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Reparación histórica: 91 personas trans accedieron a la reparación desde junio del 2019

La comisión especial reparatoria, que se encarga de resolver las solicitudes de quienes denuncien haber sufrido violencia institucional, recibió más de 180 peticiones
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31 de agosto de 2020 a las 05:03

La ley integral para personas trans aprobada en octubre de 2018 (Nº 19.684) estableció, entre otras medidas, el derecho a recibir una pensión vitalicia a aquellas personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y "que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado".

Entre el 13 de junio del año pasado - cuando se conformó la Comisión Especial Reparatoria encargada de evaluar las solicitudes- y el 14 de agosto de 2020, fueron 91 las prestaciones otorgadas, según confirmó a El Observador Luisa Rodríguez, directora de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Según el decreto que reglamentó la ley, la comisión se debe reunir cada 15 días y “extraordinariamente las veces que lo considere oportuno a solicitud de al menos tres de sus integrantes”. Dada la demanda, sus integrantes se están reuniendo con frecuencia semanal, “incluso más de lo que prevé la ley”, afirmó la directora.

Hasta el momento fueron 180 las peticiones tratadas por la comisión: además de las 91 que fueron otorgadas, tres fueron rechazadas y las restantes 86 están a la espera de ser resueltas. Rodríguez afirmó que la política del actual gobierno es continuar con la ley y hacerla cumplir y, en ese sentido, explicó que se encuentra trabajando en afinar un protocolo para garantizar las reparaciones. 

Federico Graña, anterior director de promoción sociocultural del Mides, manifestó que no puede hacer ninguna consideración de la actual administración porque “las evaluaciones se hacen con tiempo”. Además, afirmó que en su gestión se habían presupuestado 180 reparaciones, para lo cual se pensaba destinar un total de $ 21 millones. Graña aclaró que durante su mandato fueron 89 las pensiones otorgadas y más de 145 las entrevistas realizadas.

Violencia institucional

La ley estableció la “violencia institucional” como requisito esencial para poder acceder al régimen reparatorio: ya sea daño moral o físico, como el impedimento del “pleno ejercicio de la libre circulación” o las “prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado”. Todas constituyen razones legítimas para que las personas trans nacidas antes de 1975 puedan solicitar una prestación de tres bases de prestaciones y contribuciones mensuales de manera vitalicia.

Las dos formas más sencillas de presentar “pruebas fehacientes” para poder acogerse al subsidio son a través de la constatación del “fichaje” de esas personas por parte de los policías o, si no, los registros con actas y las anotaciones policiales que eran realizadas cuando se detenía a las personas trans, según manifestó Graña. Además, señaló que en muchas ocasiones se trataba a los transexuales de “pederastas pasivos”: personas que abusan de niños (pedófilos).

La razón para determinar que solamente sean quienes nacieron antes de 1975 los que puedan acceder a este subsidio se explica, según Graña, por el hecho de que en 1989 “entraron en desuso las razzias”. “Restamos el 89 con la edad de expulsión del hogar según el censo de las personas trans, que eran los 13 o 14 años. Entonces, si a 1989 le restás 14 años te da 1975”. 

“Víctima de la democracia”

Solange Nazario, mujer trans y directiva del Colectivo Trans del Uruguay, fue una de las que sufrió la violencia institucional. Nazario, quien accedió a la reparación en mayo de este año luego de ocho meses de haberla solicitado, declaró haber sido detenida y privada de su libertad “en varias ocasiones”.

La mujer trans contó a El Observador una de las tantas detenciones que vivió. “Yo no ejercía la prostitución, trabajaba en un 0900 por Tres Cruces y vivía por el Cerrito de la Victoria. Me iba caminando desde la zona de Tres cruces, cruzaba por los Cuernos de Batlle y de ahí iba hasta General Flores. Bueno, en ese trayecto no sabés cuántas veces me detuvieron en público, incluso yo con recibos de sueldo que indicaban que yo no ejercía la prostitución y igualmente iba detenida por 24 horas como pederastra”.

Nazario fue detenida por última vez en 2002, año en el que se reunió con el ministro del Interior de la época, Guillermo Stirling, para plantearle su preocupación por los arrestos que las personas trans sufrían, a los que definió como “cacería”. "Yo no entiendo por qué, si se ponen presos a los militares por tortura, por qué a esas personas que torturaban (pegaban, maltrataban, obligaban a las trans a tener relaciones sexuales con ellos) trans no se les hizo nada. No fuimos víctimas de la dictadura, fuimos víctimas en democracia”, sentenció. 

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