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Restricciones en Argentina, condicionadas por la disputa electoral y la crisis económica

Se trata de medidas suaves pero aun así, hay un movimiento de desobediencia civil. El kirchnerismo culpa al macrismo por sabotear la política sanitaria, mientras debate si deben volver los planes asistenciales millonarios

Varios sectores se oponen a un nuevo cierre de actividades en Argentina

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12 de abril de 2021 a las 17:39

Como en todos los países del mundo, la Argentina está preocupada por el efecto de la segunda ola de contagios del Covid. Pero, a diferencia de lo que ocurre en los otros países, aquí todo el debate excede lo meramente sanitario y aparece atravesado por el hecho de que este es un año electoral.

En definitiva, el debate sobre las nuevas medidas restrictivas para tratar de bajar la tasa de contagios (ya en un nivel por encima de 20.000 casos diarios) se transformó, una vez más, en una discusión con más componentes políticos que sanitarios.

El gobierno de Alberto Fernández ya había llegado a la conclusión de que, por grave que fuera la situación, era imposible retornar a una cuarentena estricta -la “fase 1” en la que deben cerrar todos los comercios e industrias y sólo pueden circular quienes trabajan en servicios esenciales- porque simplemente no había consenso social para ello.

El costo económico de esa decisión fue más grave en Argentina que en el resto de los países -con una caída de 10 por ciento en el PBI y la pérdida de un millón de puestos de empleo, algo que se terminó de confirmar en toda su gravedad con la publicación del último dato de pobreza: 42 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza, y de esos un 10 por ciento no tiene ingresos para cubrir una canasta alimentaria-.

De manera que dentro del propio gobierno había una disyuntiva. Por un lado el “ala sanitarista” temía por el colapso del sistema sanitario, mientras que por otra parte el “ala económica” no está dispuesta a sacrificar las señales de recuperación en la actividad y en el ingreso de impuestos.

La conjunción de estas dos posturas no fue fácil, sobre todo porque todas las decisiones se toman con el calendario electoral en mente. El cronograma prevé que en agosto se realicen las primarias de los partidos (PASO) y en octubre las legislativas. Algo que se está tratando de cambiar.

Ya un grupo de gobernadores provinciales había propuesto suspender las PASO, con el argumento de que el dinero previsto para organizar esa elección se podría destinar a ayuda social. La oposición se mostró en desacuerdo. Entonces, el peronismo propuso que se realizaran, pero al menos con un mes de retraso, para evitar la aglomeración de votantes en el peor momento invernal.

Restricciones, vacunas lentas y calendario electoral

También esa propuesta fue rechazada por la coalición opositora que lidera Mauricio Macri. El argumento es que, en realidad, el gobierno busca una forma de atenuar el impacto de su fracaso en la campaña vacunatoria. Recién hay cuatro millones de personas vacunadas (sobre una población de 45 millones), cuando la promesa original era que en febrero habría 10 millones de vacunados.

Para colmo, ante la lentitud en el proceso de vacunación, las autoridades tomaron la decisión de diferir la segunda dosis, de manera de poder cubrir a más personas con la primera vacuna. Esto lleva a que, de los cuatro millones vacunados, muy pocos tienen la inmunización completa.

Y, por supuesto, en el medio de toda esta polémica estuvo el escándalo del “vacunatorio VIP, que supuso que funcionarios o allegados al kirchnerismo, incluyendo a jóvenes veinteañeros, se “saltearan la fila” para recibir su dosis antes de tiempo.

Y, además, hay críticas por la forma en que el gobierno rompió relaciones con Pfizer después de haber sido uno de los países donde se realizaron los test voluntarios en la fase de prueba, y también por los problemas en la recepción de la vacuna de AstraZeneca, a pesar de que un laboratorio argentino participó en la producción del principio activo.

El macrismo está decidido a explotar a fondo estos problemas del gobierno y, por eso, se opuso a la aplicación de las nuevas restricciones, a las que considera poco más que una cortina de humo para ocultar las fallas logísticas en el proceso de vacunación.

Las nuevas medidas son relativamente suaves. No implican el cierre de comercio ni de fábricas ni suspenden las obras de construcción, pero sí ponen limitaciones al transporte público. Y, sobre todo, limitan las reuniones sociales. Para ello, se suspendió la actividad de clubes nocturnos y teatros, se limitó la actividad de gimnasios, se obligó a los restaurants y bares a cerrar a las 23 horas, y se impusieron medidas de aforo para evitar la aglomeración. No se suspendieron las clases en los colegios, aunque los empleados estatales siguen con teletrabajo.

