente e insidiosa del Estado con sus impuestos y regulaciones en la vida privada es uno de los problemas que tiene el país. Antes de seguir con este proyecto de ley basado precisamente en regular la actividad del voluntario se podría gastar tiempo y recursos de los parlamentarios en otro tema: los empleados públicos que no trabajan en el Estado.
Una auténtica y sanadora investigación arrojará que son cientos de miles los empleados públicos que engrosan las planillas del Estado (intendencias, parlamento, entes autónomos, ministerios, organismos de contralor, museos, etc.) y que no trabajan. Individuos institucionalizados y protegidos sindicalmente que tienen el cargo, pero no cumplen sus funciones. Ni que hablar de la posibilidad de generar ideas o mejoras en los servicios o para los lugares donde trabajan. No son todos, pero son muchos que se recuestan en los que si trabajan y en las miradas para otro lado de sus jefes que no quieren problemas ni ejercen la autoridad para suspenderlos o hacerlos trabajar.
En el afán por seguir entrometiéndose en la vida privada y la libertad de las personas y su tiempo libre, encubierto bajo mantos sospechas de abusos eventuales o trabajos encubiertos, el proyecto de Ley iba por el voluntariado.
Si el Estado uruguayo no fuese un lugar donde funcionarios logran transitar sus vidas laborales aportando lo mínimo o nada, exigiendo sus derechos, pero omitiendo responsabilidades, podría ser hasta de recibo comenzar a hablar de estos temas.
Antes de ese sinceramiento, ir por el voluntariado suena hasta una broma de mal gusto: en gran medida hay voluntarios en comedores, centros de infancia, escuelas, viviendas, clubes etc. porque el Estado no está.
