El Senado aprobó el proyecto por el que los debates entre candidatos que lleguen al balotaje deberán ser obligatorios y dio así sanción definitiva, lo que lo convierte en ley. Blancos y colorados resolvieron no apoyar el proyecto porque consideraban que se necesitaba mayoría especial porque se trata de una legislación electoral.
El senador nacionalista Javier García argumentó que los debates no pueden ser "fruto de la obligación" porque no se puede limitar el derecho de una persona a no querer debatir. García remarcó que no apoyar el proyecto de ley no implica que el Partido Nacional no esté de acuerdo con los debates. Por el contrario, el senador recordó que el candidato blanco Luis Lacalle Pou tiene previsto debatir con el oficialista Daniel Martínez previo a las elecciones del 27 de octubre. "El candidato del Partido Nacional sin necesidad de ninguna ley va a participar ahora y, si nos toca, en la segunda vuelta", dijo.
Por su parte, el colorado Pedro Bordaberry sostuvo que puede llegar a ser inconstitucional porque, a su entender, a los candidatos a presidentes se les agrega un nuevo requisito para serlo que es que en caso de llegar a la segunda vuelta, tenga que debatir obligatoriamente. El senador dijo que cree que el proyecto es "discriminador" porque no todas las personas tienen condiciones para debatir. En esa línea, ironizó con que cada vez escucha menos y dijo que si en cinco años quiere candidatearse nuevamente tal vez no pueda debatir porque escuchará todavía menos.
"Estamos dejando a los sordos y mudos fuera de la candidatura a la Presidencia. Estamos en desventaja. Se está poniendo en una situación de desventaja frente a otro", dijo. En la misma línea que García, Bordaberry consideró que la ley ahora aprobada coarta la libertad de los candidatos cuya estrategia política para ganar las elecciones puede o no incluir una instancia de debate.
El proyecto aprobado, presentado en su versión original por el diputado Fernando Amado, establece que el debate se hará en horario central de la televisión, en cadena nacional y no podrá durar más de dos horas. La Corte Electoral se encargará de su organización y deberá acordar quién será el periodista elegido para conducirlo. La sanción para aquel candidato que se niegue a debatir será la retención del dinero que paga el Estado por cada voto recibido en una eventual segunda vuelta.
El texto final tiene varias diferencias con la primera versión que proponía la obligatoriedad de cara a estas elecciones nacionales de octubre y la conformación de dos grupos específicos de candidatos para diseñar los cruces.
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