Dos trabajadoras paraguayas denunciaron a fines de diciembre por maltratos y
explotación laboral ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia al restaurante Viejo Marino, ubicado en la zona del puerto de Punta del Este, y a su dueño, Carlos Marrero. Ayer se realizó la audiencia de conciliación entre las partes en el ministerio, que concluyó sin acuerdo, lo que abre paso a demandas cruzadas.
Marrero anunció ayer que "demandará por difamación e injurias y daños y perjuicios en razón de la presión generada mediáticamente que derivó en la petición de US$ 30.000 por cada trabajadora para cesar la misma", según consta en el acta ministerial. El abogado del empresario, Pablo Correa, explicó a El Observador que las demandas serán contra "todo aquel que haya causado perjuicio a la imagen de la empresa afirmando hechos que son falsos, por ejemplo, que existía trata de personas, ya sean personas físicas, jurídicas o estatales".
Por su parte, la abogada de las dos paraguayas, Lucía Lorente, manifestó en la audiencia de conciliación que, a nivel laboral, sus defendidas reclaman "salarios impagos, horas extras, licencias, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido común y abusivo e incidencias, multa, daños y perjuicios". En contrapartida, el abogado alegó que "los trabajadores no cumplieron 14 jornadas de trabajo", sino que "trabajaron desde el 23 al 28 de diciembre, estando inscriptos en BPS y contando con cobertura médica, así como figurando en planilla del Ministerio de Trabajo". En cuanto al despido, el abogado manifestó que fueron renuncias.
Además del juicio laboral, la
Justicia especializada en
Crimen Organizado, a través del fiscal Gilberto Rodríguez y el juez Nestor Valetti, investiga si existieron delitos en el ingreso de las paraguayas y durante su permanencia en el restaurante.