Mes a mes, la cantidad de gente que hace uso de ese derecho ha venido aumentando: era muy baja al inicio de la cuarentena y fue creciendo hasta llegar a unos cinco millones de compradores en agosto. Existen incentivos poderosos para comprar esos dólares: el Central los vende al precio oficial de 79 pesos argentinos más el impuesto de 30%. Eso da un precio de 102 pesos por dólar, pero en el mercado paralelo se pueden revender por 130 a las “cuevas” de la City porteña.
Esa operatoria –un arbitraje clásico de la economía argentina conocido como “puré”- es demasiado atractivo como para dejarlo pasar. De a US$ 200, cada comprador puede hacer una ganancia neta de 6.000 pesos argentina, una suma importante en un momento de recesión aguda.
Y, claro está, también es un atractivo para las organizaciones financieras que operan el “puré” a gran escala, por la sencilla vía de contratar “testaferros digitales” que prestan su cuenta bancaria a cambio de una comisión. En los cálculos del Banco Central, una cuarta parte de los compradores no puede justificar ingresos como para comprar todos los meses su cuota de US$ 200.
Los planes no salieron de acuerdo a lo previsto
En definitiva, la dinámica de la compra de dólares por parte de los ahorristas estaba llevando a una situación de colapso seguro al Banco Central, que se fijó el objetivo de resistir las presiones para devaluar.
El diagnóstico de Miguel Pesce, presidente del Central es que esta vez, a diferencia de otros momentos históricos, el apetito por el dólar no está justificado por una situación real de atraso cambiario –de hecho, no hay déficit en la cuenta corriente- sino que todo obedece a una cuestión de expectativas.
Es por eso que los funcionarios desechan todas las sugerencias para incrementar la velocidad devaluatoria: creen que traerá más perjuicios que beneficios, dado que puede tener un impacto inmediato sobre la inflación, sin que necesariamente implique una ganancia de competitividad.
A la hora de evaluar las posibles soluciones, se consideró una propuesta hecha por economistas opositores, consistente en desdoblar el mercado. Es decir, mantener un dólar “barato” para las operaciones de comercio exterior, junto con otro a precio de mercado para el ahorro y el turismo. En otras palabras, legalizar el “blue”.
Pero, a la luz de experiencias históricas con cambio desdoblado, Pesce cree que eso, a la larga, llevará a una devaluación, en la cual el dólar comercial terminará confluyendo con el de mercado.
También hubo propuestas en el sentido de, lisa y llanamente, eliminar el cupo de US$ 200, llevando el “cepo” cambiario a su expresión máxima. El presidente Alberto Fernández parecía convencido de que no había otra alternativa, pero el ministro de economía, Martín Guzmán, lo persuadió de que no tomara esa medida impopular: le dijo que no sólo sería muy malo desde el punto de vista político sino que provocaría una explosión del dólar blue, y que eso se contagiaría a todos los precios de la economía.
JUAN MABROMATA / AFP
Para Guzmán, la presión cambiaria disminuiría en forma natural cuando el mercado decodificara las buenas señales de política económica. Su creencia era que el resultado exitoso del canje de la deuda, más el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, más el envío de un presupuesto relativamente conservador en materia fiscal, haría que el mercado calmara su ansiedad y canalizara parte del ahorro a instrumentos en pesos.
Pero los inversores no opinaron igual, y siguieron volcándose en masa a los dólares. Para colmo, los nuevos bonos resultantes del canje de la deuda no sólo no tuvieron el gran salto esperado por el gobierno, sino que hasta cayeron por debajo del precio que tenían al momento de su emisión.
En ese marco, los empresarios ejercían un fuerte “lobby” ante el gobierno para que se tomaran medidas restrictivas, con el argumento de que los dólares disponibles deberían ser canalizados prioritariamente para la compra de bienes de capital e insumos para la industria.
Fue así que los tiempos se aceleraron: el Banco Central impuso su punto de vista: había que adoptar ahora medidas, para impedir que en el próximo inicio de mes se volviera a producir otra avalancha de compradores que se llevaran más de US$ 1.000 millones.
