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Sólo ocho personas con trastornos mentales consiguieron trabajo estatal en seis años
Las personas con trastornos mentales son las más discriminadas entre las que tienen discapacidad en el mundo laboral; en seis años, el Estado contrató a ocho
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14 de mayo de 2017 a las 05:00
Haga la prueba y busque esquizofrenia en Google. Las imágenes que aparecen allí son aterradoras; muestran figuras monstruosas, gente que grita desesperada e incluso escenas de películas de terror. Esas fotos revelan, en definitiva, el prejuicio que sobrevuela a las personas que tienen un trastorno psiquiátrico. Pero el buscador no cuenta la otra parte de la historia, esa en la que las discapacidades psíquicas no son un impedimento para trabajar, estudiar o enamorarse.
A Nicolás le diagnosticaron esquizofrenia cuando tenía 17 años. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión del pensamiento, de las emociones y de la conciencia sobre uno mismo. El síntoma más conocido es que las personas que sufren de este trastorno escuchan voces y padecen delirios. A pesar de su condición clínica –y a 12 años de aquella primera internación en el hospital Vilardebó–, Nicolás consiguió empleo en un vivero y planea terminar el liceo, porque le quedan cuatro materias de quinto y todo sexto. "Económicamente me ha servido mucho trabajar. Primero empecé tres horas por día, después me subieron a cuatro y ahora también me surgió una changa para repartir revistas", contó a El Observador.
Sin embargo, tener trabajo no es la regla. En Uruguay existe desde 2014 un decreto que establece que al menos el 4% de las vacantes que se abren en la administración pública deben ser cubiertas por personas con algún tipo de discapacidad. Ese cupo no se respetó nunca, de hecho, en 2015 solo se llenó el 0,33% de los puestos libres con personas con algún tipo de discapacidad. Pero el panorama es incluso peor para los que sufren trastornos mentales, porque ellos son los más discriminados. Entre 2010 y 2015 solo entraron ocho personas con discapacidades psíquicas a trabajar como empleados públicos.
¿Qué pasa si el Estado no respeta el decreto del 4%? Hasta el 1° de enero de 2017, nada. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Alberto Scaravelli, dijo a El Observador que su división comenzó a fiscalizar a partir de este año que en todos los llamados que se abren en la administración pública se cumplan las cuotas. En la actualidad hay dos, una para personas con discapacidad y otra para personas de raza negra, que tienen que tener reservado el 8% de los puestos libres.
Si bien las cuotas para discapacitados no se cumplen, el Estado intenta cambiar esa situación. De hecho, en octubre de 2016 la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley sobre salud mental que establece que se deben cerrar las colonias psiquiátricas y prohíbe crear nuevos establecimientos asilares. Además el texto garantiza la inserción laboral de calidad. El texto se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para su estudio.
Para generar conciencia sobre el tema, la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata –que depende del Ministerio de Salud Pública– publicó un video con motivo del Día del Trabajador, en donde planteó que las enfermedades psiquiátricas no inhiben para el desarrollo del potencial y para ser productivo en la comunidad.
El joven de 29 años ya había pasado por otros proyectos de rehabilitación psicosocial, pero tuvo que dejarlos el año pasado por motivos personales. Decidió volver en marzo y hace dos meses que trabaja y recibe talleres de empleabilidad.
Virginia Pedetti, directora del Centro Martínez Visca, dijo a El Observador que los prejuicios en torno a las personas con trastornos psiquiátricos son un "estigma" para que consigan trabajo. "En el imaginario, una persona con trastorno mental está puesta como la foto de cuando está descompensada. En la vida de una persona a veces es una semana, tres días, un mes, pero eso deja una huella que inunda todo", sostuvo.
Cerca de 65 personas participan de El Ceibo y trabajan psicólogos, asistentes sociales y preparadores laborales. Su coordinador, Leonardo Calero, dijo a El Observador que es difícil medir la cantidad de gente que forma parte, porque hay una "puerta giratoria" por donde siempre se puede volver cuando lo necesiten. Los integrantes son derivados por sus médicos de cabecera y deben haber cumplido un proceso de rehabilitación psicosocial antes de empezar a formarse para trabajar. ¿Qué significa esto? Cuando una persona con un trastorno mental tiene una situación aguda –se descompensa–, primero debe pasar por un centro de rehabilitación para recuperarse de ese evento. Una vez que recibe el alta puede acudir a la casa del Prado en donde funciona El Ceibo para empezar poco a poco a incluirse en el mercado laboral.
En otros países las empresas que toman personas con discapacidades psíquicas reciben beneficios fiscales. En Uruguay no es así. "El servicio que ofrecemos es excelente, porque la persona que nos contrata lo hace porque el servicio es bueno, no porque son personas con trastorno", aseguró Calero. ¿Su principal diferencial? El Ceibo prepara a sus integrantes para trabajos que no siempre reciben formación, como portería o vigilancia.
