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Trabajadores y empresas frente al nuevo fondo de garantía de créditos laborales

La norma pretende garantizar a los trabajadores sus eventuales créditos verificados contra los empleadores que incurran en una situación de insolvencia

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19 de noviembre de 2018 a las 05:01

Por Adrián A. Gutiérrez.

Departamento Legal Baker Tilly Uruguay.

El 1° de diciembre comienza a regir la nueva legislación (ley n.o 19.690) que prevé la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos Laborales que será administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y por el cual se pretende garantizar a los trabajadores sus eventuales créditos verificados contra los empleadores que incurran en una situación de insolvencia.

A efectos de la ley, se considera que el empleador se encuentra en estado de insolvencia frente al trabajador cuando la empresa hubiese solicitado el concurso, y este fuese aceptado o rechazado, y siempre que el trabajador no hubiere satisfecho su crédito laboral.

Pueden acceder a esta garantía todos los trabajadores de la actividad privada, con exclusión de aquellos que: a) tengan con el empleador o con los miembros de los órganos de dirección de la empresa un vínculo de parentesco por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive; b) ocupen cargos de alta dirección (directores, gerentes generales, etcétera, y c) constituyan una cooperativa de trabajo con el propósito de dar continuidad al emprendimiento donde prestaban servicios.

El Fondo cubrirá los créditos laborales verificados, esto es, cuando sean reconocidos como tales en la instancia correspondiente del proceso concursal de la empresa, o cuando exista sentencia firme de la Justicia laboral sobre la procedencia de aquellos.

Las partidas laborales que quedan comprendidas son las correspondientes a: i) salarios generados en los seis meses inmediatos a la fecha del cese de pago o último salario abonado; ii) licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados en los dos últimos años previos al cese de pago o última partida abonada de las indicadas; iii) indemnización por despido, y iv) la multa del 10 % (artículo 29 de la ley n.o 18.572), sobre los créditos relativos a partidas anteriormente indicadas. El Fondo cubrirá las partidas laborales mencionadas, siempre y cuando estas no se encuentren prescritas. Se prevé también un límite máximo garantizado con un tope de 105 mil unidades indexadas ($ 421.564,50), destacándose que los trabajadores que hubieran cobrado créditos por el procedimiento del pronto pago imputarán las sumas a ese límite.

Para constituir el mencionado fondo y hacer frente a los créditos laborales no cubiertos, la ley crea una contribución especial de seguridad social (CESS) del 0,025 %, que será abonada por los de las partidas [DMB1] que constituyan materia gravada, o sea sobre todos los ingresos que en forma regular y permanente (en dinero o en especie) sean percibidos por el trabajador en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal. Lo expuesto es sin perjuicio de que la ley señale que el Poder Ejecutivo podrá reducir la tasa de aportación o suspender su percepción temporalmente para el caso de que el Fondo de Garantía cuente con recursos suficientes como para cumplir con las prestaciones establecidas en la norma legal.

En caso de que el BPS proceda a abonar los créditos no cubiertos por el empleador, podrá subrogarse en los derechos y acciones de los trabajadores que se hayan amparado en las disposiciones de la presente ley, por las cantidades nominales abonadas, más la actualización monetaria, interés legal y multa. A tal efecto, el BPS podrá comparecer en juicio en el mismo lugar y con los mismos derechos que tenía el trabajador titular del crédito laboral.

Finalmente, cabe señalar que el BPS podrá remitir a la Fiscalía las actuaciones de las que resulte una presunción de fraude.

En definitiva, mediante este instrumento el legislador procura otorgar determinadas garantías respecto de los créditos laborales ante la eventual insolvencia patronal. La exigencia del pago de una CESS para garantizar los créditos que pudieran corresponder a trabajadores ante la potencial insolvencia de otra empresa presenta algunas particularidades que pueden llevar a cuestionarnos sobre la legitimidad de la solución legislativa, especialmente en lo que refiere a la naturaleza del tributo creado.

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