Cuando a comienzos de año se produjo el cierre de dos empresas lácteas –Ecolat y Schreiber– desde el ámbito sindical y político se levantaron voces que cuestionaron el régimen de promoción de
inversiones que tiene el país, y pusieron sobre la mesa la necesidad de considerar modificaciones. El argumento era que las firmas habían gozado de beneficios fiscales dados por el Estado y que, una vez que tomaron la decisión de abandonar el país, bajaron la cortina sin muchas explicaciones.
La importancia de ese tipo de inversiones es clave para el empleo en la mayoría de los departamentos y el cierre de una industria muchas veces termina pegando fuertemente en la actividad de ciudades y pequeñas localidades que dependen en buena parte de esa fuente laborale.
Al igual que ocurre a nivel nacional, cada uno de los departamentos ofrece beneficios para captar a los inversores cuando tienen planes de instalar una nueva empresa, pero también sanciones en caso de incumplimiento. Es el caso de la intendencia de San José que en los últimos días modificó la reglamentación del decreto que establece las condiciones para declarar una iniciativa empresarial de interés departamental.
La nueva reglamentación prevé la ampliación de beneficios para inversiones que se concreten en 2016 y también establece sanciones más duras para las empresas que se retiren del departamento antes de los 10 años de instaladas. En esos casos deberán reintegran todos los beneficios recibidos, que van desde exoneraciones en la contribución inmobiliaria, exoneraciones de patente, aportes de maquinaria, personal y donación de materiales. Cada vez que se realice un aporte de este estilo, el gobierno cotizará el trabajo realizado y el mismo deberá ser reembolsado en caso de no cumplirse con el proyecto de la manera acordada.
El intendente de San José, José Luis Falero explicó a El Observador que se busca prevenir situaciones que puedan darse con empresas que ya recibieron beneficios y pretendan vender o cerrar sus instalaciones antes de los plazos acordados al momento de ser declaradas de interés departamental. "Queremos empresas estables. De cierta forma es una salvaguarda de las inversiones golondrinas", dijo.
Al mismo tiempo, existe la idea que el fondo que se genere con esas reliquidaciones se vuelque luego a emprendimientos de autogestión, que sean promovidos por trabajadores que se hayan visto afectados por el incumplimiento de las empresas.
La reglamentación del proyecto es resorte exclusivo del gobierno departamental y previo a su promulgación se realizaron consultas con diversos actores políticos y sociales, como la Junta Departamental y el Plenario de Trabajadores Maragatos, informó la
intendencia.
La llegada de nuevas inversiones en un momento de
desaceleración de la economía es uno de los objetivos principales que persigue actualmente el gobierno.
De hecho el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la semana pasada que habrá nuevos incentivos para las empresas que se decidan a invertir en el país en lo que resta de 2015 y principalmente en 2016, tanto en lo que refiere a la presentación de proyectos como su consolidación.
Una buena parte de los analistas esperan que en 2016 la desaceleración de la actividad sea mayor y que la situación de los países vecinos como Brasil y Argentina no ayude.
