Si no hay acuerdo en el Congreso, puede cerrar el gobierno de Estados Unidos

La financiación gubernamental expira el 1° de octubre, el inicio del año presupuestario federal. Un cierre comenzará efectivamente a las 0 horas del día siguiente si el Congreso no puede aprobar un plan de financiamiento que el presidente promulgue y convierta en ley.

Si bien algunas entidades gubernamentales estarán exentas (los cheques del Seguro Social, por ejemplo, seguirán emitiéndose), otras funciones se verán gravemente restringidas. Las agencias federales suspenderán todas las acciones que se consideren no esenciales y millones de empleados federales, incluidos miembros del Ejército no recibirán sus cheques de pago.

El cierre se produce si el Congreso no logra aprobar algún tipo de legislación de financiación que sea promulgada por el presidente. Se supone que los legisladores aprobarán 12 proyectos de ley de gastos diferentes para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo recurren a aprobar una extensión temporal, llamada resolución continua o CR, para permitir que el gobierno siga funcionando.

Cuando no se promulga una legislación de financiación, las agencias federales tienen que detener todo trabajo no esencial y no emiten órdenes de pago mientras dure el cierre.

Aunque los empleados considerados esenciales, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales serán suspendidos. Según una ley de 2019, esos mismos trabajadores recibirán pagos atrasados una vez que se resuelva el estancamiento de la financiación.

Es imposible predecir cuánto duraría un cierre. Con el Congreso dividido entre un Senado controlado por los demócratas y una Cámara de Representantes liderada por los republicanos, y con los conservadores de extrema derecha del presidente de la cámara Kevin McCarthy buscando usar el cierre como palanca para recortes de gastos, muchos se preparan para un paro que podría durar semanas.

Millones de trabajadores federales enfrentan retrasos en sus cheques de pago cuando el gobierno cierra, incluidos muchos de los aproximadamente dos millones de los servicios armados y más de dos millones de trabajadores civiles de agencias federales en todo el país.

Casi el 60% de los trabajadores federales están destinados en el Departamento de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.

Los trabajadores federales están destinados en los 50 estados y tienen interacción directa con los contribuyentes, desde agentes de la Administración de Seguridad del Transporte que operan la seguridad en los aeropuertos hasta trabajadores del Servicio Postal que entregan el correo.

Algunas oficinas federales también tendrán que cerrar o enfrentarse a horarios reducidos durante el tiempo que dure el cierre.

Más allá de los trabajadores federales, un cierre podría tener efectos de largo alcance en los servicios gubernamentales. Las personas que solicitan servicios gubernamentales como ensayos clínicos, permisos de armas de fuego y pasaportes podrían sufrir retrasos.

Las empresas estrechamente relacionadas con el gobierno federal, como los contratistas federales o los servicios turísticos alrededor de los parques nacionales, podrían sufrir interrupciones y desaceleraciones. El sector de viajes podría perder US$ 140 millones diarios en un cierre, según la Asociación de la Industria de Viajes de Estados Unidos.

Los legisladores también advierten que un cierre podría sacudir los mercados financieros. Goldman Sachs estimó que un cierre reduciría el crecimiento económico en un 0,2% cada semana que durara, aunque –afirman– el crecimiento se recuperaría después de que el gobierno reabra.

También se estima que la interrupción de los servicios gubernamentales tiene impactos de largo alcance porque socava la confianza en el gobierno para cumplir con sus deberes básicos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió: “Una economía que funcione bien requiere un gobierno que funcione”.

El presidente y los miembros del Congreso seguirán trabajando y cobrando. Sin embargo, cualquier miembro de su personal que no se considere esencial será suspendido.

El poder judicial podrá seguir funcionando durante un tiempo limitado utilizando fondos derivados de presentaciones judiciales y otros honorarios, así como otros fondos aprobados.

En particular, la financiación de los tres abogados especiales nombrados por el fiscal general Merrick Garland no se vería afectada por un cierre del gobierno porque se pagan mediante una asignación permanente e indefinida, un área que estuvo exenta de cierres en el pasado.

Eso significa que los dos casos federales contra Donald Trump, así como el caso contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, no serían interrumpidos. Trump exigió que los republicanos retiren los fondos de los procesamientos en su contra como condición para financiar al gobierno, declarándolo su “última oportunidad” de actuar.

Antes de la década de 1980, las fallas en el financiamiento gubernamental no resultaron en un cierre significativo de las operaciones gubernamentales. Pero entonces, el Fiscal General Benjamín Civiletti, en una serie de opiniones jurídicas de 1980 y 1981, argumentó que las agencias gubernamentales no pueden operar legalmente durante un déficit de financiación.

Desde entonces, los funcionarios federales actuaron bajo el entendimiento de que pueden hacer exenciones para funciones que son “esenciales” para la seguridad pública y los deberes constitucionales.

Desde 1976, hubo 22 déficits de financiación, 10 de los cuales provocaron el despido de trabajadores. Pero la mayoría de los cierres importantes tuvieron lugar bajo la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces presidente republicano de la Cámara de representantes Newt Gingrich y su mayoría conservadora en la exigieron recortes presupuestarios.

El cierre gubernamental más largo ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Trump y los demócratas del Congreso se enfrentaron por su demanda de financiación para un muro fronterizo. La interrupción duró 35 días, durante la temporada navideña, pero también fue sólo un cierre parcial del gobierno porque el Congreso había aprobado algunos proyectos de ley de asignaciones para financiar partes del gobierno.

Es responsabilidad del Congreso financiar al gobierno. La Cámara y el Senado tienen que acordar financiar al gobierno de alguna manera, y el presidente tiene que convertir la legislación en ley.

El Congreso a menudo depende de la llamada resolución continua para proporcionar dinero provisional para abrir oficinas gubernamentales en los niveles actuales mientras se llevan a cabo las negociaciones presupuestarias. El dinero para prioridades nacionales apremiantes, como la asistencia de emergencia para las víctimas de desastres naturales, suele ir adjunto a una factura a corto plazo.

Pero los republicanos de línea dura dicen que cualquier proyecto de ley temporal es imposible para ellos. Están presionando para mantener el gobierno cerrado hasta que el Congreso negocie los 12 proyectos de ley que financian al gobierno, lo que históricamente es una tarea laboriosa que no se resuelve hasta diciembre.

Trump, que es el principal rival de Biden de cara a las elecciones de 2024, está instando a los republicanos de línea dura a mantener posiciones que marcan como inevitable un cierre que podría durar semanas, tal vez meses.

(Con información de agencias)