Camilo dos Santos

Relato falaz y pernicioso

Miradas miopes o malintencionadas dicen que el seguro de desempleo lo paga el Estado, sin puntualizar que las empresas son uno de los cofinanciadores de este beneficio social

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30 de marzo de 2020 a las 05:02

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El aumento inédito que hubo este mes en las solicitudes de seguro de desempleo ante el Banco de Previsión Social (BPS) es la punta del iceberg del parón que ya sufre la economía real como consecuencia de una política de confinamiento. Esta es tan necesaria para aplanar la curva de contagio del nuevo coronavirus como catastrófica para la economía, un enorme reto que el gobierno está gestionando muy bien. 

El presidente Luis Lacalle Pou está ejerciendo un liderazgo a la altura de las circunstancias en relación al dilema de hierro que enfrentan los gobernantes del mundo: intentar que la caída de actividad económica que genera el distanciamiento social –para evitar un aumento de los casos de la covid-19–, no contamine a toda la economía.

La economía está siendo golpeada violentamente por un huracán de alta intensidad –y que llegó sin aviso–, con vientos de una fuerza extraordinaria que hacen trizas los negocios de los cuentapropistas, de las pequeñas y medianas empresas y hasta de las compañías de primera línea. 

Las más de 42.000 solicitudes de seguro de desempleo que se presentaron en los primeros 22 días de marzo –una cifra histórica, según los datos estadísticos del BPS– nos hablan con crudeza sobre el freno repentino de la actividad empresarial. Todos los analistas económicos coinciden en que estamos en la puerta de una crisis mayúscula que recaerá como siempre en el sector privado, el gran generador de riqueza.

Miradas miopes o malintencionadas dicen que el seguro de desempleo lo paga el Estado, sin puntualizar que las empresas son uno de los cofinanciadores de este beneficio social. Y menosprecian que es un indicador elocuente de la pérdida de puestos de trabajo de las empresas privadas cotizantes y por tanto de sus ingresos.

El gobierno, con la intención de preservar todo lo que se pueda al castigado sector privado que, si no produce, no genera ingresos, propuso la creación del Fondo Coronavirus financiado con un gravamen durante dos meses a los altos sueldos de funcionarios públicos, sumado gobernantes y legisladores, utilidades de entes y bancos públicos, y préstamos de organismos multilaterales. Se estima que se recaudarán unos US$ 12 millones para atender las necesidades sociales y sanitarias del covid-19.

En los últimos días, se han escuchado voces prejuiciosas por parte de dirigentes de izquierda y del PIT-CNT que machacan con la idea de que “paguen los ricos”, los “grandes empresarios” o se grave al “gran capital”.

Aunque son ideas que no están contenidas en las propuestas formales que el Frente Amplio y el PIT-CNT presentaron al gobierno, no deja de preocupar un relato pernicioso que, en lugar de provocar un cortocircuito para evitar la retroalimentación de la crisis, lo termina amplificando en el sector privado de quien, además, dependeremos en la fase de recuperación de la economía. ¿Se olvidaron de las consecuencias de la crisis de 2002?

Y es un relato por demás falaz. Desconoce que el huracán del coronavirus se ensaña con comercios, fábricas, empresas en general, cuyos edificios ya sufrían de daños estructurales debido a los problemas de competitividad: altas tarifas públicas y una carga tributaria muy pesada para financiar un largo derroche fiscal que perjudica a todos, pero hoy especialmente el plan de contingencia del nuevo gobierno. 

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