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Reclaman mayor peso para órganos que deben controlar aplicación de Ley de Medios

La comisión honoraria que asesoró en la reglamentación criticó la cantidad de potestades que quedaban en la órbita del gobierno

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05 de octubre de 2018 a las 05:01

Casi cuatro años pasaron desde que el Parlamento aprobó la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual –más conocida como Ley de Medios- y a pesar de varios intentos todavía no existe una reglamentación del Poder Ejecutivo. En mayo de 2017 el gobierno aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la reglamentación era "inminente". Sin embargo, un año y medio después aun no se concretó. 

Hace un mes la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) terminó su análisis y marcó varias diferencias con la reglamentación tentativa redactada por el gobierno. La Chasca, organismo que crea la propia ley, reclama un mayor peso del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) para que no quede por debajo de las potestades que tiene la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) o la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), que son los otros dos organismos que intervienen en este proyecto y dependen directamente del gobierno. 

“Si bien el Consejo de Comunicación Audiovisual no es absolutamente autónomo del gobierno, tiene mucho más autonomía que la Ursec y Dinatel”, dijo a El Observador, Gabriel Kaplún, representante de la Universidad de la República (Udelar) en la Chasca. 

La comisión está integrada por 17 organizaciones distintas pero es presidida por el Ministerio de Industria y también tiene un representante del Ministerio de Educación y Cultura. 

Por eso, cuando la comisión comenzó a discutir el capítulo uno referido al diseño institucional, el gobierno quedó solo. “Salvo el gobierno, todos entendíamos que lo que hacía la reglamentación era rebajarle competencias al CCA y dejárselas al gobierno”, explicó Kaplún. Incluso, según señaló, hay artículos del primer capítulo que pidieron que se eliminen porque “no aportaban nada o podrían traer problemas legales”. 

La Chasca también sugirió bajar el mínimo de las multas y darle más potestades al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) en los temas de control del trabajo infantil en publicidad, protección de la infancia y protección de la privacidad. 

Ahora el Poder Ejecutivo está evaluando las sugerencias de la Chasca y espera que la reglamentación quede pronta en los próximos meses, según dijo a El Observador el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Rodrigo Díaz. De todas formas, el informe de la chasca no es vinculante y la decisión final sobre el texto es del gobierno. 

Sin novedades

Si bien la Chasca reclamó un mayor peso para el Consejo de Comunicación Audiovisual, este órgano todavía no existe. El CCA, que se encargará de evaluar y fiscalizar la aplicación de la ley, tendrá cinco miembros de los que cuatro serán designados por el Parlamento y el quinto, que será el presidente, es elegido por el presidente de la República.

El jueves 7 de junio estaba convocada la Asamblea General del Parlamento para votar los cuatro nombres pero por falta de acuerdo entre los partidos políticos la sesión pasó a un cuarto intermedio que hasta ahora no se retomó y no hay novedades. 

Faltan dos
La Chasca , creada en el capítulo tres de la Ley de Medios, tenía como uno de sus principales cometidos participar de la reglamentación del proyecto. La idea inicial era que estuviera conformada por 17 organizaciones entre gobierno y actores de la sociedad civil. 
Según el texto de la ley participarían un representante del Ministerio de Industria, uno del MEC, uno rotativo de las universidades privadas, uno de la Udelar, dos representantes de los titulares de servicios de comunicación audiovisual comerciales, dos representantes de los titulares de servicios de comunicación audiovisual comunitarios; dos representantes de los trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual; dos representantes de la industria de producción de contenidos audiovisuales; tres representantes de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la libertada de expresión, la no discriminación y los derechos de los niños, un representante del INAU y un miembro no legislador designado por la Asamblea General. 
Sin embargo, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que podía participar entre los representantes de titulares de servicios, nunca formó parte de la Chasca. “Andebu no quiso estar y eso nos resultó preocupante”, dijo Kaplún. 
El Observador se comunicó vía Whatsapp con el presidente de Andebu, Omar De León, que se encuentra en San Pablo y ratificó que no integraron la comisión pero “no por propia decisión”. Consultado sobre si habían sido convocados a la comisión De León no volvió a contestar. 
Pero Andebu no fue el único que faltó a la cita. El Parlamento también debía designar un miembro no legislador para participar de esta comisión que nunca fue nombrado. “Es imposible que un organismo plural como el Parlamento designe a un solo miembro. Es una de las tantas irregularidades que tiene esta ley”, cuestionó en diálogo con El Observador el diputado Partido Independiente, Iván Posada. 
Cambios en el Parlamento

Al mismo tiempo que el gobierno avanza en la reglamentación, el Parlamento estudia un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, para realizar modificaciones a los artículos 56, 117 y 139 de la Ley de Medios que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto plantea modificar tres artículos relacionados con las incompatibilidades para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, los montos que se pagan por la televisión para abonados y la cantidad de minutos por tanda. La iniciativa se encuentra a estudio de la Comisión de Industria de la cámara de Diputados y la idea del Frente Amplio es votarla a mediados de octubre. Luego deberá pasar por el Senado. 

El artículo 56 pretendía prohibir que los operadores de cable prestaran servicios de telefonía y de Internet. Sin embargo, la SCJ entendió que no existen razones de interés general para limitar tales derechos, circunstancia que, por si sola, vulnera el principio de igualdad y libertad previsto en los artículos 7 y 8 de la Constitución.

La decisión de la SCJ le dio la derecha a un reclamo de los operadores de cable que desde hace años quieren ofrecer servicios de internet pero hasta ahora no han podido. Sin embargo, sin grandes cambios en lo esencial en el artículo que fue declarado inconstitucional, el gobierno argumenta que existen motivos para “limitar la concentración de medios”. 

La SCJ también ratificó por mayoría la inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 117, que obliga a las empresas de cable a incluir las señales de televisión abierta dentro de su paquete de canales sin ninguna contraprestación. El nuevo texto establece un sistema de pago que varía según la cantidad de hogares que pueda abarcar el operador. 

El artículo 136, en tanto, realiza modificaciones a la cantidad de minutos de tanda por hora establecidos en la ley. El texto aprobado establece 15 minutos por hora pero esta nueva iniciativa hace algunas salvedades para los medios del interior porque “la publicidad en los medios del interior tiene características distintas” que las hace más largas. 

Direct TV lanzó producción nacional

La Ley de Medios establece que “los servicios de televisión para abonados deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia en su paquete básico, que operará en las mismas condiciones que la presente ley establece para los servicios de televisión abierta. En el caso de servicios satelitales la señal propia deberá ser de producción nacional”. 

Por lo tanto, a partir del 8 de octubre Direct Tv lanzará su canal dirigido para Uruguay con cuatro horas de producción nacional con programas deportivos. Trabajarán 15 periodistas deportivos uruguayos  y se emitirán programas dedicados a los hinchas de Nacional y Peñarol. 
 

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