Tráfico ilegal de armas: un negocio oscuro

Hasta ahora, Argentina no había sido considerada un actor de peso en el tráfico regional o internacional de armas, pero se está evidenciando su rol más activo en este negocio ilegal sobre todo en la triple frontera con Brasil y Paraguay, según las investigaciones.

El pasado 26 de junio tuvo lugar la Operación Palak, por la cual se logró realizar el mayor decomiso de armas en la historia de Argentina y consistió en 52 allanamientos en Buenos Aires y en varias  provincias, incautándose más de mil armas, 30 mil municiones de diferentes calibres, un cañón, pólvora, ganadas y minas antitanques. “Estamos hablando de unas mil armas que se armaban aquí en la Argentina”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Ese día,  el Ministerio de Seguridad también informó que al menos 17 personas habían sido acusadas de contrabando. Luego, los operativos continuaron y se recuperó un total de 2.500 unidades y hubo más arrestos.

El grado de sofisticación de las armas decomisadas fueron indicios de que no estaban destinadas al mercado interno argentino. Se concluyó que desde Miami y Europa (Alemania, España y Holanda) se enviaban las partes de las armas a Argentina para ser ensambladas en diferentes puntos del territorio nacional y luego eran vendidas por la frontera a Paraguay y Brasil. 
Las autoridades piensan que las armas se vendían principalmente a organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho), ambos grupos poderosos. 

Lo cierto es que el negocio de las armas ilegales surge de una combinación explosiva: América Latina tiene las ciudades más violentas del mundo y la Unión Europea cuenta con algunos de los países que exportan más armas del mundo.

En realidad, la Operación Palak fue realizado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y, aunque fue ejecutado por las fuerzas de Argentina y contó con el apoyo de España, dejó muchas dudas sobre hasta qué punto las autoridades argentinas controlan realmente la dinámica fronteriza. 

Es más, entre los arrestados estuvo un suboficial del Ejército, Julio Palazzo, y el jefe de Contrataciones del Instituto Geográfico Militar (que depende del Ministerio de Defensa), Diego Martín Bollati. Esto derivó en señalamientos no solo por la desidia oficial ante la red de traficantes en la trama local, sino por la complicidad de autoridades argentinas, específicamente militares allegados al ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad. 

Pero el hecho no es aislado. La prensa local ha informado en distintas oportunidades que en la Fábrica Militar y el Batallón de Arsenales 603 hubo faltantes de municiones, explosivos y fusiles en los últimos años. También hubo otras confiscaciones en la provincia de Buenos Aires y en distintas zonas del país, según destaca el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) de la Universidad de La Plata, entre otras entidades.

Cabe recordar que a fines de 2018, la ministra Bullrich desencadenó polémica con su frase: “El que quiere estar armado, que ande armado, Argentina es un país libre”. El video con sus declaraciones se viralizó y generó repudio en las redes sociales.

Rutas alternativas

Insight Crime, Una institución privada de investigación y análisis del crimen organizado, analiza que uno de los principales intermediarios del tráfico de armas entre Estados Unidos y Brasil eran los grupos criminales de Paraguay, pero una prohibición a las importaciones de armas impuesta por las autoridades paraguayas en 2018 habría llevado a esos grupos a ensayar rutas alternativas. Ahí entra a jugar Argentina en este tablero regional.

Argentina posee un mercado doméstico de armas bastante pequeño, pero su ubicación estratégica en la región, su puerto de gran calado que sirve como nexo con Europa y las rutas de narcotráfico consolidadas con su vecino Paraguay, explicarían por qué los grupos criminales están sumando a este país en la cadena de tráfico armamentista transfronteras, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). Además hay todo un “historial de funcionarios aduaneros corruptos en Argentina” que la vuelve atractiva para el delito, agrega Insight Crime.

Entre las causas del alza del comercio ilegal de armas de los últimos años, destaca la anarquía en la triple frontera (norte de Argentina, Brasil y Paraguay) y la recesión económica de Argentina y Brasil que ha acelerado el crecimiento de la demanda de armas. 

