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Tribunales mediáticos y judicialización de la política, nueva disputa argentina
Acusaciones contra periodistas por integrar red de pedofilia generaron un escándalo político
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11 de abril de 2018 a las 05:00
"Los periodistas estamos probando nuestra propia medicina. No nos podemos quejar". Ese fue el comentario más leído en las redes sociales durante los últimos días y refleja el tono del debate que está desarrollándose en el ámbito de los medios de comunicación.
La frase alude al escándalo desatado cuando, en el programa de televisión de Mirtha Legrand, una invitada formuló graves acusaciones sobre pedofilia y vínculos con redes de explotación sexual de menores. Los objetos de las denuncias eran, en su mayoría, periodistas, celebridades y personas de alto perfil vinculadas a la política y a los medios.
La denuncia –sin pruebas– llevó a la controversia sobre el límite de los medios a la hora de realizar acusaciones que pueden afectar de manera irremediable la reputación de las personas, al punto que se pueda arruinar su vida en los planos laboral y familiar.
Y tuvo la particularidad de que los periodistas, que suelen ser quienes realizan las acusaciones –y muchas veces protagonizan verdaderos "juicios" mediáticos– estuvieron esta vez del otro lado del mostrador, soportando el escarnio público de acusaciones graves sin pruebas.
De inmediato, una facción de la opinión pública se alarmó por la liviandad con la cual se realizan denuncias y empezó a insinuar una regulación más dura que garantice la responsabilidad de los medios. La otra, en cambio, fustigó la "reacción corporativa" de los periodistas que salieron en defensa de sus colegas, en una actitud que contrastaba notablemente de la asumida en otros casos, cuando se unieron a acusaciones que luego se probaron infundadas.
La controversia generada al respecto dejó al descubierto uno de los efectos más notables de la "grieta" política que se generó en los últimos años en la Argentina: la creciente vocación de los medios de comunicación por realizar investigaciones y "condenas mediáticas", ante el deterioro de la credibilidad del Poder Judicial.
En esa nueva dinámica, los medios instalan temas de investigación que luego son tomados por fiscales y jueces. Los propios magistrados han reconocido la influencia de la presión mediática a la hora de hacer su trabajo, porque se encuentran con una opinión pública ya predispuesta a asumir culpabilidades o inocencias que fueron moldeadas en los medios. Los periodistas, muchas veces, no pueden evitar la tentación de erigirse en jueces y "condenan" o "absuelven" según las simpatías o antipatías políticas.
Judicialización política
Entre quienes más se quejaron por esta situación se encuentran exfuncionarios y juristas vinculados al kirchnerismo, que denuncian cómo el periodismo que ahora se alarma, en su momento había festejado una "caza de brujas".
Entre los testimonios más elocuentes figuran el de Graciana Peñafort, abogada cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que representó a varios funcionarios K acusados de corrupción.
La abogada recordó una seguidilla de casos en los que las acusaciones iniciales que se habían realizado en los medios luego fueron refutadas o no pudieron sostenerse en los tribunales. En ese marco fue que se dictó la libertad del exvicepresidente Amado Boudou y el exsecretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, entre otros.
"En cada uno de estos casos se violaron flagrantemente el principio de inocencia, el derecho al buen nombre y al honor, el derecho a defensa y el debido proceso. Los medios de comunicación, embanderados de odio fueron los ejecutores de esa violación de derechos y garantías", dijo la letrada. Y a continuación se preguntó si hoy que los periodistas pasaron de denunciadores a denunciados, se justifica la venganza.
"La respuesta, por incómoda que sea, es NO. Años batallando para que se respeten los derechos y garantías de todos. Para que se respeten el principio de inocencia, el derecho al buen nombre y al honor, el derecho a defensa y el debido proceso para todos. Las garantías están puestas para proteger a los individuos de los abusos del poder. Si las olvidamos, porque fuimos víctimas de sus violaciones y entonces eso nos da licencia para no aplicarlas, entonces no somos muy distintos a ellos", agregó en un artículo publicado en las redes sociales.
Estas expresiones dan cuenta del tono del debate que se está produciendo en este momento entre la oposición.
