18 de febrero de 2013 18:40 hs

Los veinte trabajadores de la empresa de remesas y guarda de caudales que fue asaltada el lunes 11 de febrero abandonaron la ocupación de su lugar de trabajo. Según comentaron a El Observador, los empleados estuvieron la semana pasada a cargo de todas las actividades sin tener novedades del responsable del negocio, que se presentó este lunes para comunicar a los trabajadores la decisión de cerrar el negocio.

El dueño de la firma, Fernando Barcia, dijo a El País que cerrará porque perdió a su principal cliente. El robo "comprometió" su prestigio y "no tengo otra opción que cerrar esa área", sostuvo Barcia. Una vez que fue tomada la decisión, se despidió a los empleados que inmediatamente ocuparon el local ubicado en Nicaragua y Rondeau. El dueño de la empresa dijo además sentirse “desanimado” porque la policía aún no tiene pistas sobre el hecho.

El delegado de los empleados, Leonardo Castro, dijo a El Observador que el dueño de la empresa comentó que mandaría a los trabajadores a seguro de paro. Por otra parte, a los más nuevos les liquidaría lo que les corresponde.

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Sobre el robo en sí, los trabajadores no manejan nueva información. Dicen que el o los que ejecutaron el delito conocían muy bien la empresa y el movimiento del lugar. Según Willians Pacheco, primer empleado contratado por Fernando Barcia hace dos años, solo cinco personas conocen alguna de las contraseñas. Pero solo una, el dueño, las sabe todas. Pacheco es uno de los que tiene acceso a las claves, salvo la de la bóveda. "Tengo la conciencia tranquila" porque "no toqué nada", dijo a El Observador.

La hipótesis de venta de las contraseñas -dijeron los empleados- pone a todos los integrantes de la empresa bajo la lupa. Ninguno se anima a acusar directamente a nadie, pero coinciden en que todos se ven afectados por el hecho de alguna manera.

Este lunes se supo que la empresa donde faltaron casi US$ 820.000 no estaba habilitada por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), la dependencia del Ministerio del Interior que se ocupa de fiscalizar a las empresas de seguridad, informaron fuentes de Renaemse a El Observador.

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