Sendic pide que se archive su parte en la causa de Gas Sayago

Los argumentos de la defensa

Los abogados recuerdan que la causa se amplió a partir de un “informe de auditoría de gestión”, contratado por UTE –el otro accionario de la empresa con el 80%– y realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers LTDA. 

Según argumentan en el escrito, ese informe “fue severamente cuestionado y desestimado” por la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona.  También denuncian que la jerarca quiso transmitir a la Justicia una copia del informe de liquidación de Gas Sayago, pero que “los directores de la mayoría no acompañaron su propuesta”. 

Más allá de eso, Robatto y Guerrero alegaron que si bien aún está pendiente que Brasil envíe información para esclarecer si las autoridades de ese país habían intermediado para que Uruguay favoreciera la adjudicación a la empresa constructora OAS (consorcio brasileño acusado de pagar coimas a jerarcas a cambio de contratos de obras públicas en el marco del Lava Jato), eso no involucra a Sendic.

Cuando declaró ante la Justicia en noviembre pasado, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, le preguntó a Sendic específicamente por ese tema, pero el exvicepresidente respondió que cuando se firmó el contrato él ya no estaba en Ancap. 

Respecto al dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) –que el 3 de noviembre de 2021 concluyó que los directorios de UTE y Ancap transgredieron “normas y principios éticos, tanto de raigambre constitucional como legal y reglamentario”–, los abogados de Sendic resaltan que “el dictamen no es más que un análisis de la ‘auditoría de gestión’ adjudicada por UTE a PwC y que el informe en sí mismo concluye que no se cometió ninguna conducta delictiva en relación a la gestión general del proyecta GSSA”. 

La presidenta de la Jutep, Susana Signorino, dijo por ese entonces que “se violentaron los principios éticos de buena administración, eficiencia y eficacia”. El abogado Jorge Barrera –representante de UTE– dijo por su parte que el informe podía “dar lugar a responsabilidades de índole penal”.

Sin embargo, los abogados de Sendic expusieron ante la Justicia lo que a su juicio es una “notoria ausencia de responsabilidad penal” de su defendido, por lo que resulta “inadecuado” que siga vinculado a la causa.

¿Por qué había sido incluido?

Cuando Barrera presentó la denuncia en julio del año pasado, pidió que se investigara a los exfuncionarios por presuntos abusos de funciones. El abogado planteó que hubo cuatro oportunidades para cancelar el proyecto y ahorrarle al Estado el gasto que tuvo, pese a que se sabía su inviabilidad.

La primera de esas oportunidades –según Barrera– fue en 2012, cuando Argentina decidió desvincularse del proyecto. En ese entonces, dice el abogado, ya se podía interrumpir los avances y suspender el gasto. Durante esa fecha, Sendic todavía era el presidente de Ancap.