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La iniciativa marco, expuesta y liderada por los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de los pocos de la región que participaron de la cumbre, llama a la constitución de una "gran alianza amazónica"

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Sudamérica propuso una alianza amazónica para proteger el mayor pulmón verde del planeta

La iniciativa impulsa la reactivación del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, el único bloque socio-ambiental dedicado al tema y que reconoce la naturaleza transfronteriza de la región

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15 de noviembre de 2022 a las 05:04

La primera semana de la Conferencia de las Partes (COP27) sobre cambio climático finalizó con escasos avances. Apenas un borrador difundido por Naciones Unidas (ONU) que, a modo de proyecto, enumera propuestas para compensar las pérdidas y los daños sufridos por los países pobres, borrador que sin embargo podría cambiar antes de ser adoptado al término de la COP27 y que, en algunos puntos, contiene múltiples opciones, entre ellas una superficial referencia a la creación de un nuevo fondo administrado por la ONU.

El documento señala que los acuerdos de financiación pueden incluir un fondo con fines específicos en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la creación de una entidad operativa para vehiculizar la ayuda financiera y una reducción de la deuda pública de los países afectados, además de una reforma de los organismos multilaterales de crédito y de las instituciones financieras internacionales.

La  vaguedad de la iniciativa contrasta con el protagonismo asumido por los países de Sudamérica, que propusieron la constitución de una "alianza amazónica" para proteger el mayor pulmón del planeta, iniciativa alineada con el reclamo de recursos financieros llevado a Egipto por los movimientos sociales y pueblos originarios de la región.

La iniciativa, además, cuenta con el respaldo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), foro que unificó posiciones durante la cumbre realizada el mes pasado en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, ocasión en la que los representantes de los países miembros emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron la importancia de coordinar sus acciones en los foros multilaterales para negociar la cuestión del cambio climático.

El documento presentado en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij también propone fortalecer el rol del Grupo América Latina y el Caribe (Grulac), además de enfatizar que los países desarrollados deben proveer de recursos a los países pobres y en desarrollo para mitigar y prevenir los efectos del calentamiento global mediante el financiamiento directo, la constitución de fondos de garantías y la implementación de canjes de deuda por acciones de preservación.

La iniciativa marco, expuesta y liderada por los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, de los pocos de la región que participaron de la cumbre, llama a la constitución de una "gran alianza amazónica" financiada con un fondo que debería contar con el aporte de los países directamente involucrados en la iniciativa, pero también con el aporte de empresas del sector privado y de las naciones más desarrolladas, las principales emisoras de gases de efecto invernadero.

Durante el anuncio, los mandatarios aprovecharon para celebrar la vuelta al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, considerado una pieza clave para proteger el territorio, que solo en el último año perdió 1.000 kilómetros cuadrados de selva, el peor dato desde 2015, cuando se empezó a tomar ese registro, por el avance de la frontera agrícola y la industria extractiva de materias primas, en especial la minería.

La puesta en marcha de la propuesta, según indicaron los técnicos, implicaría reactivar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), un acuerdo firmado de 1978 por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, el único bloque socio-ambiental de países dedicado a la Amazonía y que al mismo tiempo reconoce la naturaleza transfronteriza de la selva amazónica, además de promover el desarrollo armónico de la región.

La idea supone fortalecer el desempeño de la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA), organismo intergubernamental con sede en Brasilia, y constituido en 1995 a partir del TCA. Iniciativa lanzada pocas horas después que se conocieran los nuevos récords en materia de deforestación y a solo un mes y medio de la finalización del mandato del negacionista presidente brasileño Jair Bolsonaro.

Según Vida Silvestre Brasil (WWF-Brasil), el aumento de la deforestación junto con el número de incendios "se disparó" después de la derrota de Bolsonaro en las presidenciales de Brasil, mostrando "una carrera desenfrenada por la devastación". Durante su mandato, “la deforestación anual promedio para la expansión del área para agricultura y ganadería aumentó un 75% en relación a la década anterior”, denunció la oenegé.

En lo inmediato, se espera con gran expectativa la intervención pautada para pasado mañana de Lula da Silva, ocasión en la que según adelantó el líder del Partido de los Trabajadores propondrá una agenda común para enfrentar el cambio climático acompañado por varios gobernadores de los estados brasileños de la región amazónica, presentación que anticiparon sus colaboradores “está en línea con su promesa de campaña de reactivar las políticas de protección que desdeñó Bolsonaro”.

En paralelo a las sesiones de las delegaciones oficiales, la misión integrada por las organizaciones campesinas y los pueblos originarios insistieron en la COP27 con un reclamo clave: que se determine un mecanismo para que se haga efectiva la entrega de fondos por parte de los países ricos, compromiso asumido en la COP26 de Glasgow (2021) por Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos, Noruega y algunas empresas privadas, que comprometieron US$ 1.700 millones de dólares en cuatro años para los pueblos de la región.

El reclamo de las coordinadoras indígenas de Venezuela, Colombia y Perú propone regular el acceso a los fondos mediante de agencias interculturales que administren y apliquen el presupuesto en una región que abarca 7 millones de kilómetros cuadrados en los territorios que comparten Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Guayana, Surinam y Guyana francesa, extensión que según los expertos representa el 40% del total de bosques tropicales del mundo y alberga el 25% de la biodiversidad terrestre.

Antes de partir rumbo a la COP27, Lula da Silva, que se sumará a la postura de las organizaciones de indígenas y campesinos, como así también a la de sus pares Maduro y Petro, prometió que su país "retomará su papel de liderazgo" global en el combate contra la crisis climática. "Debe ser un compromiso del Estado brasileño", afirmó en la red social Twitter, al tiempo que confirmó que el jueves de esta semana se reunirá con miembros de la sociedad civil brasileña y participará de la sesión conjunta del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas y del Foro de los Pueblos sobre Cambio Climático.

"Trabajaremos por el futuro de nuestro país y del planeta, que es uno sólo y de todos", agregó el presidente electo, quien asumirá el primero de enero su tercer mandato, luego de haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010, en un contexto marcado por la deforestación y los incendios que han provocado que la Amazonía comience a emitir más dióxido de carbono de lo que puede absorber, según un estudio publicado en 2021 por la prestigiosa revista científica Nature y difundido por la agencia de noticias AFP.

La participación de los países sudamericanos y la propuesta de lanzar una alianza amazónica está en sintonía con la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien instó a los países a poner fin al "lavado verde", como calificó a las falsas promesas y propuestas poco  creíbles que “son poco más que eslóganes vacíos y exageraciones", en alusión a los países que prometen emisiones de cero neto mientras siguen apostando a proyectos basados en combustibles fósiles y en la deforestación.

 

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