Síndico que intervino Transhotel pide inhabilitar por 10 años a su propietario

AUPE fue la asociación designada para dirigir el concurso judicial de Transhotel tras su clausura a fines de 2022, luego de recibir cientos de denuncias por servicios pagos no entregados a distintos usuarios. 

La inhabilitación prohibiría a Montero "administrar bienes propios y ajenos" y "representar a cualquier persona" durante ese periodo. El organismo también quiere que se lo condene a cubrir la deuda que mantiene la compañía.

Graciana Abelenda, abogada de cientos de los clientes afectados, dijo a El Observador que la sindicatura también podría pedir la condena de distintas personas vinculadas a Transhotel, como Miguel Cammarota, gerente general de la empresa, o la esposa de Montero.

Este informe del síndico, según la letrada, permitirá a la justicia avanzar en el plano penal, en el que Montero y Cammarota se encuentran investigados por el fiscal Fernando Romano.

Los más de 700 usuarios afectados, en tanto, siguen esperando a cobrar la garantía que Transhotel depositó al Ministerio de Turismo, que asciende a un total de US$ 285 mil y que será repartida en un "prorrateo" entre todos los que denunciaron la situación ante la cartera. Abelenda espera que se pague un promedio de cerca del 25% de lo adeudado para cada cliente.

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Las acusaciones del concurso

Entre las "presunciones de culpabilidad" que informó el organismo a la justicia, se detalló que Montero "conocía o debió haber conocido el estado de insolvencia que afectaba a su administrada" cuando se ordenó su concurso, y que además ya sufría hace al menos "dos años". Las cuentas bancarias de su persona y de la compañía "habían sido ya clausuradas por el Banco Central" debido a "las numerosas infracciones cometidas".

Transhotel "vendía paquetes turísticos a sus clientes sin aplicar los fondos obtenidos a la adquisición de los pasajes y estadías contratadas, al tiempo que defraudaba también a sus proveedores", se lee en el informe al que accedió El Observador.

La sindicatura denuncia que no recibió "ni un solo informe o libro contable" de Transhotel, ni tampoco una "información completa y detallada de los bienes que integran la masa activa del concurso". Por esto a Montero también se lo carga con un posible "incumplimiento del deber de cooperación".

Según el listado de acreedores presentado por el propio concurso, al que accedió El Observador, a marzo de 2023 la agencia mantenía una deuda de $ 52 millones. Gran parte de esa deuda de la compañía se enmarcaba en préstamos no pagos a los bancos República (BROU) y Scotiabank. Con el primer banco mantenía haberes por $ 13.825.814, mientras que al segundo le debía $ 13.367.798. Hoy la deuda de la empresa asciende a $ 70 millones.

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La empresa de remates Bavastro tasó el activo de la empresa en 110.230 Unidades Indexadas, $ 630.240 a precio del 30 de marzo, entre lo que se incluía un auto de US$ 9.000. Sin embargo, la defensa de los viajeros impugnó a mediados de junio la lista de activos ya que cuentan con indicios de que Transhotel contaba con "una flota" de transportes a su disposición al momento de su cierre que no fue declarada.

AUPE también afirmó que Transhotel operó "dependiendo totalmente del crédito obtenido de sus acreedores financieros, proveedores y de los pagos adelantados de sus clientes", y declaró que "no existen registros que permitan conocer el destino" de los fondos que recibió.

Tampoco se conoce si la agencia cumplió su obligación legal de llevar "registros contables de algún tipo", y no obtuvo el "listado completo de cuentas" titulares de la empresa ni sus informes de movimiento.