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Referéndum para derogar parte de la LUC pierde fuerza entre dirigentes del FA

Si bien la opción fue considerada en su momento, los cambios en el capítulo de empresas públicas alejaron esa posibilidad 

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29 de junio de 2020 a las 05:00

Aunque públicamente el Frente Amplio (FA) no descarta ninguna medida, la posibilidad de convocar a un referéndum para derogar alguna parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) parece cada vez más lejana según las consideraciones de oportunidad política realizadas en la cúpula de la oposición. 

Fuentes del Frente Amplio señalaron a El Observador que la posibilidad de convocar a una consulta popular se enfrió luego de que los artículos referidos a la desmonopolización de combustibles y el arrendamiento por parte de Antel de su infraestructura a privados fueron modificados, ya que una de las principales opciones era un referéndum sobre el capítulo de las empresas públicas.

Además, las fuentes reconocieron que promover una derogación sobre algunos de los artículos que integran el capítulo de seguridad no es una buena estrategia, teniendo en cuenta la posición de la opinión pública sobre el recrudecimiento de las penas para combatir la inseguridad. 

Entre las consideraciones de los dirigentes, uno de los aspectos principales es que el capítulo o artículos que se elijan para someter a consulta deben ser sencillos de entender para la población, de forma tal que se pueda salir a hacer campaña para convencer a las personas con argumentos claros. 

De todas formas, la intención siempre fue convocar –si es que se resolvía así– a una consulta popular en conjunto con el PIT-CNT y las demás organizaciones sociales que integran la Intersocial. 

Públicamente, la posición del FA es esperar a que se termine de votar la ley en el Parlamento para hacer un análisis pormenorizado sobre los artículos potencialmente derogables. 

En ese análisis también se tendrán en cuenta las acciones individuales que cada sindicato pueda hacer, por ejemplo, presentando recursos de inconstitucionalidad, algo que manejan los gremios de la educación respecto a los cambios que introduce la ley en el estatuto docente. 

El viernes pasado los diputados terminaron de votaron en la comisión especial la Ley de Urgente Consideración, que pasará al pleno el próximo 1° de julio para comenzar el debate, donde se espera una discusión más acalorada que la de los últimos días. 

Una vez que terminó la votación, la bancada de diputados del FA dio una conferencia de prensa en la que reafirmó su rechazo a la ley y las "consecuencias negativas" que traerá para el país. 

"No es una decisión que hayamos tomado como fuerza política. Nosotros vamos a esperar a culminar este proceso y analizaremos en conjunto con el Frente Amplio cuáles son las medidas que se van a tomar, no desestimando ningún recurso al cual apelar pero nos parece que teniendo el resultado final tendremos que ver", afirmó la exintendenta de Montevideo. 

Segundos después agregó que hay "algunos aspectos que han sido sacados de la Ley de Urgente Consideración" que podrían aparecer "en otras leyes" más adelante. 

Esta posibilidad también es manejada como un argumento por quienes entienden que no es estratégico agotar los esfuerzos al comienzo del gobierno, teniendo en cuenta que en los próximos meses se podrían enviar otras iniciativas como el proyecto de ley de medios. Lo que consideran en el Frente Amplio es que pese a no promover un referéndum en particular contra la ley urgente, sí podría plantearse la instancia más adelante.

El camino constitucional

Para convocar una consulta popular la Constitución de la República prevé dos caminos, tal como establece la ley 17.244. El primero establece la necesidad de juntar 25% de las firmas del total de inscritos habilitados para votar dentro del primer año de aprobada la ley que se pretende derogar. 

El otro prevé que dentro de los 50 días posteriores a la promulgación de la ley se presenten firmas en un número no menor al 2% de los inscritos habilitados para votar.

En este último caso, la ley establece que si la Corte Electoral aprueba las firmas la consulta popular se hará en los 45 días siguientes a la comunicación de la corte y se precisarán 25% de los inscritos habilitados para votar para aprobar la iniciativa. 

Tanto el FA como el PIT-CNT tienen claro que no pueden convocar a una consulta popular por separado y que además precisan del apoyo de la Intersocial. En febrero de este año el presidente de la central, Fernando Pereira, dijo a El Observador que convocar a una consulta de este tipo requiere "esfuerzos enormes", así como "muchos meses" de trabajo de por medio. 

“Que se puede hacer ya lo hemos demostrado”, señaló en relación al referéndum de 1992, para el que había 2.345.077 habilitados. La mayoría de los ciudadanos (1.293.016 contra 489.302) votó por derogar varios artículos propuestos en la Ley de Empresas Públicas. 

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