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Tenencia compartida: con tres votos sin definirse, Ciudadanos "tiene la llave" y buscará modificaciones
Con la reforma de la seguridad social llevándose la mayoría de las miradas, los diputados de la coalición tienen decidido el martes 11 someter a votación el proyecto de tenencia compartida (o corresponsabilidad de la crianza) que ya fue aprobado por los senadores el año pasado.
Se trata de una jugada definida como de “alto riesgo” en el Parlamento, dado que el oficialismo no cuenta –al momento– con los votos suficientes para aprobar el proyecto debido a que hay diputados de Ciudadanos que ya anunciaron que no lo votarán, lo que provocará que el sector vuelva a impulsar que se tomen en cuenta las modificaciones que propuso.
La existencia de dificultades para aprobarlo fue identificada hace varios meses en la coalición, aunque el tema volvió a escena esta Semana de Turismo, cuando algunos de los legisladores que estaban en duda comenzaron a definir su voto.
El proyecto necesita de la mayoría simple de la cámara para ser aprobado, es decir 50 votos en caso de estar los 99 diputados en sala. La coalición tiene 56 votos, pero la mayoría no funcionará de forma automática dado que hay varios que se oponen a aprobarlo si no se realizan modificaciones.
Hay cinco diputados oficialistas que ya tienen resuelto que votarán en contra: los colorados Felipe Schipani, María Eugenia Roselló y Nibia Reisch (todos de Ciudadanos), Iván Posada del Partido Independiente (PI) y César Vega del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).
A su vez, hay otros dos integrantes de Ciudadanos: Juan Moreno y Jorge Alvear que aún no definieron el voto aunque el primero se inclina por no votar, mientras que el también colorado pero de Batllistas, Omar Estévez, pidió “más información” para ver si aprueba los artículos 4 y 6, que –por lejos– son los más polémicos.
El artículo 4 regula cuestiones sobre el régimen de tenencia. Fundamentalmente, implica que en caso de que existan medidas cautelares hacia un progenitor denunciado por el otro, será el juez el que deberá determinar las visitas y "únicamente las suspenderá en caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente". También que, en caso de aplicación de medidas cautelares, "deberá respetarse el derecho a las visitas del denunciado, toda vez que a consideración del juez sean acordes al interés del niño".
El artículo 6, en tanto, es el que fija el procedimiento por el que se determinará el régimen de visitas. Allí se establece que "solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados" podrá denegarse un sistema compartido.
La alternativa
Con este estado de situación, el sector fundado por Ernesto Talvi y ahora liderado por Adrián Peña analizará los pasos a seguir el lunes en su reunión de bancada.
Una opción que analizan es volver a poner arriba de la mesa las modificaciones propuestas por Roselló, Schipani y Moreno.
Ese proyecto, entre otros aspectos, apuntaba a prever situaciones en donde un padre presenta contra otro “denuncias maliciosas o falsas", introduciendo así un agravante en el Código Penal. También buscaba prever esas situaciones permitiendo que un juez de familia pudiera revér la aplicación de medidas cautelares dictadas previamente por otro magistrado.
Roselló dijo meses atrás que recibió numerosos planteos de delegaciones que refieren a que “las progenitoras, por el solo hecho de obstruir el vínculo con sus hijos, porque están enojadas, porque se terminó la relación y quedó un vínculo conflictivo, se amparan en la ley de género para poder hacer esas denuncias falsas” y así evitar que los padres vean a sus hijos, aseguró.
Prioridad y rechazo
Este martes, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, uno de los principales impulsores de la iniciativa, reconoció en declaraciones a El País que estaban “bastante empatados”.
El proyecto, avalado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es una prioridad para el Partido Nacional y Cabildo Abierto, mientras que es rechazado por el Frente Amplio y varias organizaciones sociales como Unicef e incluso la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).
La coalición de izquierda ha manifestado que el proyecto se transformó en un “botín de cambio” (dado que el oficialismo también está negociando la aprobación de la reforma de la seguridad social), y prevé convocar a organizaciones a que asistan a las barras para transmitir su rechazo. Durante la votación en el Senado, el FA exigió que haya una votación “nominal” para que queden identificados los legisladores que votaron a favor y los que lo hicieron en contra.
A su vez, según supo El Observador, el presidente del FA, Fernando Pereira transmitió en la mesa política del lunes 20 de marzo la “necesidad” de tener una “estrategia clara” para que la ley no se apruebe.
“De aprobarse, llegaremos al gobierno con esta ley y el gobierno deberá derogarla. Concurriremos a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, lo denunciaremos en cada estrado y deberemos ser coherentes con ello”, señaló Pereira, que pidió prepararse para “dar la batalla”, colocar el tema en la opinión pública y generar un discurso que sea el predominante y que “hoy no lo es”.
