Se afianzan pagos electrónicos a través de celulares e internet

Entre los consumidores uruguayos se sigue procesando en forma gradual un cambio en la forma de hacer los pagos. Ello se refleja en un mayor uso de medios electrónicos, que lentamente comienzan a reemplazar el uso de efectivo y otros medios de pago físicos, como el cheque. Esa tendencia también se observa en los canales que permiten realizar pagos electrónicos a través de los dispositivos celulares e internet.

Los pagos móviles habían sumado 282 mil en el primer semestre de 2014 por un monto US$ 15 millones. Tres años después los números son muy distintos. Entre enero y junio de este año se realizaron por esta vía 1,1 millones de operaciones por US$ 119 millones, según el informe del Sistema de pagos minorista divulgado este jueves por el Banco Central (BCU).

Las transacciones móviles son los que se inician desde un dispositivo por una instrucción de pago enviada por el titular mediante mensaje a la institución donde tiene radicada su cuenta.

Esta modalidad presenta un gran potencial de crecimiento a partir de la fuerte penetración de los dispositivos móviles en la vida cotidiana de las personas. A eso se suma un cambio de hábito de pago en lo usuarios, que se asienta en la adaptación gradual a estas nuevas tecnologías y en la familiarización paulatina con el concepto de billetera móvil, según explica el BCU.

El año pasado había 5,4 millones de celulares activos, según los últimos datos divulgados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec). En tanto, el número de celulares con acceso a banda ancha completó siete años al alza y pasó de poco más de 453 mil en 2010 a 3,5 millones el año pasado (64% del total).

Los datos publicados por el BCU reflejan solo una porción del mercado total de pagos móviles, a partir de la información enviada por una institución de intermediación financiera, dos proveedores de servicios de pagos con tecnología digital y una empresa de telefonía móvil.

Los números también muestran un crecimiento en las operaciones de pago de bienes y servicios realizados a través de los servicios de banca por internet y de las terminales específicamente diseñadas para ese fin, en las que el usuario ingresa de manera directa al sitio web del banco, al sitio del proveedor de servicios de pago o al establecimiento comercial.

En los primeros seis meses del año el total de operaciones procesadas fue de algo más de 5 millones, por un monto de US$ 4.664 millones. Un año antes la cantidad de operaciones había sido de 3 millones por un monto total de US$ 2.995 millones. La operativa informada por el BCU corresponde a datos proporcionados por Urutec, Banred, Sistarbanc y DeRemate.

"Los consumidores en el mundo cada vez usan menos efectivo y más medios electrónico, ya no solo la tarjeta. El celular está llamado a ser la herramienta principal en el muy corto plazo", afirmó este viernes el coordinador del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Marín Vallcorba. Durante una conferencia organizada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el jerarca repasó los resultados alcanzados desde que se aprobó la ley en 2014. También dedicó algunos minutos a "aclarar mitos" sobre el pago de remuneraciones, uso de medios electrónicos y limitaciones al uso de efectivo, que según dijo han sido la base del debate que se generó en las últimas semanas.

La oposición política y las cámaras empresariales –principalmente del interior del país– apoyan la recolección de firmas para modificar la Constitución y derribar parcialmente la ley de Inclusión Financiera a través de un plebiscito con las elecciones nacionales de 2019.

El argumento de los que van contra la ley es que esta vulnera el principio de libertad de elección, al impedirle al trabajador cobrar su salario en efectivo. Algunos comercios apuntan contra la obligatoriedad de aceptar tarjetas, algo que no está previsto por la ley.

Con ese debate de fondo, el gobierno se apresta a instrumentar un último aspecto de la ley. Se trata de las restricciones para uso de efectivo para el pago de toda operación de enajenación de bienes cuyo importe total sea superior a 40 mil UI ($ 145 mil), y para el uso de cheques comunes que superen las 160 mil UI ($ 569 mil).

"Habilitaríamos por un tiempo la posibilidad de que se sigan utilizando cheques diferidos que pueden ser endosables y que por lo tanto pueden seguir siendo utilizados como un medio no solo de pago, sino también de financiamiento por parte de las empresas", dijo Vallcorba a El Observador.

En paralelo, el gobierno trabaja en un proyecto para reglamentar las transferencias diferidas electrónicas.

Estas restricciones para el uso de efectivo entrarán a regir el 1° de enero de 2018, tras haber sido aplazadas en más de una oportunidad.