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Sector público: cómo se organizan para prevenir el contagio de coronavirus

Las medidas y la situación entre una dependencia pública y otra es disímil 

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17 de marzo de 2020 a las 17:58

Para contener la propagación del coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou exhortó a los titulares de cada organismo público a modificar las condiciones de trabajo. Está en manos de los jerarcas la instrumentación del teletrabajo cuando sea posible, al igual que la reestructuración de las condiciones laborales para evitar la aglomeración de personas y usuarios en las oficinas estatales. 

En todo el inciso de Presidencia de la República, por ejemplo, desde que rige la emergencia sanitaria se está usando un sistema desarrollado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para implementar el trabajo remoto. Es una aplicación georreferenciada que permite que los funcionarios de Presidencia "marquen tarjeta" y desempeñen su labor diaria, explicó a El Observador el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. 

De un modo similar está funcionando el régimen de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que en respuesta a la exhortación de Lacalle Pou, el canciller Ernesto Talvi también instrumentó el trabajo a distancia para los funcionarios de la cartera. 

Sin embargo, el decreto firmado el 13 de marzo no determina cómo debe ser el régimen y las condiciones de trabajo en tiempos de contención de la pandemia. Y esto llevó a que en las últimas horas se manifestaran –e incluso pararan– funcionarios agremiados de algunos organismos, para exigir que sus superiores adoptaran medidas para preservar su salud en el lugar de trabajo.  

En la agenda de las autoridades del Poder Ejecutivo está "pendiente" una "reunión de coordinación". Ramos explicó que si bien no hay una fecha prevista para ello, en el encuentro intentarán ir un paso más allá de la exhortación hecha este sábado, para asegurar que se cumplan a rajatabla las nuevas condiciones laborales.

Desde hace días el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) analiza la posibilidad de suspender o limitar la atención al público en las oficinas estatales. Una de las ideas es decretar la obligatoriedad del teletrabajo cuando sea posible, sin que esta limitación resienta la economía. Pero hasta que esto no pase, sigue siendo responsabilidad de los jerarcas de cada organismo la implementación de las medidas precautorias. 

Como titular de la dependencia que supervisa los recursos humanos del Estado, Ramos ha recibido las inquietudes de muchos jerarcas. "A un funcionario que estuvo cuidando a una persona en cuarentena, ¿debería mandarlo a la casa?", fue una de las preguntas que le hicieron al exdirigente del Partido Independiente en los últimos días. 

Ramos explicó que para responder se basa en la comunicación oficial de Presidencia y en las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que guían la política sanitaria de Uruguay. Sin embargo, aseguró que el control de la "exhortación" hecha por Lacalle Pou depende fundamentalmente del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. 

Los titulares de estas carteras no atendieron a El Observador. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud Pública no estaban al tanto de que existiera un seguimiento específico al cumplimiento de la exhortación hecha por el Poder Ejecutivo al sector público.

¿Qué decidió cada jerarca?

A partir de este miércoles, las intendencias de Montevideo y Canelones no atenderán al público en ninguna de sus oficinas. En la capital, para asegurar el debido funcionamiento de los servicios básicos de la ciudad –como la limpieza y el saneamiento– los funcionarios municipales trabajarán en régimen de guardia.

Ya el lunes la comuna había exonerado a los trabajadores que entran en la categoría de población en riesgo, como las embarazadas, los que tienen más de 60 años o padecen enfermedades respiratorias, según informó El País.

Sin embargo, hasta este martes los trabajadores capitalinos nucleados en Adeom denunciaron que había funcionarios certificados por sus médicos para permanecer en cuarentena que igual eran obligados a ir a trabajar, dado que la IMM no les otorgaba la licencia médica correspondiente. 

En el resto del país, los intendentes adoptaron distintos criterios de acuerdo a la realidad del departamento. El intendente de Salto, donde se detectaron dos casos de coronavirus, firmó una resolución que habilita a cualquier conductor con permiso para conducir ómnibus a manejar el transporte colectivo si los funcionarios municipales se niegan. Los municipales que adopten esa actitud podrán ser sancionados hasta por cinco días. 

El secretario general de la Intendencia de Salto, César Sánchez, dijo que la comuna resolvió esta medida a partir de que los funcionarios municipales agremiados no aceptaran reunirse con el intendente Alejandro Noboa para garantizar el normal funcionamiento del servicio.  

En las empresas públicas también se redujo el contacto en el personal. Tanto en Antel como en UTE y en Ancap, una cantidad considerable de funcionarios trabaja desde su casa, lo que supuso el descongestionamiento de las oficinas. Además, los directorios acordaron pautas sanitarias básicas para prevenir el contagio. 

Distintas es la situación de OSE, según los funcionarios, quienes este martes iniciaron un "paro preventivo" para exigirle al directorio "señales e instrucciones claras de cómo trabajar en el marco de la emergencia sanitaria", según reclaman en uno de los videos que en las últimas horas difundió la Federación de Funcionarios de OSE. 

Es un pedido similar al de los funcionarios sindicalizados del Banco de Previsión Social (BPS), que este martes convocaron a un "paro sanitario general de 24 horas" ante la supuesta falta de mecanismos que el directorio de la institución adoptó para resguardar la salud de los trabajadores. 

El paro sanitario fue definido después de una reunión bipartita celebrada este lunes entre representantes del sindicato y del directorio del BPS, que tuvo como eje temático las medidas para resguardar la salud de los funcionarios y de las personas que acuden al organismo, muchas de ellas consideradas población de riesgo ante la propagación del coronavirus. 

También los funcionarios del Poder Legislativo se adaptan al nuevo régimen de trabajo. La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, se reunieron con el director general de Salud, Miguel Asqueta, para unificar el protocolo que elaboró la secretaría de Estado y el plan diseñado por el Servicio Médico del Parlamento. 

El jefe del servicio, Claudio Varacchi, dijo que el plan para el Parlamento había sido hecho con base en la epidemiología mundial y los protocolos internacionales, según informó Presidencia. 

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