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Talvi va a la Corte Electoral para zanjar una decisión polémica sobre su vice
Las encuestas lo mostraban como posible ganador, y sus números internos le decían que la ventaja iba a ser de más de diez puntos, pero Ernesto Talvi no se permitió pensar en quién podía ser su compañero de fórmula hasta conocer los resultados de las elecciones internas. Al igual que Luis Lacalle Pou, quería saber la distancia respecto a sus competidores porque de ello dependían los nombres que pudiera manejar. Por eso, una vez abiertas las urnas, un nombre comenzó a girar en su cabeza. Era el de Robert Silva, un abogado y profesor de 48 años, considerado “hijo político” de Julio María Sanguinetti y que en los últimos meses había expresado su simpatía por Ciudadanos.
Luego de analizarlo varios días, el viernes llamó a Sanguinetti y a José Amorín Batlle para convocarlos a una reunión el domingo a las cuatro de la tarde en su casa de Carrasco, que duró una hora y cuarto, y en la que también participó Silva. Mediante té, café y galletitas, cerraron la fórmula y definieron anunciarla “en los próximos días”, ya que el dirigente oriundo de Tacuarembó aún no había renunciado a su cargo de consejero en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y estaba impedido de realizar política. Pero en la noche, la situación cambió y para evitar que se materializaran las filtraciones que ya habían ocurrido, resolvieron dar a conocer la información a través de un tuit que no imaginaron que les traería tantos dolores de cabeza. La postulación de Silva dio lugar este lunes a dos debates acerca de violaciones a la Constitución.
Según supo El Observador, esa noche Talvi llamó a los principales dirigentes políticos para anunciarles que en minutos daría a conocer la noticia, mientras que a otros les avisó a través de mensajes de WhatsApp. Su objetivo era que nadie se enterara por la prensa para establecer una diferencia con Daniel Martínez, cuya compañera de fórmula se conoció a través de la prensa.
El diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, considera que Silva incumplió el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución al participar de ese encuentro y “autorizar” a que se utilizara su nombre, y aunque cree que lo mejor es que lo haga su fuerza política, está dispuesto a denunciarlo por haber cometido un “delito electoral”. Consultado por El Observador, el legislador oficialista dijo que el objetivo era “cuidar la Constitución” y que la normativa era muy "amplia" respecto a lo que "no se puede hacer".
El texto señala que los directores de los servicios descentralizados deberán abstenerse, "bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".
En una conferencia de prensa en la sede de Ciudadanos, pocas horas después que se efectivizara su salida, Silva dijo que no aceptó el cargo el domingo aunque el viernes 5 había presentado la renuncia y explicó que considera que no violó la Constitución porque su “voluntad” de desvinculación ya estaba “sobre la mesa”.
La norma especifica que es la Corte Electoral el organismo competente para "conocer y aplicar las penas de estos delitos” y señala que la denuncia deberá ser formulada por cualquiera de las cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos políticos.
Pero además de la denuncia de Asti, diversos constitucionalistas consideran que la candidatura de Silva viola el artículo 201 de la carta magna, el cual señala que para ser candidato debería haber renunciado hace un año porque entienden que el vicepresidente es un legislador más, mientras que otros señalan que no lo es y que por eso está habilitado.
Talvi anunció que debido a la polémica consultaría a la Corte Electoral aunque dijo estar “seguro” de que no había cometido un error. “Hicimos las consultas previas de manera exhaustiva y estamos seguros que estamos pisando en terreno jurídico firme”, dijo. Según supo El Observador, entre los consultados estuvieron el legislador y abogado Ope Pasquet y el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, quienes le señalaron que no había irregularidad alguna.
Los dirigentes le señalaron que en 1989 había ocurrido una situación similar con la fórmula presidencial del Frente Amplio, compuesta por Líber Seregni y Danilo Astori. El hoy ministro de Economía integraba el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, un órgano descentralizado, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y la Corte Electoral autorizó su candidatura. “Hasta tanto se pronuncie, nuestro candidato es Robert Silva y vamos a estar trabajando codo a codo”, señaló.
Pero los constitucionalistas José Korzeniak y Martín Risso consideran que el vicepresidente sí es un legislador. Risso dijo a El Observador que mantiene lo que escribió en 2017 en una carta publicada por el semanario Búsqueda durante la discusión acerca de si otorgarle un subsidio al exvicepresidente Raúl Sendic.
En ese texto señaló que la Constitución indica que el vicepresidente "integra la Cámara de Senadores con voz y voto y participa en el proceso de aprobación de las leyes" y "coordina el trabajo parlamentario, lo conduce, dirige las sesiones y comunica a la otra Cámara o al Ejecutivo la aprobación de un proyecto".
Korzeniak, en tanto, dijo al programa Poder Ciudadano de Azul FM que es "clarísimo" que es un legislador. "Puede votar y debatir en el Senado (...) No hay dos bibliotecas en este caso (...), por lo que no puede ser candidato", sostuvo.
El exministro de la Corte Electoral y precandidato colorado Edgardo Martínez Zimarioff también estuvo de acuerdo con esta interpretación. “En la imposibilidad de que Robert Silva sea candidato a vice, está en juego que no renunció en el plazo legal establecido, y que parte de su función, de ser elegido, será actuar como legislador, cosa que no puede. Las juntas electorales podrán rechazarlo”, publicó en su cuenta de Twitter. Pero otro ex ministro de la Corte Electoral, el también colorado Renan Rodríguez, dijo que a su juicio está habilitado porque este artículo es una “norma de derecho electoral” y se refiere a “candidaturas” y no a la función por lo que se deben “separar” las situaciones.
Pese a que durante la discusión parlamentaria Amorín Batlle, al igual que Pedro Bordaberry, dijo que el vicepresidente era un legislador, no le transmitió su opinión a Talvi durante el encuentro de este domingo. El economista dijo que en la reunión no manifestó “ningún reparo”. Sanguinetti tampoco y de hecho este lunes volvió a expresarle su “tranquilidad” acerca de la decisión, según supo El Observador.
Si bien la Corte Electoral no tiene plazo para expedirse, el candidato aspira a que lo haga de forma rápida antes de la convención que proclamará oficialmente la fórmula presidencial.