Y, como si todo esto fuera poco, había otro incentivo: hasta ahora, el cierre de las fronteras como consecuencia de la política sanitaria contra el covid-19 había minimizado la demanda masiva de dólares para compras de pasajes aéreos y hoteles en el exterior, pero la perspectiva es que en pocos meses ese negocio se reactivará. El antecedente de 2019 marca que los argentinos que vacacionaron en el exterior se llevaron US$ 7.700 millones, mientras que los extranjeros que visitaron el país dejaron US$ 2.100 millones.
Restricciones, nuevos cargos y reacción del “blue”
Con esos datos a la vista –y con la convicción profunda de que la libre flotación cambiaria es inaplicable en un país de naturaleza bimonetaria como la Argentina- se decidieron las nuevas medidas. El objetivo es claro y simple: extremar los controles para darle más oxígeno al Banco Central.
Y generar, de manera encubierta, una devaluación para los ahorristas. El principal factor es el cargo de 35% a las compras dolarizadas mediante tarjeta de crédito. Técnicamente no es un impuesto, porque es un pago que se considera adelanto a cuenta de otros tributos como el impuesto a las ganancias o el de bienes personales.
Pero los antecedentes históricos marcan que, en los hechos, funciona como un impuesto. Esto lleva el valor del dólar a 130 pesos argentinos (79 pesos del precio oficial, más 24 pesos del impuesto más 27 pesos del nuevo cargo).
Y, además, toda compra dolarizada (por ejemplo, un pasaje de avión) será descontada del cupo mensual de US$ 200 permitido.
En lo que respecta a las empresas, el Banco Central sólo proveerá dólares para saldar deudas hasta un 40% del monto a pagar. El resto deberá refinanciarse, o la empresa deberá usar sus propias divisas.
Como era de esperarse, la medida generó una catarata de comentarios negativos por parte de los economistas. Casi todos referidos al desincentivo que estas medidas implican para la radicación de inversiones, justo en un momento en que se produce una salida en masa de empresas extranjeras que deciden desarmar sus operaciones en el país.
Pero acaso la respuesta contundente la haya dado el propio mercado financiero en pocos minutos: el dólar blue, que el día anterior había cerrado a 130 pesos argentinos la jornada previa a las medidas, ya se disparó a 145. Es decir, la brecha con el “nuevo” dólar oficial, que estaba en 26% y alentaba el “puré”, ya se ubicó en 12% en apenas minutos. Y la previsión es que continuará con un fuerte impulso al alza.
Mientras tanto, los argentinos, ya con una larga historia en estas turbulencias, adoptan su conducta clásica en este tipo de situaciones: ante la perspectiva de que las cosas puedan salir mal, se defienden comprando más dólares.
El turismo de argentinos en Uruguay, más caro
El impacto sobre el turismo de argentinos en Uruguay será inevitable. A los 1,8 millón de argentinos que vacacionaron en el país –la mitad del turismo total recibido el año pasado por Uruguay- les resultará más caro el viaje.
Todo argentino sabe que, por más que haya zonas del país en que se acepte el peso argentino, siempre le convendrá ir con dólares en la mano. Los números de las casas de cambio son de una elocuencia que exime de comentarios: por cada peso argentino reciben 0,16 uruguayos, mientras que si, por el contrario, un uruguayo quiere comprar pesos argentinos, se lo venden a 0,61. Dicho en otras palabras, para un argentino que vaya a Uruguay con pesos, la cotización es de $291 por dólar.
Ir a Uruguay con dólares implica dos vías: si lo compra en el mercado oficial, ahora le saldrá un 27% más caro –por efecto del nuevo recargo-, o más todavía si debe comprarlos en el mercado informal. La probabilidad de que un argentino deba recurrir al blue es alta, dado que, en los hechos, habrá un cupo anual de US$ 2.400 por persona, dado que a la cuota mensual se restará todo pago con tarjeta de crédito hecha en el exterior o en la contratación de paquetes turísticos (incluyendo transporte y alojamiento).
