4 de febrero de 2013 20:55 hs

Una conminación tardía y un compromiso de vital importancia fueron los principales resultados tangibles de la reunión del presidente José Mujica con sus ministros para planificar el penúltimo año de su período, antes de que el frenesí electoral relegue a segundo plano la responsabilidad de gobernar. El invitado de piedra en el cónclave fue el gasto público, responsable principal de la alta inflación actual junto con la política salarial y que no para de crecer desde 2006, con un aumento récord desde entonces de alrededor del 9% el año pasado. Dentro de planes entre factibles y voluntaristas en diferentes áreas, se distinguió, por otra parte, el compromiso oficial de iniciar la construcción de la planta regasificadora en julio de este año.

Pero tan necesario como las grandes obras de infraestructura es que todos atiendan la advertencia del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, de que se acabó el tiempo del jolgorio fiscal. Sus previos intentos de poner orden en el gasto han sido reiteradamente desoídos. Pero ahora la desmejorada situación impone atenderlos. El déficit fiscal del 2,8% del Producto Interno Bruto en 2012, el más alto en 10 años, casi triplica la meta original, y es absolutamente inexplicable con la economía todavía en expansión. Esa oportunidad, pilar de una economía saludable, se perdió por el vértigo gastador de las dos administraciones del Frente Amplio, que desaprovecharon la espectacular bonanza del período 2003-2011.

La inflación retoma previsiblemente en enero un crecimiento peligroso, en momentos en que el panorama externo se ensombrece por la pérdida uruguaya de competitividad y la aún lejana recuperación de Europa y Estados Unidos. La forma menos insegura de enfrentar el futuro inmediato es cambiar de actitud y hacerle caso a Lorenzo, restringir el gasto del Estado y aumentar su calidad. Esto significa, entre otros campos, imponer en los encomiables programas sociales los controles cuya ausencia ha desdibujado su utilidad o terminar con la falta de resultados en la educación pública pese a un presupuesto anual de US$ 2.300 millones.

El prosecretatario de la Presidencia, Diego Cánepa, aseguró, por otra parte, que dentro de los próximos tres meses se adjudicará la construcción de la planta regasificadora en la bahía de Montevideo a empresas que invertirán alrededor de US$ 1.000 millones, con el compromiso de tenerla en funcionamiento a fin del año próximo. Esta obra mejorará drásticamente el siempre incierto horizonte energético del país, sujeto a que llueva en las represas o a la benevolencia de Argentina y Brasil. Ayudarán también la nueva planta de UTE y la creciente generación eólica, así como por biomasa cuando algún día se concrete la demorada planta que convierta la basura en energía. Pero la regasificadora liberará al país de la restrictiva dependencia de Argentina para el gas por gasoductos, al permitirnos comprarlo donde más convenga y traerlo por barco para atender el consumo interno y dejar un excedente exportable.

Orden fiscal, la planta regasificadora y la puesta en marcha de proyectos de enorme trascendencia, como la Universidad Tecnológica y el puerto de aguas profundas, son el mejor legado que el presidente puede dejarle a su sucesor. Pero solo ocurrirá si sabe aprovechar el último año efectivo de su gobierno para poner freno a la desmesura del gasto fiscal.

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