El presidente Ranil Wickremesinghe (izq.) asiste a las celebraciones del 76º Día de la Independencia de Sri Lanka.

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Sri Lanka firmó un tratado de libre comercio con Tailandia en procura de reactivar la economía

El país atraviesa la peor crisis económica desde su independencia en 1948. La escasez de divisas le impide importar bienes esenciales, como combustible, alimentos y medicinas
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04 de febrero de 2024 a las 10:15

Los países emergentes han salido en general bastante debilitados de las sucesivas crisis que han sacudido la economía mundial desde el comienzo de la pandemia, pero uno de los países en donde más se ha deteriorado la situación en menos de cinco años es Sri Lanka, situación que tuvo su correlato político.

El 13 de julio de 2022, después que miles de manifestantes irrumpieran en el palacio presidencial e incendiaran la casa del primer ministro a causa del empeoramiento de la crisis económica, Gotabaya Rajapaksa, por entonces presidente, renunció desde el exilio para "garantizar una transición pacífica del poder".

Siete días después, el Parlamento eligió un nuevo presidente: Ranil Wickremesinghe, primer ministro del país y uno de los políticos señalados durante la revuelta popular, quien había ocupado el cargo de primer ministro en seis ocasiones.

El nuevo mandatario, que derrotó a su principal rival por el puesto, Dullus Alahapperuma, por 134 votos contra 82, se prepara para renovar en el cargo en elecciones pautadas para el segundo trimestre de este año. Hasta ahora, sin embargo, no logró sacar al país insular de una prolongada crisis que lo tiene atado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el objetivo de enfrentar la grave escasez de divisas, que limita las importaciones esenciales de combustible, alimentos y medicinas, Wickremesinghe firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, en la ciudad de Colombo, acuerdo que coincide con las celebraciones del 76º Día de la Independencia de Sri Lanka.

Según los analistas, el país atraviesa la peor crisis económica desde su independencia en 1948. Si bien la inflación se desaceleró el año pasado notablemente desde que alcanzó el 70% en 2022, el PIB se contrajo un 3,8% en 2023 producto del ajuste puesto en marcha por el gobierno para recibir ayuda del FMI, pero también de otros socios comerciales, como India y China.

"Esta medida tiene como objetivo mejorar las oportunidades de mercado, con negociaciones que cubren varios aspectos, como el comercio de bienes, la inversión, los procedimientos aduaneros y los derechos de propiedad intelectual", señaló en un comunicado Wickremesinghe.

El gobierno espera que el acuerdo ayude al país a salir de la amplia crisis financiera en la que derivó la devaluación de la moneda local pautada en el acuerdo con el FMI. “Esto brindará enormes oportunidades para ambas partes. Alentamos a nuestros sectores privados a explorar el potencial del comercio y la inversión bidireccionales”, dijo Srettha en una rueda de prensa conjunta tras la firma del acuerdo.

El comercio bilateral ascendió a unos US$ 460 millones en 2021, según los datos del banco central de Sri Lanka, país que exporta principalmente té y piedras preciosas a Tailandia, e importa equipos electrónicos, alimentos, caucho, plásticos y productos farmacéuticos.

Desde que asumió, Wickremesinghe ha sido acusado de reprimir la disidencia. En 2002, declaró el estado de emergencia, otorgó amplios poderes a los militares y prometió adoptar una línea dura contra los “alborotadores”, contexto en el que varios líderes de las protestas fueron arrestados, en lo que los críticos llaman una “caza de brujas”.

Desde entonces, Naciones Unidas (ONU) ha condenados en varias ocasiones el “mal uso de las medidas de emergencia” por parte del presidente, señalando que atentan contra “el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad, de reunión pacífica y de expresión”.

Por su parte, también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó una propuesta de ley antiterrorista que otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad para realizar registros y arrestar a personas con una “supervisión judicial inadecuada”.

(Con información de AFP)

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