Los delitos bajan; la pregunta es por qué
En la noche del sábado pasado, en Costa Azul, Rocha, unos jóvenes resueltos y agresivos dieron una paliza a tres policías, incluida una mujer, que pretendían detenerlos.
El incidente pasaría como una anécdota más en las luchas cotidianas por la vida si no hubiera sido filmado. Justo cuando el gobierno reivindica la autoridad y el respeto a las normas, tres policías algo lentos y obesos, cual alegoría del Estado uruguayo, quedan expuestos como el colmo de la ineficacia.
Una de las consecuencias fue que los cuatro responsables aceptaron penas severas, sabedores de que representaban un caso testigo y “ejemplarizante”. La otra fue la exacerbación de una lucha ideológica y simbólica que se libra en el seno de la sociedad uruguaya.
La Policía y el Poder Judicial son instituciones grandes y relativamente poderosas, que suelen contar con el respaldo de la gran mayoría de la población, a la que sirven. Pero no siempre salen bien paradas.
Entre la señora de Costa Azul que gritaba a los jóvenes desacatados: “¡Respeten a la Policía, sinvergüenzas!”, y las hinchadas lumpen que corean en los estadios: “¡Todo esto comienza/con la yuta de mierda!”, hay un abismo de prestigio e ideas.
El gobierno trata de ganar ahora la batalla simbólica, que incluye un mayor respaldo popular para la Policía —y, de paso, para su ley de urgente consideración (LUC), que agravó ciertas penas y reforzó la autoridad policial.
En el último año se registró en Uruguay una reducción significativa de casi todos los delitos, por primera vez en 35 años, aunque hubo ciertas bajas anteriores menos agudas y generalizadas.
(Algunos voceros de la izquierda pusieron en duda el fenómeno, e incluso la transparencia de las estadísticas, o lo atribuyeron a la pandemia; pero se pareció demasiado a la autoindulgencia y a una negación de la realidad).
La reducción del delito, que habrá que ver si se convierte en tendencia o resulta flor de un día, es una cuestión decisiva en la lucha por el predominio político.
El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales de 2019 por la debilidad de la economía y del empleo, pero también por el hartazgo de buena parte de la población con la delincuencia y cierta permisividad oficial.
Entre 2004 y 2019, durante el ciclo de gobiernos de izquierda, los homicidios se duplicaron y las rapiñas denunciadas saltaron de 7.000 a casi 31.000, un asombroso 338%.
En realidad, la responsabilidad del desastre es atribuible a todos los partidos que gobernaron desde la apertura democrática. Entre 1990 y 2004, los 15 años anteriores al inicio del ciclo de gobiernos del Frente Amplio, las rapiñas ya habían aumentado 176%.
Es cierto que se partió de cifras muy bajas durante la dictadura, pues se sabe que los regímenes autoritarios, de derecha e izquierda, suelen ser eficaces contra la delincuencia y en el control social. Pero, de todos modos, la calidad de la seguridad uruguaya descendió incluso en la pobre escala regional.
El delito es una de las siete plagas que caen sobre América Latina. La región reúne solo el 9% de la población mundial pero el 33% de los homicidios.
El auge delictivo en Uruguay en las últimas décadas se explica, entre otras causas, por cierto afloje general, incluida la pérdida de respeto a las autoridades; por la desigualdad y fragmentación socio-cultural; la deserción liceal, el alto desempleo juvenil y la desesperanza; la violenta generalización del narcotráfico; la muy extendida impunidad de quienes delinquen; la desastrosa situación carcelaria; la escasez de políticas enfocadas en quienes salen de las prisiones; el fracaso de las políticas sociales en los núcleos duros de marginalidad.
El Estado uruguayo naufragó en ciertas zonas del área metropolitana de Montevideo, pero también en puntos calientes de Maldonado, Rocha o Rivera, y los dejó a su suerte.
En mayo de 2018 el entonces director nacional de Policía, Mario Layera, dijo a El Observador: “Hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente”.
Y en julio de ese año el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, comentó a El País: “La sociedad uruguaya se ha convertido en una fábrica de delincuentes; es la industria más próspera del país porque sigue funcionando. Las políticas sociales no han logrado revertir ese contexto. Es más, tenemos un aumento muy preocupante de la marginalidad cultural. Hay zonas que al Estado se le hace muy difícil marcar presencia”.
¿Por qué caen los delitos ahora?
Básicamente por una nueva actitud de la Policía, notoriamente más agresiva, que percibe el respaldo del gobierno y de la ciudadanía. Hay menos indulgencia, incluso en el Poder Judicial, y más personas privadas de libertad.
Los jueces y los policías siempre catan los vientos dominantes.
Ciertos asuntos decisivos en el largo plazo, las causas objetivas del delito —las fuentes potenciales de delincuentes—, son vidriosos y opinables y no se arreglan de un día para otro. Pero, en el corto plazo, una Policía más resuelta y más delincuentes en las cárceles son las causas básicas de la reducción del delito, desde el fondo de los tiempos y en todas partes.
Nada dice que el delito debe seguir una línea ascendente por siempre jamás. La modernidad, en todo caso, va en el sentido inverso: más libertades, más prosperidad, menos desigualdad, mejor convivencia, menos delitos.
La otra alternativa: el fracaso socioeconómico y del Estado, conduce al autoritarismo, a la mano propia o al caos.
No son los ricos los que pagan el precio principal del auge de la delincuencia, pues tienen más posibilidades de protegerse y de reparar los daños. La mayor cantidad de crímenes se comete en los barrios humildes de la periferia de Montevideo y otras ciudades, que se transformaron en un infierno para sus pobladores.
Hay muchísimas más posibilidades de ser rapiñado o de morir a tiros en Casabó, Cerro Norte, La Paloma, Nuevo París o Punta Rieles, que en Parque Rodó, Pocitos, Malvín y Carrasco.
Los gobernantes de la izquierda, con una actitud culposa por sus privilegios e inserción en la burocracia, sin proponérselo terminaron traicionando a los sectores más desposeídos, la clase que dicen defender.
Hay muchas paradojas en eso. Los policías que hacen el trabajo desagradable a cambio de una mala paga, despreciados por un sector de la intelectualidad burguesa, suelen ser el orgullo de sus familias, en las barriadas más sencillas del interior del país y de la capital.