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Tribunal Supremo se encamina a destituir a la fiscal disidente

Chavista pero enemiga del gobierno, dijo que quedó al borde del cese

5 de julio de 2017 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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AFP
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AFP

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidirá en un plazo de cinco días si enjuicia a la fiscal general, Luisa Ortega, un paso previo para una posible destitución, informó este martes el presidente de la corte, Maikel Moreno.

"Nos acogemos al lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar", dijo el magistrado al término de la audiencia que evaluó si hay méritos para enjuiciar a la fiscal, una militante chavista que se transformó en férrea opositora al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ortega se negó a comparecer ante la corte y dio por hecho que será removida de su puesto, algo que el chavismo viene procurando desde hace algún tiempo.

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"No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada", declaró Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, mientras la audiencia comenzaba en la corte.

Espera la remoción

"No los reconozco (a los magistrados); con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular. Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción", manifestó Ortega.

"Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución para anular a la última institución capaz de defender a las personas y manifestantes", vaticinó la abogada de 59 años.

Ortega fue representada por un defensor público en la sesión, en la que intervino el diputado chavista Pedro Carreño, quien solicitó el juicio al alegar que la funcionaria mintió al afirmar que no avaló la designación de los magistrados del TSJ en 2015.

La corte –que la oposición acusa de ser funcional al gobierno– es la encargada de calificar si la fiscal cometió una "falta grave", pero la destitución es facultad del Parlamento, actualmente controlado por una amplia mayoría opositora que respalda a Ortega.

Sin embargo, el propio TSJ declaró en desacato al poder Legislativo en enero de 2016, días después de que asumiera la nueva mayoría, por lo que considera nulas todas sus decisiones.

Con el argumento de que existe un "vacío legislativo" por dicha situación, el TSJ asumió funciones propias de la Asamblea Nacional como la aprobación de un decreto de emergencia económica de Maduro, por lo que juristas no descartan que también decida sobre la destitución de la fiscal.

Férrea opositora

Este martes, al reiterar que el Parlamento se encuentra en desacato, el tribunal anuló la designación del vicefiscal Rafael González por parte de la mayoría opositora, y en su reemplazo le tomó juramento a Katherine Harrington, una abogada chavista, a quien Estados Unidos había sancionado en 2015.

La fiscal Ortega es la primera chavista que desde una posición de poder osó confrontar al gobierno de Maduro con duras críticas contra su administración y su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Desafiando al gobierno, emprendió una batalla contra la Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del difunto presidente Hugo Chávez, que gobernó el país entre 1999 y 2013.

Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, haciéndolo responsable de la "ruptura del orden constitucional", que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.

La fiscal abrió entonces una grieta en el oficialismo cuando a través de esos fallos el TSJ se atribuyó temporalmente las facultades del actual Legislativo, de mayoría opositora.

Dichas sentencias desencadenaron el 1° de abril las protestas opositoras que exigen la renuncia de Maduro y plantean el rechazo a la instalación de la Asamblea Constituyente. Hasta el momento, las protestas callejeras provocaron un saldo cercano a los 90 muertos.

La arremetida del gobierno contra Ortega agravó aún más la crisis política, social e institucional del país, que sigue sumido en el colapso económico.

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