Además, como las personas con trastornos mentales suelen ser muy excluidas, los técnicos explicaron que aprovechan las oportunidades cuando las reciben. "No llegan tarde, llegan mucho más temprano de la hora, tratan de cumplir el doble", señaló Calero. El trabajo también les brinda autonomía económica y mejora su autoestima porque empiezan a cobrar un sueldo. "Me da más independencia, ahora el fin de semana voy a ir a ver un partido de Cerro y la entrada me la compré yo", contó Nicolás.
En los talleres les enseñan habilidades sociales y de trabajo para que puedan ponerlas en práctica cuando consigan un empleo. "Acá armamos los currículum, se practican entrevistas, se lee el diario, se buscan ofertas en internet", explicó Calero. A su vez, el equipo técnico de El Ceibo prepara un plan de trabajo para cada uno en función de las habilidades que tenga que desarrollar más. Por ejemplo, no todos pueden empezar a trabajar enseguida, a veces necesitan adoptar otros hábitos, como levantarse temprano o higienizarse.
Su padre, Omar García, contó a El Observador que Stefanía "se mueve pila" porque quiere trabajar, pero nunca consiguió un empleo estable a raíz de su discapacidad. La semana pasada, por ejemplo, fue a una pizzería a preguntar si necesitaban gente. Quedaron en llamarla, como siempre.
El tiempo libre hace que Stefanía se angustie y se sienta mal, porque pasa todo el día en su casa. Su padre afirmó que la joven tuvo una experiencia laboral a través del Ministerio de Desarrollo Social en 2015, pero fueron solo ocho meses porque el contrato era a término.
García es jubilado y ayuda a su hija en la búsqueda de trabajo. De hecho, en 2015 presentó una carta en la Intendencia de Tacuarembó y pidió que tomaran a Stefanía a través del decreto del 4%. Desde la comuna le respondieron que no sabían cómo aplicar la norma, por lo que lo llamarían una vez que aprendieran a hacerlo.
Cambió el jefe comunal, asumió Eber Da Rosa, y el padre de Stefanía volvió a intentar. Tampoco tuvo suerte. En esa oportunidad le dijeron que como su hija había sido declarada incapaz por un juez, no podrían sancionarla si fuera necesario.
A dos años de esa experiencia, García y su hija no bajan los brazos: piensan volver a insistir en la intendencia. "Los deseos de trabajar y de encontrar a alguien que nos quiera son los mismos para todos –afirmó–, son unas poquitas cosas básicas que tenemos todos los seres humanos".
A Nicolás le diagnosticaron esquizofrenia cuando tenía 17 años. Esta enfermedad se caracteriza por una distorsión del pensamiento, de las emociones y de la conciencia sobre uno mismo. El síntoma más conocido es que las personas que sufren de este trastorno escuchan voces y padecen delirios. A pesar de su condición clínica –y a 12 años de aquella primera internación en el hospital Vilardebó–, Nicolás consiguió empleo en un vivero y planea terminar el liceo, porque le quedan cuatro materias de quinto y todo sexto. "Económicamente me ha servido mucho trabajar. Primero empecé tres horas por día, después me subieron a cuatro y ahora también me surgió una changa para repartir revistas", contó a El Observador.
Sin embargo, tener trabajo no es la regla. En Uruguay existe desde 2014 un decreto que establece que al menos el 4% de las vacantes que se abren en la administración pública deben ser cubiertas por personas con algún tipo de discapacidad. Ese cupo no se respetó nunca, de hecho, en 2015 solo se llenó el 0,33% de los puestos libres con personas con algún tipo de discapacidad. Pero el panorama es incluso peor para los que sufren trastornos mentales, porque ellos son los más discriminados. Entre 2010 y 2015 solo entraron ocho personas con discapacidades psíquicas a trabajar como empleados públicos.
¿Qué pasa si el Estado no respeta el decreto del 4%? Hasta el 1° de enero de 2017, nada. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Alberto Scaravelli, dijo a El Observador que su división comenzó a fiscalizar a partir de este año que en todos los llamados que se abren en la administración pública se cumplan las cuotas. En la actualidad hay dos, una para personas con discapacidad y otra para personas de raza negra, que tienen que tener reservado el 8% de los puestos libres.
Si bien las cuotas para discapacitados no se cumplen, el Estado intenta cambiar esa situación. De hecho, en octubre de 2016 la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley sobre salud mental que establece que se deben cerrar las colonias psiquiátricas y prohíbe crear nuevos establecimientos asilares. Además el texto garantiza la inserción laboral de calidad. El texto se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para su estudio.
Para generar conciencia sobre el tema, la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata –que depende del Ministerio de Salud Pública– publicó un video con motivo del Día del Trabajador, en donde planteó que las enfermedades psiquiátricas no inhiben para el desarrollo del potencial y para ser productivo en la comunidad.
Foto estigmatizadora
"Acá me siento muy bien, me brindan apoyo. Yo vivo en el Cerro y me tengo que levantar 6:45 para venir, pero está bueno porque tengo una responsabilidad", afirmó Nicolás. Él forma parte de El Ceibo, el programa de inclusión laboral del Centro Martínez Visca, creado en 1974 bajo la órbita de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.El joven de 29 años ya había pasado por otros proyectos de rehabilitación psicosocial, pero tuvo que dejarlos el año pasado por motivos personales. Decidió volver en marzo y hace dos meses que trabaja y recibe talleres de empleabilidad.
