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Senador de Cabildo Abierto dice que procesamiento de militar "atenta contra el estado de derecho"
El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, coronel retirado, respaldó este martes al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que el jueves de la semana pasada manifestó su "preocupación" y la del presidente Luis Lacalle Pou por el procesamiento con prisión del militar retirado Leonardo Vidal –quien en julio de 1972 asesinó al militante tupamaro Nelson Berrreta– a 48 años de cometido el delito.
El 14 de julio de 1972, el teniente coronel Sergio Velazco ordenó a sus subordinados que le dispararan a Berreta, y el entonces soldado Vidal cumplió. Abrió fuego varias veces y una de esas balas se incrustó en la espalda de Berreta, que había intentado fugarse esposado, lo que provocó su muerte. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento y la Justicia accedió el 10 de junio.
"Como dijo el ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García, ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? ¿Es acaso eso justicia, es el estado de derecho que queremos?", se preguntó Lozano este martes, en una breve intervención durante la media hora previa del Senado.
"¿Los legisladores podemos permanecer callados, con un silencio cómplice, permitiendo sumisamente esta clara persecución ideológica de venganza, que en nada tiene que ver con justicia? No, señora presidente. No nos quedaremos callados, deberemos estudiar, analizar y modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos", exclamó el legislador, que pidió que sus palabras fueran remitidas a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
"''Esta justicia tiene hedor a venganza', dijo el senador (José) Mujica años atrás, en la misma línea que la doctora (y exministra de Defensa) Azucena Berruti, que dijo se les condena sin tener pruebas. Si en estos precisos momentos un recluso está fugándose de un establecimiento penitenciario y el soldado cumple con su deber, ¿dentro de 50 años lo irán a mandar preso? ¿El soldado en vez de cumplir con su misión debe hacerse el distraído mirar para un costado y dejar escapar al recluso, evitando así problemas con la Justicia?", dijo.
Y agregó: "Seguramente también será en este caso sancionado debido a la rígida disciplina del Ejército, pero no irá a la cárcel. ¿Lo vamos a obligar a que tome esa inmoral, indigna y deshonesta determinación? ¿La tripulación de una aeronave que derribe, previa orden del presidente de la República, a un avión de narcotraficantes dentro de unos años será enviada a prisión? ¿Al soldado que desempeña hoy funciones en la zona fronteriza, acorde con la ley, que en un enfrentamiento llegare a matar a un narcotraficante, podrá en el futuro ser considerado un delito de lesa humanidad?".
Para Lozano, el procesamiento de Vidal es un "hecho muy grave que atenta nuestro estado de derecho". "El 14 de julio de 1972 un terrorista, guerrillero o luchador social, como quiera llamársele, integrante del aparato militar, se ofrece a colaborar y marcar locales de funcionamiento de la organización subversiva. El detenido es llevado a señalar dos posibles lugares. Intentando fugarse, empieza a correr, recorriendo unos 30 metros, se le da la voz de alto, el oficial dispara dos tiros de advertencia y luego un joven soldado, cumpliendo la orden del oficial a cargo, dispara una ráfaga alcanzando al detenido siendo constatada posteriormente su muerte", expresó.
"El juez competente de la época dispuso la clausura de las investigaciones. Pasaron 48 años de esos tristes sucesos, se reabre el caso y la jueza a pedido del fiscal Perciballe procesa con prisión al otrora joven soldado, sin tenerse en cuenta el plazo máximo de prescripción de 20 años previsto para los delitos más graves en el artículo 117 de nuestro Código Penal. El fiscal opina: se trata de un delito de lesa humanidad, y se ordena detener a aquel humilde ciudadano oriundo del interior, del departamento de Cerro Largo, que ahora es un retirado militar con muchos años más, hoy es un sexagenario, que sigue siendo pobre y que se llama Leonardo Vidal, que vive con su humilde familia en el asentamiento Los Reyes, que está enfermo, que fue operado hace pocos años de cáncer y se le postergó debido al covid-19 una nueva intervención quirúrgica", valoró el senador de Cabildo Abierto, y agregó que el militar retirado es un "frágil y enfermo viejo soldado que cumplió con su deber".
Cuestionó que el delito por el cual fue procesado sea considerado de lesa humanidad, lo que supone que no prescriba y se lo pueda juzgar sin importar cuántos años hayan pasado desde su comisión. Lozano fundó su argumento en los artículos 7, 22, 24 y 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 y vigente en Uruguay desde 2006.
El fiscal Perciballe, en cambio, entiende que este homicidio tiene que ser juzgado independientemente del tiempo que haya pasado. En diálogo con El Observador, explicó que la dilatación en el tiempo de las sentencias por los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura (1973-1985) y en los años previos a ella responde a cómo ha sido su tratamiento. Además, indicó que está a la espera de que el Poder Judicial se pronuncie sobre una veintena de pedidos de procesamiento que en los últimos años presentó.
El Frente Amplio fue el único partido que se pronunció orgánicamente después de que el ministro García cuestionara el fallo judicial. "Resultan de extrema gravedad (las declaraciones) no solo por su investidura ministerial, por la que actúa en representación del presidente, sino por la propia invocación al mismo en ocasión de emitir su desafortunada 'preocupación'", expresó la coalición de izquierda en un comunicado.
