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Toma en carta pública: “Se desconocen los logros” obtenidos en los juicios
El exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, respondió a través de una carta pública a los resultados de la investigación administrativa realizada por el gobierno actual y apuntó que se “desconocen los logros” obtenidos por su equipo en los juicios internacionales en los que representó al Estado: Phillip Morris, Italba, Aratirí, Conecta y Montevideo Gas.
Todos esos juicios –que ascendían a cerca de US$ 5.000 millones- fueron ganados por el Estado Uruguayo que fue representado por un equipo encabezado por Toma y, en alguno de ellos, el equipo también lo integraba la contadora Giuliana Pérez, quien ingresó en abril de 2019, como adscripta a la Secretaría de la Presidencia, y cumplía funciones en la Secretaría Antilavado (Senaclaft) como fiscalizadora
“Por eso todos quienes componían esos equipos debieron ser felicitados por el gobierno en representación de la comunidad y no destruidos en su buen nombre, expuestos a sospecha canallesca”, dice la carta de Toma a la que accedió El Observador.
La investigación administrativa concluyó que Toma cometió “graves irregularidades” en las misiones oficiales que encabezó y cuestionó la forma en que eligió a sus asesoras, principalmente a la contadora Pérez.
Toma asegura que el gobierno lo “persigue” por acciones que realizó mientras ocupaba un cargo de confianza y mantenía en reserva su puesto como fiscal de gobierno.
“Esto jamás ocurrió en el Uruguay. A ninguna administración se le ocurrió iniciar sumarios para reprimir presuntas inconductas cometidas mientras el funcionario desempeñaba cargos de confianza política”, agrega en la carta.
Para Toma el “pretexto” que se utiliza para “activar la persecución” es la elección de personas que no eran idóneas y, según la visión del exsecretario de Presidencia, “no resiste análisis” porque “desconoce los logros” obtenidos.
“Ese tipo de instancias requiere la conformación de equipos de decenas de profesionales (por ej. en el caso de Aratiri viajaban cerca de 70 personas), muchos de ellos jóvenes que prestan tarea de compilación, análisis de documentos y coordinación y señalamiento de reuniones, toma de apuntes, etc. Como aquí se trastocó la antigua garantía liberal de que el imputado goza de una presunción de inocencia, he tenido que acreditarla”, agrega.
Respaldo
Toma entregó a Presidencia una carta del abogado Paul Richler, principal jurista del estudio Foley que fue contratado por Uruguay desde el pleito por Botnia y en los sucesivos juicios, en la que dejó constancia de que el equipo de profesionales que lo asistía "cumplió impecablemente las tareas”.
En una carta dirigida a Toma, a la que accedió El Observador, Richler consideró que “todas las personas referidas en estos laudos” actuaron con “idoneidad técnica suficiente, acorde al nivel de exigencia y complejidad del arbitraje internacional de inversiones” contribuyendo a la “defensa del caso, que se manifestó en los laudos obtenidos, todos ellos favorables a Uruguay”.
Los juicios mencionados por Richler son el de Phillip Morris, Italba Corporation y Aratirí. La contadora Pérez integró el equipo del juicio de Aratirí y también tuvo participación en el juicio sobre el Plan Cóndor realizado en Roma.
El debido proceso
El exsecretario de Presidencia también cuestionó las garantías del debido proceso en su causa y apuntó directamente contra el presidente, Luis Lacalle.
“El sumario en trámite viola groseramente los parámetros constitucionales del debido procedimiento”, dice la carta de Toma y recuerda que el presidente “antes de decretarse” el sumario “habló en varios medios afirmando textualmente” que si fuera por él Toma “ya no era funcionario”.
Lacalle Pou también afirmó en la prensa haber hablado con el sumariante, el subdirector de la Oficina Nacional de Servicio de Civil Ariel Sánchez, en dos oportunidades.
“¿Alguien se sentiría juzgado con ecuanimidad en un caso donde el presidente sale a los medios a decir esas cosas de quien, a ese momento, ni siquiera era sumariado? ¿Cuándo en el Uruguay se dio que el presidente de la República informe a los medios que se comunicó por teléfono dos veces con el instructor de una investigación administrativa?”, se cuestiona Toma.
El funcionario agrega que recusó al “funcionario que ha prejuzgado” y que la respuesta fue “silencio”.
“Aquí la doctrina que se está imponiendo es que el Presidente de la República no es recusable. Eso es monumentalmente contrario a la idea de República, pues en ella todos los gobernantes –sin excepción- están sometidos efectivamente al Derecho (no por encima de él) pues las normas sobre imparcialidad tienen fuerza normativa integral respecto de todo funcionario”, agrega y apunta, nuevamente, contra las filtraciones a la prensa durante el proceso.