Pero también es cierto que la "judicialización" de la política no discriminó banderas partidarias. Es así que los mismos dirigentes kirchneristas que en algunos casos protestaron por la pérdida del principio de presunción de inocencia, luego reclamaron la renuncia y el juicio a funcionarios macristas sobre quienes pesan denuncias mediáticas.
Así, se reclamaron acciones contra el ministro de finanzas, Luis Caputo, por haber sido administrador de fondos de inversión offshore. O del director de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas, mencionado desde Brasil por presunto involucramiento en el caso Odebrecht. En ambos casos los funcionarios fueron ratificados por el gobierno y defenestrados por la oposición, pese a que no hay todavía avances que permitan concluir su culpabilidad o inocencia.
Pero la brecha tampoco se limita a los funcionarios o empresarios poderosos sino que puede abarcar a simples ciudadanos, como quedó demostrado con el caso Chocobar, un policía que mató a un ladrón en fuga tras haber cometido un delito. La Justicia los procesó por presunto extralimitación en el uso del fuego, al haber disparado por la espalda.
Los medios de comunicación se dividieron en dos facciones irreconciliables. Uno quería que el policía fuera premiado como un héroe, el otro que se lo castigara como un exponente del "gatillo fácil". Y el propio Mauricio Macri dejó en claro su disgusto con el accionar judicial, al recibir a Chocobar, criticar a los jueces y ofrecerle asesoramiento legal al uniformado.
Pase de facturas
Lo cierto es que ahora todo el periodismo –y no solo las figuras acusadas de estar vinculadas a la red de pedofilia– está en el banquillo de los acusados.
No faltaron quienes recordaron que gran parte del mundo de los medios –incluyendo a muchos que en su momento fueron fervientes antikirchneristas– dieron por supuesto que Santiago Maldonado había muerto a manos de la gendarmería, y que no pidieron disculpas cuando se supo que había muerto ahogado.
"Poco le importó a la corporación periodística el buen nombre y honor de los miembros de gendarmería que se enfrentan, sujetos a cientos de reglas, contra agitadores profesionales, bien asesorados, armados y sin regla alguna, en esas soledades, acompañados por el viento y el frío", disparó un comentado artículo del blog liberal Restaurar.
Con cuestionamientos de este tono, el ámbito periodístico está que arde. Hay periodistas como Carlos Pagni –uno de los aludidos en el programa de Mirtha Legrand–, que denunció una operación de prensa protagonizada por "mano de obra desocupada" de los servicios de inteligencia, con el objeto de desprestigiar a periodistas de investigación.
A todo esto, la atribulada Mirtha Legrand pidió disculpas, al borde de las lágrimas, por el daño causado a los periodistas, porque sus productores se equivocaron al buscar desesperadamente "un punto más de rating".
Sin embargo, nada indica que la controversia termine con esas disculpas. Más bien al contrario, la sensación es que el tema recién empezó.
Caso judicial que indignó a Macri
El caso judicial que más controversia mediática despertó fue el de un empresario, uno de los emblemáticos de enriquecimiento durante la era K. Cristóbal López, que mantenía un bajo perfil y se hacía millonario con el negocio de los juegos de azar, entró por recomendación de Cristina Fernández de Kirchner en los medios de comunicación. Fue así que formó un multimedios, que incluyó al canal de noticias C5N y se tornó súbitamente un ferviente defensor de las políticas kirchneristas. Tras el cambio de gobierno, C5N entró en crisis cuando se cortó el generoso presupuesto de publicidad estatal que sostenía a los medios afines al gobierno.
Simultáneamente se supo que López no había comprado los medios con dinero propio, sino con lo que retenía ilegalmente del IVA a los combustibles en su red de estaciones de servicio. El monto evadido fue de 8.000 millones de pesos argentinos, unos US$ 800 millones al tipo de cambio de 2015.
López había sido detenido el año pasado, en una medida festejada por los medios anti K, pero recientemente quedó en libertad cuando los jueces cambiaron la carátula de la causa, que ya no es "malversación", un delito penal, sino "evasión", un delito tributario. Las reacciones ante esa liberación fueron furibundas. El gobierno se mostró indignado, al tiempo que señalaba la preocupación por cómo la noticia pudiera afectar a los contribuyentes, que veían a un megaevasor gozando la impunidad.
