Opinión > Editorial

Un debate bienvenido

Las empresas públicas, de gestión estatal y que tienen cierta dependencia del Poder Ejecutivo, son funcionales al gobierno de turno y cada vez que se considere necesario siempre se echará mano a ellas
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18 de febrero de 2019 a las 05:00

El año electoral y la competencia de los precandidatos presidenciales de los partidos son dos alicientes para que en el país se comience a discutir sobre asuntos de fondo sobre los que el sistema político ha estado omiso. Uno de ellos ha sido el de las tarifas públicas y el papel de las empresas estatales, que hemos analizado en otras oportunidades por el crucial papel que tienen en la economía, particularmente en la competitividad empresarial.

Y ello es más necesario que nunca, si es cierto que los gobiernos de los países miembros del Mercosur quieren convertir el bloque regional en un instrumento para insertarse más y mejor en el mundo. Ello supone derribar barreras proteccionistas del bloque que dejarían al desnudo los problemas internos de los países y que son un obstáculo para llegar a terceros mercados. Los muros comerciales contribuyen a ocultar las ineficiencias de una economía. Es cierto que hoy Uruguay depende mucho menos del Mercosur, pero esa menor dependencia ha sido insuficiente si pensamos en el potencial que tiene el país para insertarse en el mundo. 

La interpelación del diputado blanco Pablo Abdala al ministro de Economía, Danilo Astori, el miércoles 13, en la Comisión Permanente del Parlamento, sobre el ajuste de las tarifas públicas de enero pasado, fue una oportunidad para la discusión del papel de los entes autónomos y servicios descentralizados en la política económica y en la economía en general.

Sin entrar en los detalles del debate parlamentario, nadie puede desconocer que empresas como Ancap, OSE y UTE cumplen un papel clave en la política económica de cualquier gobierno dado su carácter estatal. Como dijo el propio Astori, todas ellas “juegan un papel en la política económica en un sentido amplio”. 

Y justamente ese es el problema de fondo para que las tarifas de los servicios públicos no sean competitivas. Las empresas públicas, de gestión estatal y que tienen cierta dependencia del Poder Ejecutivo, son funcionales al gobierno de turno y cada vez que se considere necesario –en un sentido económico e incluso político- siempre se echará  mano a ellas.

La  exministra de Industria Carolina Cosse, precandidata presidencial del Frente Amplio, reconoció el  crucial papel de UTE para las cuentas públicas, algo que perfectamente se podría extender a otros entes. “El aporte que hace UTE a Rentas Generales es muy importante y con esto no se puede jugar. Pero sí sé también que UTE hace un presupuesto en el que se programan cosas y después viene la realidad y generalmente hay un excedente, que se podría repartir entre la ciudadanía”, dijo en una entrevista publicada en el  semanario Brecha, el viernes 15.

Aunque el equipo económico no lo reconozca, en la estructura de costos de cada ente está implícito su papel en la macroeconomía, una variable ausente si las empresas públicas tuvieran una gestión privada bajo un estricto control del Estado o reglas muy transparentes –e información pública– que demuestren que los precios de las tarifas solo reflejan la realidad de los propios servicios y no otra cosa.

Empresas públicas con balances que reflejen solo la realidad de sus negocios es lo único que contribuye a bajar la pesada carga que representan los combustibles, la energía y el agua en las firmas privadas que necesitan a gritos conquistar mercados fuera de las fronteras del Mercosur. He aquí un largo camino para recorrer.

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