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16 de marzo 2023 - 9:16hs

Nada se mueve en Grecia este jueves, sólo la indignación por la tardanza en encontrar a los verdaderos culpables del accidente ferroviario que el pasado 28 de febrero causó 57 muertos. Una indignación que se transformó en huelga general de 24 horas en todo el país.

El paro fue convocado por los sindicatos de los sectores privado (GSEE) y público (ADEDY), y estará acompañado de manifestaciones en todo el país.

Poco importa que la Hellenic Train –empresa privada, controlada por los ferrocarriles de Italia, que opera los ferrocarriles de Grecia– anunciara la indemnización a cada familia de las 57 víctimas mortales del accidente con un “pago adelantado” de 42.000 euros mientras que los pasajeros heridos recibirán entre 5.000 y 10.000 euros, dependiendo de sus heridas y de la duración de su hospitalización. Poco también que el gobierno griego haya anunciado que indemnizará a cada familia que haya perdido un ser querido en el accidente con una pensión mensual de 1.600 euros y la eliminación de sus deudas ante el Estado.

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Grecia sabe que no se trata de una compensación económica. Lo sabe mucho más desde que la Hellenic Train comunicara que las indemnizaciones “no constituyen en modo alguno una aceptación de responsabilidad” en el siniestro. Grecia sabe que la verdadera justicia es encontrar a los responsables reales del accidente. Y como la justicia no lo hace, las centrales obreras griegas llaman a la huelga general.  

Por eso este jueves no hay transporte público en Grecia, aunque se prestarán algunos servicios mínimos de subte para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos que quieran acudir a las movilizaciones.  Los controladores aéreos y los marineros se plegaron a la medida de fuerza, por lo que buena parte de los vuelos fueron cancelados y los barcos permanecen amarrados en los puertos.

Los sindicatos de docentes también adhieren a la protesta y no habrá clases. Otro tanto ocurre con los empleados de comercio. Y se espera que pasado el mediodía comiencen a llegar decenas de miles de personas a los centros urbanos para manifestarse en demanda de justicia por la mayor tragedia ferroviaria en la historia del país.

ADEDY emitió un comunicado en el que declara que los funcionarios piden “que no se encubra el crimen de Tempe”, localidad cerca de donde sucedió el accidente, y exigen “que paren las políticas de privatizaciones”, a las que culpan del actual estado de deterioro de la vía férrea.

El accidente del 28 de febrero ocurrió cuando un tren de pasajeros chocó frontalmente con uno de carga al norte de la ciudad de Larisa, lo que causó 57 muertos, en su mayoría jóvenes universitarios. Si bien en un principio el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis reconoció que el tramo específico no contaba con sistemas de seguridad que podrían haber evitado la tragedia, luego de culpar de lo sucedido al error humano del jefe de estación, se rectificó para pedir perdón y reconocer su responsabilidad política. Desde entonces, poco y nada avanzó la investigación de lo ocurrido.

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