Virginia Pedetti, directora del Centro Martínez Visca, dijo a El Observador que los prejuicios en torno a las personas con trastornos psiquiátricos son un "estigma" para que consigan trabajo. "En el imaginario, una persona con trastorno mental está puesta como la foto de cuando está descompensada. En la vida de una persona a veces es una semana, tres días, un mes, pero eso deja una huella que inunda todo", sostuvo.
Cerca de 65 personas participan de El Ceibo y trabajan psicólogos, asistentes sociales y preparadores laborales. Su coordinador, Leonardo Calero, dijo a El Observador que es difícil medir la cantidad de gente que forma parte, porque hay una "puerta giratoria" por donde siempre se puede volver cuando lo necesiten. Los integrantes son derivados por sus médicos de cabecera y deben haber cumplido un proceso de rehabilitación psicosocial antes de empezar a formarse para trabajar. ¿Qué significa esto? Cuando una persona con un trastorno mental tiene una situación aguda –se descompensa–, primero debe pasar por un centro de rehabilitación para recuperarse de ese evento. Una vez que recibe el alta puede acudir a la casa del Prado en donde funciona El Ceibo para empezar poco a poco a incluirse en el mercado laboral.
Puerta a puerta
Tanto Pedetti como Calero tocaron las puertas de varios negocios para que contraten a las personas que pasan por el programa. Sin embargo, no tuvieron mucha suerte y solo 10 integrantes consiguieron empleo. El resto de los miembros –con ayuda del equipo técnico– creó una cooperativa social y allí ofrecen dos servicios: carpetas de cartón hechas a mano y un vivero, donde trabaja Nicolás. Ninguna de las personas que se formaron en El Ceibo fueron contratadas por el Estado.En otros países las empresas que toman personas con discapacidades psíquicas reciben beneficios fiscales. En Uruguay no es así. "El servicio que ofrecemos es excelente, porque la persona que nos contrata lo hace porque el servicio es bueno, no porque son personas con trastorno", aseguró Calero. ¿Su principal diferencial? El Ceibo prepara a sus integrantes para trabajos que no siempre reciben formación, como portería o vigilancia.
Además, como las personas con trastornos mentales suelen ser muy excluidas, los técnicos explicaron que aprovechan las oportunidades cuando las reciben. "No llegan tarde, llegan mucho más temprano de la hora, tratan de cumplir el doble", señaló Calero. El trabajo también les brinda autonomía económica y mejora su autoestima porque empiezan a cobrar un sueldo. "Me da más independencia, ahora el fin de semana voy a ir a ver un partido de Cerro y la entrada me la compré yo", contó Nicolás.
En los talleres les enseñan habilidades sociales y de trabajo para que puedan ponerlas en práctica cuando consigan un empleo. "Acá armamos los currículum, se practican entrevistas, se lee el diario, se buscan ofertas en internet", explicó Calero. A su vez, el equipo técnico de El Ceibo prepara un plan de trabajo para cada uno en función de las habilidades que tenga que desarrollar más. Por ejemplo, no todos pueden empezar a trabajar enseguida, a veces necesitan adoptar otros hábitos, como levantarse temprano o higienizarse.
La gran mayoría
Stefanía es la regla. La joven de 27 años vive en Tacuarembó y tuvo meningitis a los 13. Esta enfermedad –que implica que las membranas que rodean el cerebro se inflamen– le dejó secuelas para toda la vida y si bien su diagnóstico es confuso, los médicos la tratan como si tuviera esquizofrenia.Su padre, Omar García, contó a El Observador que Stefanía "se mueve pila" porque quiere trabajar, pero nunca consiguió un empleo estable a raíz de su discapacidad. La semana pasada, por ejemplo, fue a una pizzería a preguntar si necesitaban gente. Quedaron en llamarla, como siempre.
El tiempo libre hace que Stefanía se angustie y se sienta mal, porque pasa todo el día en su casa. Su padre afirmó que la joven tuvo una experiencia laboral a través del Ministerio de Desarrollo Social en 2015, pero fueron solo ocho meses porque el contrato era a término.
García es jubilado y ayuda a su hija en la búsqueda de trabajo. De hecho, en 2015 presentó una carta en la Intendencia de Tacuarembó y pidió que tomaran a Stefanía a través del decreto del 4%. Desde la comuna le respondieron que no sabían cómo aplicar la norma, por lo que lo llamarían una vez que aprendieran a hacerlo.
Cambió el jefe comunal, asumió Eber Da Rosa, y el padre de Stefanía volvió a intentar. Tampoco tuvo suerte. En esa oportunidad le dijeron que como su hija había sido declarada incapaz por un juez, no podrían sancionarla si fuera necesario.
A dos años de esa experiencia, García y su hija no bajan los brazos: piensan volver a insistir en la intendencia. "Los deseos de trabajar y de encontrar a alguien que nos quiera son los mismos para todos –afirmó–, son unas poquitas cosas básicas que tenemos todos los seres humanos".
