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Todavía hay jueces en Berlín

La expresión “aún quedan jueces honestos en Berlín” se usa universalmente para hacer referencia a la prevalencia del Poder Judicial por encima del Ejecutivo y a la defensa del débil frente al poderoso
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20 de octubre de 2019 a las 05:00

La historia –o leyenda– tiene dos versiones, pero ambas coinciden en lo sustancial. Según una versión, al rey Federico el Grande, de Prusia, año 1747, le disgustaba en gran manera un molino ubicado cerca de su palacio y que, según el monarca, afeaba el paisaje. Entonces envió a un emisario para que ofreciera el doble del valor de la propiedad al molinero con la intención de derruirlo. Como el humilde campesino se negaba a aceptar la oferta, le ofreció el triple y, ante la terca negativa, el rey amenazó con firmar un decreto para expropiar el molino sin pago alguno a su dueño. Al día siguiente, el campesino pidió audiencia y fue recibido por el rey, que imaginó que se daba por vencido y que accedía a vender. Sin embargo, el molinero fue a entregar una orden judicial de un juez de Berlín que le prohibía al monarca expropiar el molino para derrumbarlo. Cuando toda la corte presagiaba la furia del emperador, ocurrió todo lo contrario, la crónica concluye con las palabras de Federico el Grande alabando a las instituciones de su reino: “Me alegra saber que todavía hay jueces honestos en Berlín”.

Según otra versión, cuando el molinero se presentó con la orden cautelar, le dijo a Federico el Grande, “aún quedan jueces honestos en Berlín –la capital de Prusia– y el rey aceptó de buen grado la restricción judicial.

Desde entonces, la expresión “aún quedan jueces honestos en Berlín” se usa universalmente para hacer referencia a la prevalencia del Poder Judicial por encima del Ejecutivo y a la defensa del débil frente al poderoso (en este caso, al molinero frente al rey).

Un gozo similar al del molinero, que había conseguido de un juez de Berlín una orden cautelar para que el rey no se quedara con su molino a cambio de nada, debe haber experimentado el senador Pablo Mieres cuando el juez de lo Contencioso Administrativo de cuarto turno, Carlos Aguirre, accedió al recurso de amparo interpuesto por el Partido Independiente y obligó a Presidencia de la República a despublicar de su portal institucional dos notas en las que ministros respondieron a discusiones electorales. Además, el magistrado ordenó a Presidencia, a través de su Secretaría de Comunicación Institucional, que se “abstenga de subir a su página web publicaciones que tengan que ver con el acto eleccionario convocado”.

En efecto, en el fragor de la campaña electoral, la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, había subido a la página web de la Presidencia la respuesta del Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a unas afirmaciones de la economista Azucena Arbeleche respecto del grado inversor.

El ministro Murro, o cualquier otro ministro, tiene todo el derecho de responder a posturas de la oposición. A lo que no tiene derecho, vino a decir claramente el juez Aguirre, es a que se use el portal web de Presidencia para difundir oficialmente esas declaraciones.

En lo que debe considerarse un fallo “histórico”, Aguirre señaló que Presidencia debe retirar esas respuestas y en el futuro abstenerse de realizar otras similares porque el portal de Presidencia representa al presidente. “Admitir por vía oblicua publicaciones en las que se controvierten los dichos de los actores políticos con vías al acto eleccionario, conllevan e implican, cercenar la libertad de dichos partidos y sentar posición de la Presidencia sobre los hechos objeto de discusión”.

Si por algo se ha caracterizado la carrera política del senador Mieres ha sido por su defensa a ultranza del estado de derecho y de las instituciones republicanas. Era muy lógico que fuera él quien presentara el recurso de amparo ante un acto –ya repetido en otras ocasiones– que implicaba un ejercicio abusivo del poder de Presidencia. Y era muy lógico que ese recurso de amparo tuviera andamiento, lo cual debe ser motivo de satisfacción no solo para el senador del Partido Independiente sino para todos los ciudadanos que tienen como primera estima el respeto de las instituciones que hacen al buen funcionamiento de la república. Y quizá hasta el propio presidente Tabaré Vázquez debería alegrarse del fallo que demuestra que “hay jueces en Berlín”, aunque fallen en contra de lo que el opina.

Desafortunadamente, se introdujeron factores personales que llevaron al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, a solicitar medidas disciplinarias contra el juez Aguirre y luego para ampliar la denuncia por entender que existe una “legítima sospecha” de que el juez tiene vinculación con el senador Mieres.

La Suprema Corte de Justicia le dio 72 horas al juez Aguirre para que haga sus descargos. Cuando estos lleguen al máximo tribunal, la pelota estará en la cancha de la Suprema Corte. Y será muy importante seguir de cerca lo que ocurra de allí en más. Porque están en juego la independencia de la Justicia, no solo sobre el fondo del asunto, sino también sobre la actuación de un juez que no parece haberse excedido en su función pero se animó a fallar contra el Poder Ejecutivo.

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