Otro de los factores es que, pese a la flexibilización de las leyes de tenencia de armas por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil vive un auge de fábricas de armas ilegales, en especial de producción caseras, que no son tan sofisticadas o duraderas como las oficiales, pero igual tiene alta capacidad de fuego, no cuentan con los números de serie y su precio es mucho menor.

En los últimos años, el gobierno argentino empezó a controlar más las fábricas de armas originales para evitar que su producción terminara alimentando el mercado ilegal. En esa línea, en 2015 se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), en reemplazo del Registro Nacional de Armas. La ANMaC es un ente descentralizado, dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene como fin fiscalizar en forma más estricta todo el proceso de la fabricación, compra-venta y tenencia de armas y explosivos en territorio argentino, pero no se dotó a la agencia de un presupuesto propio para llevar adelante sus políticas de desarme, entre otras fallas del sistema.

De todas formas, los muchos intentos de contener la expansión de los grupos criminales, incluso con esfuerzos coordinados con otras autoridades de la región, quedan totalmente diluidos cuando la corrupción está enraizada en los distintos eslabones de la cadena de controles, comenzando por las altas esferas.   

Un problema regional

La mayor parte de las armas pequeñas que hoy en día se producen en Brasil son exportadas, es decir, traficadas ilegalmente por fronteras terrestres. No obstante, las armas más poderosas que poseen los grupos brasileños del crimen organizado provienen del extranjero, de acuerdo a una investigación del Instituto de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. 

En 2018 se registró un alza del 33,5% de las captaciones de armas ingresadas ilegalmente a Brasil en relación a 2017 y la tendencia de crecimiento continúa, según datos de O Globo.
EEUU es el principal proveedor de armas ilegales a Brasil, principalmente de pistolas de alto calibre y rifles de asalto, según la Policía Federal de Brasil, pese a los mayores controles del gobierno estadounidense de Donald Trump.   

El involucramiento de funcionarios en el tráfico de armas también es un problema en Brasil. Un ejemplo de ello se reflejó en las 95 órdenes de arresto contra agentes de la policía de Río de Janeiro acusados de vender armas y suministrar información a narcotraficantes. Hay muchas pruebas sobre los vínculos entre policías y criminales, en especial en Río de Janeiro.

Pero, quizás sea Venezuela el caso más extremo del presente. 

Existen denuncias que detallan tentativas de los grupos criminales de importar armamento hacia Brasil desde Venezuela, aprovechando la inestabilidad política y económica de la nación caribeña. Asimismo varias investigaciones de sitios periodísticos online venezolanos, como La Patilla, han señalado repetidamente las relaciones de personeros del gobierno de Nicolás Maduro y militares de distinto rango de ese país con las guerrillas de Colombia y las pandillas de Brasil, beneficiándose del negocio irregular de las armas, alimentando así la expansión de las actividades criminales en Sudamérica. 

Fusiles AK-47, que son armas de uso oficial en Venezuela, también han sido vendidas a los “pranes” (presos  que controlan las cárceles) y en las zonas mineras. Algo similar ocurre con los fusiles AR-15. 

México, uno de los países con más asesinatos del mundo,  no escapa al problema. Se calcula que más de 200 mil armas ingresan ilegalmente por año a México que en 2018 tuvo un mercado negro de tráfico de armas superior a los US$ 100 millones, según un estudio de University College de Londres. Por cada arma confiscada, hay otras 15 que circulan. 

La realidad muestra que es un reto regional  y es por eso que Rodrigo Bonini, director de investigaciones del Ministerio de Seguridad de Argentina, dijo a Insight Crime que los gobiernos deben trabajar conjuntamente en el desarrollo de políticas contra el crimen.

“Cuando un país define políticas para contener el crimen organizado, debe tener una perspectiva regional, porque de otro modo los países que queden fuera sufrirán un impacto negativo”, comentó.