Guerra comunicacional para culparse de los contagios

En comparación con la cuarentena estricta vivida el año pasado, son medidas suaves, pero aun así se notó un rechazo por un grupo que no cree en su efectividad para limitar los contagios y que, además, argumentan que empeorarán la situación económica. Además, argumentan que el propio gobierno contribuyó a aglomeraciones, como ocurrió con el velorio masivo de Diego Maradona e incluso con concentraciones políticas.

Un comunicado del macrismo calificó las medidas como “excesivas y mal calibradas”.

El rechazo ya se corporizó en las primeras manifestaciones de rebeldía, con llamados a concentraciones en plazas a las 12 de la noche (cuando rige el toque de queda) y una campaña nacional de desobediencia civil.

El resultado fue un agravamiento de la grieta política, con acusaciones mutuas entre el macrismo y el kirchnerismo. Es así que, tras un comunicado de la coalición opositora, que acusa al gobierno de aprovechar la pandemia para ver si puede mejorar sus chances electorales con un cambio de cronograma, el kirchnerismo respondió con dureza.

“Se niegan a tomar medidas para cuidar a la gente”, afirma un comunicado de La Cámpora, titulado “Ante la perversidad y mezquindad, más trabajo y solidaridad”.

Pero el tramo más fuerte es que afirma que la actitud opositora “sólo puede partir de mentes perversas que buscan el colapso del sistema sanitario y usan el odio para dividir a la sociedad”.

La situación parece clara: ambos bandos tratan de culparse mutuamente por el agravamiento de la situación sanitaria, y en los dos grupos están atentos a lo que afirman las encuestas.

Según un sondeo de la firma Management & Fit, el 58,9% de los encuestados manifestó que no confía en que el Gobierno nacional pueda llevar adelante una campaña de inmunización “justa y equitativa”, lo cual refleja el impacto político que tuvo el escándalo del “vacunatorio VIP.

Pero, al mismo tiempo, refleja que la desconfianza inicial que había respecto de la vacunas -sobre todo la de procedencia rusa- ha disminuido, de forma tal que un 73% dice que quiere vacunarse, cuando a fin de año apenas un 36% lo aceptaba.

Para el gobierno, ese dato es clave. Por eso su consigna es “vacunar, vacunar y vacunar”, según afirma el comunicado de La Cámpora.

 

La pelea interna por los recursos fiscales
Pero el otro factor fundamental en el debate es el económico. Y ahí también hay otra pelea, que no es tanto entre el gobierno y la oposición sino interna dentro del peronismo. Hay un ala moderada, liderada por el ministro Martín Guzmán, que no está dispuesta a que las nuevas medidas alteren su plan.
Para empezar, la optimista revisión al alza de los números, que llevó a subir el pronóstico de crecimiento económico desde un 5,5 por ciento a un 7 por ciento, está fundado en el supuesto de que la industria, el comercio y la construcción funcionarán “a full”.
Y, por otro lado, sostiene que ya no hay margen para repetir los programas de asistencia del año pasado, que supusieron un subsidio a nueve millones de desocupados y, además, el pago de la mitad del sueldo para las empresas en situación más problemática. Esos programas tuvieron un costo de cuatro puntos del PBI y llevaron el déficit primario a un 6,5 por ciento.
Guzmán no quiere saber nada con reflotar esos programas, pero desde el kirchnerismo se está haciendo oír cada vez más fuerte la protesta por el excesivo celo fiscalista del ministro. Es una queja que se intensificó luego del último dato de pobreza y que ahora, con el agravamiento de la pandemia, ya directamente tomó la forma de reclamo.
Se critica, por ejemplo, que se haya beneficiado a los asalariados de clase media alta con un alivio impositivo pero que no haya disposición a diseñar nuevos planes de asistencia, aun cuando la recaudación impositiva está subiendo.
Guzmán cree que un desvío fiscal no sólo arruinaría sus chances de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que podría acelerar peligrosamente la inflación.
De todas formas, el ala más dura del kirchnerismo está avanzando para atenuar el impacto económico de las nuevas medidas. Tanto que ya se da por descontado que no habrá subas de tarifas en los servicios públicos hasta después de las elecciones, cuando Guzmán aspiraba a una suba de no menos del 20 por ciento.
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