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Seguridad social: maestros, policías y militares mantendrán “bonificaciones” y cajas convergerán a sistema único en 20 años
Sin medir el costo político, y sabiendo que el tema insumirá el semestre y quizás más, el presidente Luis Lacalle Pou presentará este miércoles el borrador de la reforma de la seguridad social a los líderes de la coalición.
El texto fue elaborado por Rodolfo Saldain, quien hasta anoche estaba terminando de “peinar a la novia”, tal como transmitió a integrantes del Poder Ejecutivo que lo consultaron acerca de los últimos cambios al proyecto.
El gobierno busca tener el respaldo de los partidos socios de la coalición y también aspira a que los cambios más importantes que pueda haber se realicen antes de enviar el proyecto al Parlamento. Se trata del mismo mecanismo que implementó con la LUC y tiene como objetivo lograr un mayor control a las modificaciones, sabiendo que igual habrá artículos que quedarán por el camino en la discusión parlamentaria.
Ayer, Lacalle Pou se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón en la Torre Ejecutiva para analizar el tratamiento parlamentario del proyecto.
En una rueda de prensa consignada por los canales de televisión, Argimón dijo que el gobierno seguirá “muy de cerca el proceso” y que buscarán “avanzar desde lo partidario”. “La posición de los partidos es muy importante teniendo en cuenta que es un tema de Estado que nos involucra a todos”, expresó.
Los cambios
El borrador de la reforma –que incluirá a todas las cajas– eleva a 65 años la edad de jubilación mínima aunque no abarca a todos los trabajadores: los rurales y los de la construcción tendrán una excepción y no subirán su edad.
El Ejecutivo analizaba hasta la noche de este martes si subía 5 años la edad a los militares combatientes que tienen retiro obligatorio; si mantenía en 60 años la de los policías ejecutivos y la de los maestros, aunque estos últimos no tendrían derecho al "suplemento" hasta los 65.
Profesores, maestros, policías y militares —entre otros— que están en una lista de "actividades bonificadas" mantendrán los beneficios de cómputo con los que cuentan al día de hoy, según confirmó El Observador con fuentes técnicas y del gobierno.
Esto supone que los militares, por ejemplo, mantengan el cómputo de un año bonificado por cada 5 años de servicios efectivos (conocido como 6x5) y los policías el de 7 años computados por cada 5 de prestación efectiva (7x5).
Las actividades bonificadas son aquellas en las que las personas tienen trabajos “peligrosos” o se exponen a riesgos “especialmente severos”. El proyecto propone la revisión general del régimen de bonificaciones para sustentarlo en “supuestos válidos y evitar distingos que lesionen el principio de equidad”.
La CESS había recomendado esto en su informe señalando que “el cómputo especial se extiende a períodos que no lo justifican, por no existir exposición al riesgo, tales como pases en comisión y otras situaciones no justificables”.
“Los servicios bonificados deberían compensar el perjuicio que una actividad provoca a lo largo del tiempo sobre la salud del trabajador. Este instrumento debería ser residual y contemplar aquellas actividades en las que las medidas de salud en el trabajo y la tecnología haga imposible suprimir o mitigar sustancialmente el impacto en la salud, en base a mediciones cuantitativas”, dice el documento.
La edad de jubilación de las personas que nacieron antes del 1º de abril de 1966 no se modificará y empezará con los nacidos en 1967. La CESS había dado esta opción y otra más conservadora que suponía comenzar con los nacidos en 1971.
La reforma comenzará a regir cinco años después de ser aprobada con un régimen de transición hacia los 65 años. De esta forma, si se aprueba este año, los de 1967 se jubilarán a los 61 años en 2027. Los nacidos en 1968 se jubilarán a los 62 en 2029, los de 1969 a los 63 en 2031, los de 1970 a los 64 en 2033 y los de 1971 a los 65 en 2035.
Los servicios técnicos estimaron que al tomar la opción de transición más temprana, los impactos más relevantes a nivel del BPS comenzarán a verse a partir de 2030, con una mejora del resultado del régimen general que iría creciendo desde aproximadamente 0,3% del PIB hasta 0,8% del PIB en 2036.
A su vez, el Ejecutivo estableció un período de 20 años para que todas las cajas converjan de forma progresiva hacia un Régimen Jubilatorio Común diseñado sobre la base del “principio de igualdad”.
Se busca que todos los uruguayos tengan las mismas reglas cualquiera sea la “caja” a la que aporten aunque reconociendo las diferencias que tengan un fundamento sólido y proporcional.
El texto también establece un aumento global de las jubilaciones mínimas y que ninguna persona gane menos de lo que se proyecta ahora. “Los más vulnerables van a cobrar significativamente más de lo que cobran hoy y los de menores ingresos (los primeros cinco deciles de ingresos) tendrán un beneficio mayor que el actual”, fundamentará el gobierno.
Lacalle Pou ha dicho que la reforma es “buena” y que la población entenderá la necesidad de aprobarla si se le explica de forma correcta la urgencia que tiene el país por encontrar una solución de esta índole. El Ejecutivo tiene el resultado de una encuesta encargada que señala que el 70% de los uruguayos cree que el sistema de jubilaciones debe ser reformado y muchos ven que es injusto.
El presidente también ha dicho que es necesaria porque lo que está en juego es el futuro de los “hijos” de esta generación y que la oposición debería apoyarla porque los principales líderes ya han expresado la urgencia por modificar el sistema.
Comunicación
Una vez que se conozca el texto, desde el gobierno se intentará transmitir que la reforma amplía derechos para generar más igualdad en un marco de sustentabilidad.
A su vez se dirá que cada peso aportado rinde distinto según la “caja”, y que eso genera desigualdad en los beneficios que pueden obtenerse. En base a eso es que el oficialismo plantea que el sistema debe hacerse más flexible, sostenible y justo para que la “mochila” que tengan que cargar los jóvenes no sea tan pesada.
Desde el gobierno también se enfatizará el descenso proyectado de la población y el aumento en la esperanza de vida, lo que hace que se viva más y mejor y que la población de mayor edad aumente mientras que la joven disminuye.
También se insistirá en que el nuevo régimen da "más libertad", ya que universaliza el derecho a iniciar una actividad laboral o mantener una actividad diferente por la que se jubiló la persona.
