Sindicato reclama solución para policías que viven en "zonas rojas"

“Nosotros lo que consideramos es que si tenemos más de 1.200 compañeros, solamente en el área metropolitana, viviendo en zonas rojas o conflictivas, tenemos que meterle diente a eso”, dijo este lunes el secretario de organización del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Ricardo González, en rueda de prensa.

Sus declaraciones surgen luego de haber sido consultado por los incidentes de los últimos días. Este domingo un policía fue baleado a la altura de la cabeza en Villa Española. El hombre paró en un kiosco para comprar comida. Allí irrumpieron dos personas que llegaron en una moto blanca, abordaron al policía y le dijeron: "Quedate quieto porque te quemo".  A las 14.44 se escucharon disparos.

Según informó el sindicato, el policía recibió tres balazos. Una de las balas le fracturó la mandíbula y se alojó en el oído, otra lo hirió en el brazo derecho y la última quedó en el chaleco policial. Los autores del ataque se dieron a la fuga sin llevarse ningún objeto. El policía está estable en el Hospital Policial. 

El miércoles 15 de enero, en tanto, un grupo de delincuentes asesinaron de un tiro en la cabeza a un policía que circulaba en moto por la ruta 5, cerca de los accesos a Montevideo.

Leonardo Carreño

Ante esta realidad, el sindicato de policías reclama soluciones habitacionales para que sus agentes no estén rodeados de amenazas ni presiones cerca de sus viviendas.

“Si bien se aplicó una política de vivienda por parte del Ministerio del Interior donde se dieron ciertos préstamos entendemos que no fueron suficientes porque no llegan al trabajador de más de abajo. Nos tenemos que enfocar un poco más y de manera primordial en que los que tienen más complicaciones para acceder a ese tipo de préstamos”, señaló González.

Mientras por estos días desde el sindicato manejan la cifra de “más de 1.200” agentes que viven "en zonas o conflictivas" , un censo que realizó el Ministerio del Interior en 2015 detectaba que 1.107 policías vivían en asentamientos (4,2% del total). Además, unos 764 manifestaron en aquella oportunidad querer cambiar de vivienda por vivir en zonas conflictivas y por carecer de servicios. Según esas cifras oficiales, las situaciones más complejas se daban en Montevideo y Canelones.

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A partir de 2017, la cartera comenzó a trabajar en un plan de viviendas que buscaba permitir que aquellos policías que viven en barrios peligrosos puedan mudarse, y que se financia con el 1% del salario de todos los funcionarios policiales.

El Ministerio del Interior estimaba que en 2017 se le entregara viviendas a unos 100 policías que estén en esa situación. Pero la secretaría estuvo lejos de alcanzar esa meta. Las autoridades solo pudieron entregarle viviendas a 16 familias policiales, en diciembre de ese año. 

Legítima defensa

Aunque desde el sindicato de policías están a la espera de las decisiones que tome el nuevo gobierno, ven de forma positiva las declaraciones que han hecho las principales autoridades designadas. Según contó González, ven "con buenos ojos" que la seguridad se haya colocado como "un tema de urgente consideración".

En ese sentido, aseguró que esperan por la ley de urgencia que será presentada en el Parlamento en los próximos meses. "Tenemos entendido, si bien no la hemos leído obviamente, que el tema de la legítima defensa presunta va a estar incluido, va a haber un marco normativo donde los trabajadores policiales se sientan más respaldados que es algo que históricamente el sindicato viene peleando", sostuvo.

De esa manera, entienden que "toda norma" que "proteja al funcionario policial" es bienvenida. A su vez, aseguran que no se pide "gatillo fácil" sino "normas claras" que "protejan" a los policías.