19 de septiembre 2013 - 22:08hs

En la concentración afuera del juzgado en apoyo a los siete radicales acusados de atentado contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había un haitiano que estaba asombrado por la serenidad de los manifestantes. En contraste con el calor del mediodía, el vallado y la presencia policial, los activistas estaban calmos y alegres. Se multiplicaban abrazos entre viejos compañeros y bromas. “Con este vamos a tomar mate en la celda”, comentó el extupamaro Jorge Zabalza en referencia al expreso político Álvaro Jaume. Ambos son acusados de atentado. Primaba la alegría sobre el descontento. Zabalza, incluso, expresó que se sentía “orgulloso” de seguir enfrentado a los terroristas de Estado, en alusión al fiscal Gustavo Zubía.

La concentración (convocada por Plenaria Memoria y Justicia, Crysol, Afutu, Ades y Adeom, uno de cuyos dirigentes, Aníbal Varela, está entre los acusados) transcurría con una calma chicha, hasta que a una camioneta del Ministerio del Interior se le ocurrió pasar entre los manifestantes con la sirena encendida. Entonces, sucedió lo previsible. Los activistas, que no simpatizan demasiado con la Policía, se resistieron a que pasara el vehículo, un agente pidió apoyo, un grupo de uniformados intentó abrirle camino a la camioneta a fuerza de empujones y se produjo un nuevo encontronazo. Hubo pechones, algún golpe y muchos insultos. Los policías retrocedieron, la camioneta no pasó y los manifestantes festejaron. “Ganamos una”, le dijo una mujer a otra, entre la incredulidad y la algarabía.

El 15 de febrero de este año, cuando los cinco ministros de la SCJ se disponían a concretar 15 traslados, entre ellos el de la jueza Mariana Mota, referente de agrupaciones defensoras de Derechos Humanos, sucedió algo parecido.Un grupo de manifestantes ocupó la sede en protesta por el traslado y seis policías con escudos irrumpieron entre la muchedumbre para desalojarlos. Entonces, como ayer, sucedió lo privisible. Hubo pechones, algún golpe y muchos insultos. Los seis policías se retiraron y regresaron una hora más tarde con refuerzos. Luego de más empujones y de la intermediación del entonces jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, los manifestantes desocuparon la sede y los ministros tomaron el juramento a los jueces.

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Después, los ministros denunciaron ser víctimas de violencia privada. Finalmente, esta semana, el fiscal Zubía pidió el procesamiento con prisión de cuatro manifestantes y sin prisión de otros tres por otro delito: atentado.

Sus abogados presentaron ayer los alegatos ante la jueza Gabriela Merialdo. El abogado Juan Fagúndez, que representa a Zabalza y a Diego y Álvaro Jaume, dijo que “el pedido fiscal fue de tipo político” y por ello las defensas respondieron con fundamentos políticos. “Se utiliza a siete compañeros para desalentar la lucha por verdad y justicia”, explicó Zabalza.

El artículo 171 del Código Penal establece que “se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público”. Según Fagúndez, no hubo violencia ni amenazas contra los ministros. Fagúndez agregó que el enfrentamiento del 15 de febrero “fue provocado por un mal procedimiento policial”. El fiscal catalogó el procedimiento de “profesional” y entendió que los siete intentaron “interrumpir el acto”. Los acusados lo negaron.

Gustavo Salle, abogado de Irma Leites, la líder de Plenaria que también es acusada de atentado, advirtió que “esta gente que fue seleccionada no realizó nada distinto al resto” de los manifestantes. Por ello, se trata de “una persecución ideologica”, dijo. En este sentido, recordó parte de la la acusación fiscal. Zubía escribió que “las acciones desarrolladas por algunos de los partícipes (...) no se sitúan como acciones aisladas, motivadas por situaciones puntuales, sino en un entronque conceptual de largo aliento”.

Por su parte, Ignacio Durán, abogado de Patricia Borda, sostuvo que su defendida participó “de forma pacífica, hasta que la Policía se desbordó, la pasó por arriba y la atropelló, y es ahí cuando ella se exaltó”. Durán solicitó citar a cinco testigos, entre ellos, la jueza Mota. Fue el único abogado que solicitó más pruebas.

La jueza les comunicó a los acusados que resolverá el caso en los próximos 45 días. Con esa noticia salieron de tardecita los siete del juzgado, para encontrarse con el tradicional grito de los manifestantes: “Arriba los que luchan”. También había un grupito que pedía “bombas y explosivos para desarmar el aparato represivo”.

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